"Tocar fondo", análisis de la APDH

TRABAJO

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, acaba de publicar un detallado balance del paso del macrismo.
La investigación se divide en el marco económico-social, Derechos Humanos, Justicia, Salud, Educación, Ciencia y Cultura, Trabajo, Situación de la niñez y adolescencia, Situación de las personas adultas mayores, Políticas de género, Políticas ambientales y Política exterior.

En este capítulo se analizará el deterioro que la política llevada adelante por el Gobierno de Cambiemos generó en las posibilidades de trabajo de miles de ciudadanos y ciudadanas. Se hará referencia al escenario macroeconómico para luego centrarse específicamente en la política laboral y en situaciones concretas de vulneración de derechos. En el segundo apartado se desarrollará lo referido al trabajo infantil por entender que el crecimiento de esa problemática que atañe a la niñez y adolescencia no está desvinculado del retroceso verificado en la población adulta.

Derecho al Trabajo

La sociedad que dejó el Gobierno de Cambiemos es una sociedad esquilmada por políticas económicas y financieras en favor de los sectores más concentrados de la economía: sector financiero, empresas extranjeras, entidades vinculadas a la energía, sector agroexportador. Esas políticas aumentaron la rentabilidad de esos sectores y fueron en detrimento de toda la sociedad, en especial los sectores más vulnerables, el trabajo y el sector productivo. Como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos no podemos menos que repudiar esas medidas que vulneran derechos sociales, económicos y culturales de toda la sociedad argentina.
Algunos de los datos¹ que ponen de manifiesto nuestra realidad de hoy, diciembre de 2019:
• La inflación no paró de crecer en esos años. Actualmente es la más alta en 28 años. Desde 1991 nuestro país no sufría una inflación superior al 50 %.
• La tasa de desocupación es la más alta desde 2006.
• El valor del dólar pasó de $ 9 a $ 63 en sólo cuatro años.
• La Argentina redujo notoriamente su economía. El PBI de 2019 es el más bajo de la última década.
• La pobreza actual está en los valores más altos desde 2008. Retrocedimos más de diez años en la lucha por reducir la pobreza.
• La deuda externa en relación con el PBI está en su peor momento desde 2004.
• La indigencia actual está en los valores más altos desde 2008, después de la crisis de 2001-2002
• El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: así es como retrocedimos 13 años.
• El empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009.
• La cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado en 2007: retrocedimos 12 años. Se cerraron 20 mil empresas en cuatro años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales.
• El PBI industrial cayó un 12,9 %, comparando el primer semestre de 2019 contra el mismo período de 2015.
• 23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de actividad en 2018 respecto de 2015.
• En estos cuatro años se perdieron en la industria más de 141.000 empleos registrados del sector privado.
• En términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 42 meses consecutivos de destrucción.
Detrás de estas drásticas cifras hay una sociedad diezmada por la crisis derivada de un modelo especulativo, rentístico y de fuerte endeudamiento externo, que tiene como ideología el neoliberalismo.

Las trabajadoras y los trabajadores, víctimas del modelo especulativo de la era macrista
Durante los cuatro años de Gobierno de Cambiemos, los derechos de trabajadores y trabajadoras se vieron ampliamente vulnerados, llevando la precarización como modelo central de desenvolvimiento del denominado mercado laboral.
La destrucción masiva del empleo formal, derivada del cierre de centenares de pequeñas y medianas empresas, llevó a que miles de hombres y mujeres pasaran a formar parte de la enorme masa de desocupados, víctimas de una política económica y social que sustituyó un modelo productivo, por otro centrado en la especulación financiera.
Están frescas en nuestra memoria las largas filas de jóvenes, extendidas a lo largo de centenares de metros, buscando un puesto de carcelero o de repositor de góndolas en un mercado. Fue así como la flexibilización en los puestos de trabajo y la fragilidad de la estabilidad en el empleo llevaron a que fuese innecesaria la modificación de las normas de la legislación laboral para lograr que se acentuara la transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables de la sociedad a los grupos concentrados de la economía y las finanzas. La especulación financiera no genera trabajo, sino pobreza extrema e inhumanas condiciones de vida.
La desocupación, llevada a dos dígitos, hizo que proliferaran modalidades laborales propias de fines del siglo XIX. Los trabajadores y trabajadoras que, montados en una bicicleta, reparten productos contenidos en una pesada caja que cargan en sus espaldas, son el modelo laboral surgido con el macrismo: sin protección frente a accidentes o enfermedades, sin derechos de la seguridad social, sin salario.
La frase de Alfonso Prat Gay, primer ministro de economía macrista, definió las políticas impuestas desde diciembre de 2015 y exime de todo comentario:
Los trabajadores tendrán que elegir entre ganar más o mantener el empleo. [...] Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos²

Para muchos no sólo fue imposible ganar más. Ni siquiera ganar algo, porque perdieron el empleo. Y para quienes aún pudieron contar con un trabajo, con la depreciación de sus remuneraciones cayó el poder de compra de los componentes elementales de la canasta básica alimentaria. También el Estado aportó su parte a la precarización y al fraude laboral al incrementar como forma de contratación de trabajadores la “locación de servicios”, llevándolos a no contar con cobertura alguna ante accidentes y enfermedades, ser privados de los beneficios de la seguridad social y carecer de protección contra el despido arbitrario.
Dentro del colectivo de trabajadores y trabajadoras, los estatales fueron víctimas de la estigmatización, persecución y despidos por parte del Gobierno de Cambiemos. Pero esa violencia ejercida contra los estatales tenía que ver con la estrategia del Gobierno de reconfigurar el papel del Estado³.
Con pretextos como la búsqueda de la eficiencia y “despolitización” de la administración pública de “la grasa militante”⁴, se recurrió a los CEO⁵’s en la gestión a fin de imponer una lógica empresarial que dejó al desnudo la incapacidad y limitaciones en materia de eficiencia y de ejecución de las políticas públicas del Gobierno.
Se calcula que en la Administración Pública Nacional hubo más de 35.000 despidos, lo que implicó el vaciamiento y desguace de programas y funciones de los distintos Ministerios.
La desjerarquización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social⁶ fue uno de los puntos más altos de esa degradación y deterioro del papel del Estado, que incluyó el traspaso de la Secretaría de Seguridad Social a la órbita de Ministerio de Salud y Desarrollo Social⁷. La desjerarquización del MTEySS a Secretaría y su dependencia del Ministerio de Producción y Trabajo puso de manifiesto la lógica empresarial del Gobierno de Cambiemos respecto al trabajo, ya que no considera que es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar, sino un costo salarial que deben administrar los CEO´s de las empresas. A su vez, el traspaso de la Secretaría de Seguridad Social al Ministerio de Desarrollo Social desarticuló el sistema de cobertura previsional y de salud asociado al trabajo, para conferirle un enfoque asistencialista.
El agudo debilitamiento de las funciones laborales y líneas de acción del ex Ministerio se vio también afectado en el territorio a través de la fusión de las Agencias Territoriales y las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral. Ambos organismos descentralizados que cumplían un rol articulador en el territorio de las políticas de trabajo y empleo, terminaron deteriorando los circuitos y procesos administrativos, perdiendo institucionalidad y referencia en las provincias. Lejos de lograr eficiencia y eficacia, produjeron una deliberada parálisis operativa y presupuestaria, como también la creación de múltiples Secretarías separaron territorialidades, efectores y poblaciones, lo que agravó la subejecución de los recursos disponibles.
Ese desguace tuvo lugar principalmente en la Secretaría de Empleo, donde ocurrió la mayor cantidad de despidos de trabajadores, se paralizaron por completo diversos programas y líneas de trabajo, se desfinanciaron varios y se trasladaron algunos de ellos a otros Ministerios.
La restructuración del Estado no fue más que el desmantelamiento de un Estado presente en la defensa y protección de los sectores más vulnerables. Los despidos y el recorte de funciones significaron golpear el derecho al trabajo, la educación, la salud, etc. El trabajo de los estatales está directamente atado a la concreción de los derechos de la sociedad.
Asimismo, las políticas de despidos y ajuste a nivel estatal fueron un guiño para las empresas privadas. En el sector privado el cierre de miles de pymes⁸ provocó la pérdida de innumerables fuentes de trabajo, con las consiguientes consecuencias de exclusión y marginación de vastos sectores, que hoy se expresan en cifras alarmantes, ya que señalan que hay más de 40% de pobreza e indigencia en la Argentina del Gobierno de Cambiemos⁹.

Violencia Institucional a trabajadores
En junio 2016, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación¹⁰ violó el derecho de huelga, un derecho históricamente adquirido. El fallo resolvió que sólo los sindicatos inscriptos, es decir, sólo los trabajadores sindicalizados tienen derecho a declarar una huelga. Es una medida que favorece los intereses empresariales y la conducción de la burocracia sindical. Limitó la intervención de comisiones internas opositoras a las conducciones oficiales de cada sindicato. Explicó Hugo Yasky, titular de la CTA de los Argentinos:
un conflicto en que una asamblea convoca una huelga, si no cuenta con el aval del sindicato puede ser considerada ilegal por las patronales, y dar lugar a un despido con causa. El fallo está desguarneciendo a los trabajadores en hipotéticas situaciones de conflicto, en que el sindicato no va en el mismo sentido que los trabajadores.¹¹

La Corte falló en el caso de Francisco Orellano, trabajador del Correo Argentino, que fue despedido por haber participado de asambleas y otras medidas de fuerza en su lugar de trabajo sin el aval de la conducción del sindicato. Solicitó su reincorporación y tanto en primera instancia, como en la Cámara del Trabajo, el despido fue declarado discriminatorio, pero la Corte dio la razón a la patronal y, de paso, cercenó el derecho a huelga.
A mediados del 2016, la policía desalojó por tercera vez la cooperativa RB, en Martínez, Gran Buenos Aires. Desde la expropiación de la planta en 2007, se había constituido como cooperativa, para producir instrumentos de medición y control para la industria nacional. Un acreedor hipotecario de la empresa quebrada en el año 2000, intentó quedarse con el edificio y en 2015 se produjo el primer desalojo de la fábrica pese a la ilegalidad del desalojo, con respaldo en la ley de expropiación otorgada por la Legislatura Provincial. Como el Juzgado Federal Comercial N°9 de Capital no dio a lugar a un segundo desalojo, insistieron en los tribunales de San Isidro, con la connivencia de la justicia y legislatura provincial, en beneficio de un acreedor hipotecario.
En mayo de 2016, en Ushuaia, Santa Cruz, cinco dirigentes sindicales fueron detenidos y liberados varios días después de una protesta de trabajadores y trabajadoras estatales, docentes, de la salud, municipales y otros sectores, que llevaban más de dos meses de paros, movilizaciones, cortes de ruta y un acampe frente a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego¹². El vicegobernador Juan Carlos Arcando, criminalizó la protesta y apoyó el accionar de las fuerzas de seguridad con allanamientos en los domicilios de los gremialistas, intimidando y golpeando a dirigentes y familiares. El juez Javier de Gamas Soler (imputado por encubrimiento en el atentado a la AMIA) impuso escandalosas condiciones restrictivas para otorgar la libertad, como la prohibición de acercarse a menos de cien metros de cualquier edificio público provincial y sus funcionarios (incluidos policías), orden de permanecer en su domicilio de 22 a 6 hs, etc. Un verdadero estado de sitio judicial, que atacó las libertades democráticas y la tutela sindical de los cinco dirigentes, de la mano del cerco mediático para evitar que la crisis institucional se difundiese en los medios de comunicación.

Trabajo infantil

Marco normativo
La normativa referida al derecho de los niños y niñas a no trabajar en la Argentina está regulada por los siguientes instrumentos legales:
• Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), ratificada por la Ley N° 23.849 (1990), Artículos 19 y 32.
• Convenio N° 138 de la OIT (1973), ratificado por la Ley N° 24.650 (1996) sobre la edad mínima de admisión al empleo o trabajo.
• Convenio N° 182 de la OIT (1999), ratificado por la Ley N° 25.255 (2000) sobre las peores formas del trabajo infantil.
• Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2005). Artículo 25.
• Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (2008) que modifica la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.
• Ley 26.727 de Trabajo Agrario (2011).
• Ley 26.844 de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. (2013)
• Ley 26.847 de Penalización del Aprovechamiento de Mano de Obra Infantil, Incorpora el artículo 148 bis al Código Penal (2013)
• Decreto 1117/16 que identifica las actividades penosas, peligrosas o insalubres.
Dentro de este conjunto de normativas, dos de ellas son específicas a nivel nacional y representaron un importante avance en el tema. La ley 26.390/08 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente que establece que los niños y niñas menores de 16 años de edad no pueden trabajar y lo permite entre los 16 y 18 con limitaciones referidas a la dedicación horaria, al trabajo nocturno y a actividades que puedan ser consideradas penosas, peligrosas o insalubres (especificadas en el decreto 1117/16). A ello se agrega la Ley 26.847/13 que penaliza a quien se aprovechare económicamente de la utilización de mano de obra infantil.

El alcance del problema
En materia estadística, las investigaciones más recientes que dan cuenta de la presencia del trabajo infanto adolescente son, a nivel oficial, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) 2016-2017 con participación del INDEC y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social¹³ y a nivel privado la de Ianina Tuñon (2019), Infancia(s) Progresos y retrocesos en clave de desigualdad¹⁴. Según la EANNA, en el total del país, el 10,0% de los niños y niñas de 5 a 15 años realizan al menos una actividad productiva, con mayor incidencia en las áreas rurales (19,8%), y en las regiones del NOA y el NEA (13,6% y 13,1%, respectivamente).
La actividad productiva se intensifica entre los adolescentes de 16 y 17 años: el 31,9% del total del país realiza al menos una, también con mayor incidencia en las áreas rurales (43,5%).
• La EANNA diferencia tres categorías dentro de las actividades realizadas por niños/as y adolescentes:
• Actividades productivas para el mercado que pueden asimilarse al concepto de trabajo adulto. Las realizan el 3,8% (291.335) de las/os niñas y niños de 5 a 15 años del país. En el área urbana la proporción de niñas y niños que trabajan alcanza al 3,3% y en el ámbito rural este porcentaje asciende al 7,0%.
• En esta modalidad, los varones trabajan en mayor proporción que las mujeres, brecha que se profundiza en las zonas rurales donde la participación de los primeros alcanza el 71,1% a diferencia del 62,8% en el ámbito urbano
• Actividades productivas para el autoconsumo (ayuda en la construcción o arreglos en el propio hogar, cuidado de la huerta o de animales, entre otros). Las realizan el 3,0% (227.498) de los/as niñas y niños de 5 a 15 años del país. Son actividades que predominan en el ámbito rural, (9,8% de las/os niñas y niños) con incidencia significativamente menor en las zonas urbanas (1,9%).
• También en estas actividades predominan los varones. En las zonas urbanas trabajan el 82.6% de los varones y el 17,4% de las mujeres; en las urbanas el 66,8% de los varones y el 33,2% de las mujeres.
• Actividades domésticas intensas (dedicación en tareas de cuidado de hermanos u otros miembros del hogar, cocina, tareas de limpieza y arreglos en el propio hogar). Las realizan el 4,8% (367.569) de las/os niñas y niños de 5 a 15 años del país. En las áreas rurales es más alta la incidencia de estas actividades (8,0%) que en las zonas urbanas (4,3%). Cerca del 60% de la dedicación en estas actividades corresponde a las mujeres, tanto en el ámbito urbano como rural.

Efectos del trabajo infantil en la educación obligatoria
El trabajo infantil y adolescente interfiere en el normal cumplimiento de la escolaridad. Dicha tensión se manifiesta en repitencia, faltas frecuentes y deserción, con diferencias según se trate del ámbito rural o urbano. En el rural quienes no asisten a la escuela y trabajan representan al 10,9% de las niñas y los niños, en contraste con el 2% que no asiste y no trabaja. En el ámbito urbano los que no asisten y trabajan alcanzan al 5,7% del grupo etario estudiado, diferenciándose del 1,1% que no asiste y no trabaja.
La tasa de repitencia de los niños y niñas que trabajan en actividades para el mercado en zonas urbanas duplica la de aquellos/as que no trabajan (20,8% y 8,9% respectivamente). En zonas rurales, 3 de cada 10 que trabajan han repetido alguna vez, mientras que dicha proporción alcanza al 13% de aquellos que no trabajan.
En relación con la adolescencia, la tensión entre trabajo y educación se expresa en niveles de deserción escolar elevados, en particular en las zonas rurales, donde prácticamente el 40% de los/as adolescentes que trabajan no asiste a la escuela. En las zonas urbanas dicha proporción alcanza al 25,2% del grupo de adolescentes trabajadores/as.
Las situaciones de repitencia entre los/las adolescentes que trabajan alcanzan al 38,5% en áreas rurales y a cerca del 46% de quienes residen en áreas urbanas. Para quienes no trabajan, los índices de repitencia son menores en el ámbito urbano, llegan al 32% de este grupo etario y se muestran similares en el ámbito rural.

El trabajo infantil entre 2004 y 2017
Para conocer cómo ha sido la evolución del problema es posible comparar los datos de esta EANNA (2016-17) con la primera realizada en el año 2004, aunque dicha comparabilidad sólo es posible para la región del GBA dadas las diferentes coberturas de ambos estudios. En esa región
se verifica una importante disminución de la participación en actividades productivas entre el año 2004 y el período 2016/2017 para los niños y niñas que tienen entre 5 y 15 años. En efecto, de una tasa de 17.1% se pasó a una del 9.4%, respectivamente. De acuerdo con la modalidad de trabajo, el autoconsumo es el que presenta una mayor reducción: pasó del 8.6% en el año 2004 al 2.1% en el período 2016/2017. El trabajo para el mercado se redujo del 7.6% a 3.1% y el relativo a las actividades domésticas intensas del 8.1% al 5.5% para los años analizados.¹⁵

La incidencia del trabajo de los/as adolescentes (de 16 hasta 18 años de edad) también disminuye en el mismo período aunque en menor medida que en la franja de 5 a 15 años. Entre quienes realizaron al menos una actividad productiva, las tasas se reducen del 44.4 % al 31.7%.
Si se considera según la categoría de actividades, el trabajo para el mercado se reduce del 23.2% al 17.9%, las actividades referidas al autoconsumo del hogar del 24.3% al 7.2% y las actividades domésticas intensas del 19.4 % al 13.6%.¹⁶

Datos del período reciente
El estudio de Tuñon (2019), ya mencionado¹⁷, permite una aproximación más actualizada del problema. Este estudio aborda la propensión de las infancias al trabajo doméstico intensivo y a actividades económicas. Incluye en la categoría de trabajo infantil el realizado por niños y niñas entre 5 y 17 años por considerar que si bien el trabajo entre 16 y hasta 18 años de edad es legal con restricciones, supone una tensión con la educación secundaria obligatoria.
Refiere que se estima el trabajo infantil total (actividades económicas y trabajo doméstico intensivo) en 15,5% en el 2018, lo que denota un incremento en el último período interanual tras tres años consecutivos de estabilidad en los niveles de incidencia. (En el 2015 había sido del 12,8% en el 2016 del 12,5% y en el 2017 del 12,0%)
Este incremento coincide con el aumento de la pobreza infantil¹⁸. El mismo estudio da cuenta de que
la pobreza monetaria en la infancia y adolescencia alcanzó en 2018 al 51,7% y es la cifra más elevada de la última década (…). Es decir que en el último período interanual se incrementó la pobreza infantil en un 11,2%, según estimaciones de la ESDA¹⁹

Si bien la pobreza no es el único factor que determina la emergencia del trabajo infantil, tiene un peso indiscutible. Y resulta de interés otra conclusión del mismo estudio que refiere que
si bien existen diferencias socio económica regresivas para los niños/as más pobres, en el último período interanual se registra un incremento importante (de la participación infantoadolescente en actividades económicas) en los estratos medios no profesionales y no pobres en términos monetarios²⁰

Esto daría cuenta de que la mano de obra infantil está complementando o sustituyendo mano de obra adulta en sectores medios.
Otro dato a tomar en cuenta se vincula con el rol de la Inspección del Trabajo, una de cuyas funciones es la detección y prevención del trabajo infantil. Testimonios recogidos entre trabajadores/as del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, actualmente reducido a Secretaría de Estado, dan cuenta de que ello ha tenido un efecto negativo en la frecuencia de las inspecciones y en la disponibilidad de agentes para llevarlas a cabo.
Lo expuesto hasta aquí permite concluir que durante la gestión de Cambiemos aumentó en el último período interanual el trabajo infanto adolescente vinculado al deterioro de la situación socioeconómica general y a las modificaciones institucionales implementadas por ese gobierno.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos no puede menos que condenar ese claro retroceso de los derechos de niños, niñas y adolescentes a una vida digna con pleno acceso a la salud y educación.

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Referencias
¹ Véanse los apartados Pobreza y Tarifas en este mismo Informe.
² http://www.infonews.com/nota/273615/para-prat-gay-hay-que-optar-entre-empleo.Consultado el 9/12/2019
³ Véase en este Informe el Apartado Alimentación: “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria-Período 2016- 2019. “Educación Alimentaria Nutricional. Durante el período 2016-2019 no se realizaron acciones de promoción, ni capacitación en Educación Alimentaria Nutricional, desde el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. [...]Las funciones de las/los trabajadoras/es (principalmente de los profesionales del área social y nutricional) del Plan fueron reducidas al mínimo indispensable.” Se observa la misma lógica y el mismo patrón de funcionamiento, tanto en el Ministerio de Desarrollo Social, como en Trabajo y en la Secretaría de Derechos Humanos.
⁴ “No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis” dijo el entonces Ministro de Economía Alfonso Prat Gay durante su alocución oficial del13 de enero de 2016 https://www. lanacion.com.ar/politica/prat-gay-hablo-de-grasa-militante-y-desato-la-polemica-en-twitter-nid1861924. Consultado 9/12/2019. “Grasa militante” fue una expresión despectiva del entonces Ministro, en alusión a empleados estatales cuya posición política era manifiestamente afín a la gestión anterior. Para el ministro y el Gobierno de Cambiemos los empleados públicos eran personas de condición humilde y ordinaria. “Persona de hábitos y preferencias vulgares”, según la Real Academia.
En cuanto al término “ñoqui”, el Diccionario de Economía de la Editorial Valletta define: “Término para designar al empleado público que (en Argentina) percibe remuneración o salario, asistiendo solamente al cobro de la misma. No existe contraprestación laboral, Desempleo encubierto. Desocupación disfrazada”
⁵ CEO: Chief Executive Officer (director ejecutivo de una empresa).
⁶ Véase en el Apartado sobre Salud las implicancias de la desjerarquización de los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), Cultura (MC), Salud (MS) y Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS).
⁷ Decretos 801/2018, 802/2018 y 958/2018.
⁸ Pequeñas y medianas empresas.
⁹ Véase el capítulo Pobreza en este mismo Informe.
¹⁰ Fallo dictado en la causa “Orellano, Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo”. http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudadautonomabuenos- aires-orellano-francisco-daniel-correo-oficial-republica-argentina-sa-juicio-sumarisimo- fa16000089-2016-06-07/123456789-980-0006-1ots-eupmocsollaf. Consultado 11/12/2019.
¹¹ https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301266-2016-06-08.html. Consultado 11/12/2019.
¹² https://opisantacruz.com.ar/2016/05/05/sindicalistas-detenidos-en-ushuaia-quedaron-en-libertad/
¹³ Disponible en http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/eanna/eanna_2da-edicion_ 201909.pdf
¹⁴ Documento estadístico. Barómetro de la Deuda Social Argentina. Serie Agenda para la Equidad. (2017- 2025) UCA. Buenos Aires: 96-100. Disponible en http://www.trabajo.gob.ar/downloads/ estadisticas/ eanna/eanna_2da-edicion_201909.pdf
¹⁵ Informe de Prensa del MTEySS. Difusión para el “12 de junio - Día mundial contra el trabajo infantil” sobre los resultados definitivos de la ENCUESTA DE ACTIVIDADES DE NIÑAS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – EANNA 2017 Comparación de la incidencia de actividades con la EANNA 2004 – GBA
¹⁶ Ibid.
¹⁷ Importa aclarar que técnicamente la EANNA y dicho estudio no son comparables.
¹⁸ Véase Apartado Pobreza en este mismo Informe.
¹⁹ Tuñon, 2019: 11.
²⁰ Tuñon, 2019: 97.

Otros capítulos de "Tocar fondo", análisis de la APDH
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