"Tocar fondo", análisis de la APDH

POLITICA EXTERIOR

Política exterior y de Defensa

La política exterior de la Nación durante los cuatro años del Gobierno de Cambiemos será recordada por numerosos desaciertos en varios puntos estratégicos. Algunos de esos errores fueron coyunturales y fundados en repudiables decisiones políticas, mientras otros estuvieron más bien ligados al desaprovechamiento de escenarios potencialmente beneficiosos para los intereses de nuestro Estado.
En el plano internacional, el período 2015-2019 implicó grandes desafíos en torno a las relaciones internacionales y el derecho internacional público. Es dable destacar que el escenario geopolítico ha virado considerablemente en el nuevo milenio y, particularmente en la última década, ha reconfirmado que las tradicionales relaciones de poder resultantes de la guerra fría han perdido cierta vigencia. Ya no puede hablarse de un mundo partido y repartido entre dos actores (Estados Unidos y la Federación Rusa), sino hay que sumar a la ecuación a la República Popular China, que en las últimas décadas ha abandonado su estatus de gigante dormido, liderado una revolución tecnológica y comercial, y con certeza puesto en jaque el hasta entonces indiscutido liderazgo planetario de los Estados Unidos.
A continuación se detallan las principales temáticas abordadas por la política exterior argentina entre 2015 y 2019:

Relación con Estados Unidos
La relación con la nación del Norte ha sido fundamental desde siempre en la política exterior de nuestro país. La llegada al poder de Donald Trump implicó el regreso de doctrinas cerradas, conservadoras, xenófobas y perjudiciales para la cooperación y coordinación internacional. A pesar de ello, el gobierno encabezado por Mauricio Macri intentó el regreso a las relaciones carnales con los Estados Unidos, con magros resultados en relación con los intereses soberanos de nuestra República.
Si lo que se pretendió con el acercamiento a los Estados Unidos fue una nueva apertura al mundo y un mensaje positivo desde el plano diplomático, definitivamente se trató con la persona equivocada y en el momento menos oportuno: el gobierno de Donald Trump significó sin duda alguna un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en materia de relaciones internacionales. A través de un discurso agresivo y de políticas aislacionistas, los Estados Unidos han incursionado en una guerra comercial aún no resuelta con China, influido en el reavivamiento de las tensiones en Medio Oriente, escalado por momentos las tensiones con potencialidad nuclear entre las Coreas, entre otras cosas. A ello debe adicionársele la gran cantidad de denuncias a tratados internacionales relativos al mantenimiento de la paz y seguridad internacional en las que ha incurrido EE.UU.¹ Estamos hablando de un Estado que quitó el visado a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional.²
El acercamiento con el país del Norte giró siempre en torno a la facilitación del acceso a líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo, como se detalla en el apartado “Deuda externa” del presente informe, se llevó adelante por una cifra récord. De más está decir, que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos considera repudiable cómo ha administrado el Gobierno de Cambiemos los fondos recibidos.
La profundización incondicional de las relaciones con los Estados Unidos implicó el acatamiento de sus doctrinas respecto de la región: como se verá más adelante, la Argentina se vio forzada a reconocer a Guaidó como presidente a cargo de Venezuela y, por otra parte, a desconocer la existencia de un golpe de Estado en Bolivia. Esas son contradicciones diplomáticas que reflejan el ciego acatamiento de la agenda internacional impuesta por Estados Unidos.

Relación con la Federación Rusa y la República Popular China
Las relaciones con la Federación Rusa se enfriaron en el período 2015-2019, lo que resulta negativo en tanto dicho Estado sigue ocupando un papel estratégico en el ámbito global. Si bien, como se dijo, el panorama internacional ha abandonado la bipolarización característica de la segunda mitad del siglo XX, lo cierto es que Rusia sigue ejerciendo a nivel mundial gran influencia económica y militar, a la que debemos sumar la alianza estratégica en materia tecnológica con China, la gran potencia a seguir de cerca.
La República Popular China, por su parte, es el Estado con el que mayores beneficios comerciales puede obtener nuestro país. El abastecimiento del casi ilimitado mercado interno chino ha sido el motor de buena parte de las exportaciones de la República Argentina en la última década. Sin embargo, el Gobierno de Cambiemos ha mantenido la relación comercial con China en la exportación de bienes primarios, es decir, en la primarización de nuestra economía, lo que perpetúa el déficit comercial y no tiene en cuenta el interés nacional.
El acercamiento incondicionado a la doctrina estadounidense ha sido, sin duda alguna, un obstáculo para la profundización de los vínculos con China, quien mantiene un duro enfrentamiento comercial con EE.UU. desde hace cerca de dos años.

La región
En cuanto a Latinoamérica, Argentina ha adoptado en el período 2015-2019 una posición antagónica al sistema de integración que venía llevándose adelante en años anteriores. Lejos de consolidar la unión de los países de la región, el Estado optó por denunciar el tratado constitutivo de la UNASUR, retirándose de este modo de dicho sistema de integración³. Asimismo, como se verá más adelante, apoyó la suscripción de un Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que podría resultar peligroso para los intereses de los países de la región.
En particular, respecto de las situaciones más resonantes en Sudamérica en el periodo 2015-2019, la Argentina se comportó del siguiente modo:
Situación en Venezuela: abandonando su histórica posición de no injerencia en los asuntos externos, la Argentina adhirió a la postura estadounidense y reconoció al gobierno autoproclamado de Juan Guaidó. El Estado no sólo avaló su estatus de presidente a cargo, sino otorgó credenciales diplomáticas a la comitiva enviada por éste, lo que resulta repudiable en materia de relaciones internacionales.
El papel de Argentina en la crisis venezolana debió haberse limitado siempre al de exhortar a su vecino Estado al mantenimiento de la paz y el restablecimiento pleno de las instituciones democráticas. Nunca debió inmiscuirse Argentina en los asuntos de un Estado extranjero y, mucho menos, con tamaña indiscreción diplomática.
Golpe de Estado en Bolivia: en contraposición a la injerencia en los asuntos venezolanos, llamó la atención el inconcebible silencio guardado por el Gobierno de Cambiemos respecto del golpe de Estado gestado en Bolivia durante los últimos días del mandato de Cambiemos. El Canciller Jorge Faurie evitó en todo momento referirse a la situación del vecino hermano como un Golpe de Estado, aseverando que no estaban configurados los elementos para considerarlo de esa forma⁴. De nuevo, Argentina se alineó en este sentido con la posición estadounidense, en clara contraposición al repudio de gran parte de la comunidad internacional sobre lo sucedido en el vecino país, que no fue otra cosa que un flagrante quiebre del Estado de Derecho.

Acuerdo MERCOSUR-UE
El Acuerdo entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea fue un anhelo de mucho tiempo que terminó materializándose durante la administración de Mauricio Macri. Si bien es interesante la repercusión del acuerdo en materia de relaciones internacionales, es preciso advertir que restan definir sus términos y condiciones en detalle, por lo que será necesario continuar con las negociaciones en forma inteligente, evitando así conformarse con los lineamientos básicos del acuerdo alcanzado, que bien podrían devenir en un deterioro de las asimetrías regionales.
En ese sentido, si nos alejamos de la lógica estrictamente diplomática del acuerdo y analizamos detalladamente su impacto en los distintos rubros productivos, veremos con claridad como la región -y particularmente nuestro país- puede verse afectada en lo relativo a sus industrias nacionales. En términos estructurales, los únicos verdaderamente beneficiados por este acuerdo histórico serían los sectores agroexportadores más concentrados, mientras que las pequeñas y medianas empresas se verían sumamente perjudicadas por su imposibilidad material de competir con sus pares europeos⁵.
Esta peligrosa ecuación acarrearía entonces la posibilidad cierta de que el acuerdo atente directamente contra la generación y el mantenimiento de los puestos de trabajo industriales, que sin lugar a duda significan la mayor porción del empleo privado.
La inserción del Mercosur al mundo debe ser, en conclusión, inteligente y negociada. Un acuerdo caprichoso e incondicional bien podría significar una medalla para la oficina de relaciones internacionales de turno, mas si su trasfondo es peligrosamente asimétrico podría también devenir en un mecanismo dañino para los intereses y derechos de nuestros pueblos.

Soberanía de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur
El gobierno saliente distendió el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, e incluso llegó a ser imputado en varias oportunidades6 a raíz de los acuerdos de aeronavegación suscriptos con Londres, que bien podrían significar un “posible menoscabo de la soberanía nacional”, como dijo el Fiscal Jorge di Lello⁷.

Política de seguridad y defensa nacional

Según la definición de Max Weber, el Estado es el “monopolio legítimo de la violencia en un territorio dado”⁸. En ese sentido, es tarea primordial del mismo ocuparse de la seguridad y defensa nacionales. Mientras que la seguridad hace referencia al ámbito interno y su mantenimiento es tarea de las fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria); la defensa o seguridad externa está relacionada con el ámbito externo, es decir, la protección de la Nación ante amenazas “fronteras hacia afuera”. Esta última es tarea de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).
La división de tareas no sólo es importante para poder garantizar el efectivo goce de derechos por parte de la población, sino también para hacer efectivo el control civil de las Fuerzas Armadas y certificar que nunca más los militares intervengan en la escena política nacional. Como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, organización nacida pocos meses antes del inicio de la dictadura militar, con el objetivo de defender los derechos humanos de toda la población, repudiamos, entonces, las siguientes políticas que marcan un desvío y retroceso en la histórica postura que ha tenido la Argentina con relación al control que ejercen los civiles sobre las fuerzas.
A través de los decretos 683/2018 y 703/2018, el Gobierno de Cambiemos (2015- 2019) ha modificado la Ley de Defensa Nacional habilitando el empleo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna y, de esa manera, ha desdibujado la línea divisoria entre ambas fuerzas. El artículo 24bis del decreto 683/2018 establece que el Sistema de Defensa Nacional “ejercerá la custodia de objetivos estratégicos”⁹, evitando definir qué se entiende por “objetivos estratégicos”. Sin una división clara entre los mandatos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, no se puede delimitar responsabilidades, tareas y presupuestos. La consecuencia más peligrosa y alarmante -motivo de nuestra denuncia- son los excesos de poder, que conllevan violaciones de los derechos humanos de nuestra población.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha mencionado en reiteradas ocasiones su voluntad de alinear a Argentina con las políticas de fortalecimiento del rol policial del Estado que tienen países como Estados Unidos o Israel. Los nuevos actores de naturaleza transnacional ponen en jaque el rol del Estado como monopolizador de la fuerza conduciendo a que éste introduzca las “nuevas amenazas transnacionales” (narcotráfico, terrorismo, migraciones, ciberataques, crimen organizado) dentro del área de seguridad. Etiquetarlos como problemas de seguridad les brinda un carácter de urgencia que justifica un aumento en las funciones de las que son responsables las Fuerzas Armadas y de Seguridad y su presupuesto, sin que éstas sean en sí mismas los medios adecuados para hacerles frente. El caso del narcotráfico es un ejemplo claro.
Los decretos antes mencionados han sido publicados dentro del contexto de la llamada “lucha contra el narcotráfico”, bastión y centro de la política de seguridad del Gobierno de Mauricio Macri. Enmarcándose en la política que llevó a cabo el presidente norteamericano Richard Nixon, el gobierno ha concretado incautamientos de grandes toneladas de narcóticos ilegales. Esos operativos han gozado de gran difusión mediática. Sin embargo, esta política de ataque a la oferta y no a la demanda ha demostrado ser ineficiente, teniendo pocas consecuencias en el negocio del narcotráfico y grandes gastos para el Estado que las lleva a cabo.¹⁰ Es más, bajo este justificativo se han cometido grandes excesos en materia de derechos humanos ya que los que sufren mayor cantidad de detenciones arbitrarias y posteriores encarcelamientos son personas de barrios pobres de las fronteras¹¹. Son los pequeños vendedores y no los grandes cárteles los que se ven afectados por esta política.
La conclusión en cualquier caso es la misma: la expansión del aparato de seguridad estatal conduce a restricciones de derechos. Esto se agrava si el nivel de ambigüedad en las definiciones es alto, generando así vacíos legales que den lugar a violaciones de derechos humanos. En última instancia, son las instituciones militares y de seguridad en sí mismas las que se ven afectadas por la pérdida de claridad en sus funciones. Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos denunciamos que esas políticas que amplían los poderes del Estado bajo la justificación de actuar en pos de la seguridad de la población terminan por corroer al mismísimo sistema democrático como medio de control y mecanismo de transparencia. En un mundo que cada vez más tiende al autoritarismo, creemos esencial no perder el foco: la democracia es la base de nuestra república, debemos cuidarla y defenderla.

Defensa

El submarino ARA San Juan
Hacia finales de octubre de 2017 el submarino A.R.A. San Juan, junto con otras naves de la Armada Argentina, debía emprender un ejercicio conjunto con la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, denominado “Cormorán”. Dicho ejercicio, a pesar del evidente interés del Gobierno de Cambiemos, finalmente no fue autorizado dada la fuerte oposición que culminó en la Cámara de Diputados y la Argentina no participó. No obstante, se decidieron realizar ejercicios de gran envergadura en forma contemporánea y en zonas del Atlántico Sur lindantes al área de exclusión de las Islas Malvinas. La nave, que data de 1986, había vuelto al servicio en julio de 2015, luego de pasar ocho años en la reparación de “media vida”.
El 15 de noviembre de 2017 el submarino desapareció con 44 tripulantes a bordo. A partir de allí se abrió un capítulo de torpezas, contradicciones, mal trato y desprecio por las vidas de les desaparecides, como por los sentimientos de sus familiares y el de la ciudadanía que se condolía por la tragedia y a la vez que se interrogaba acerca de las circunstancias de la desaparición. El Gobierno de Cambiemos reafirmó, en sus omisiones y sus pocas acciones, su desinterés por la defensa nacional, la aplicación del ajuste presupuestario también a las naves que deben hacer respetar la soberanía marítima y territorial. Poco a poco, fue quedando clara la indefensión de las y los submarinistas, condenados a navegar en un aparato que no podría garantizarles la seguridad, ya que adolecía de severos problemas en diversos sistemas que aconsejaban su inmovilización y reparación que se venía postergando más allá de los protocolos. Navegando en condiciones de alta precariedad se produjo un cortocircuito en las baterías a partir de lo cual se desató una cadena de eventos que condujeron a su final. El colapso del submarino, registrado por los detectores de un organismo internacional que rastrea posibles pruebas nucleares prohibidas, se hizo público el 23 de noviembre de 2017¹². Las medidas adoptadas por el Gobierno de Cambiemos fueron en su mayoría forzadas por la determinación de los familiares (a ocho meses del hecho debieron encadenarse a las rejas de la Casa de Gobierno para ser escuchados), que desde el primer momento comprendieron que lo poco o mucho que se hiciera por la búsqueda y rescate del submarino dependía en gran medida de su movilización.
La gravedad de lo ocurrido dio lugar a la conformación de una Comisión Bicameral Especial¹³ en el marco del Poder Legislativo, que se abocó a investigar. Además de la causa judicial llevada por la Jueza Federal Marta Yañez en Caleta Olivia, signada por su lentitud e ineficacia, que además negó acceso a la Comisión a las pruebas del expediente. Esa Comisión creada por Ley, elevó su informe en julio de 2019. La tarea llevada a cabo por los integrantes de la Comisión arrojó importantes conclusiones acerca del bajo nivel de involucramiento de los funcionarios civiles (Ministerio de Defensa) e incluso de los altos mandos de la Marina en lo que fue el ejercicio más importante de la Armada Argentina de los últimos 30 años, en un contexto de fuertes recortes presupuestarios en general y en particular de las FFAA, que podría haber merecido una reevaluación de la participación del país en general y del infortunado ARA San Juan en particular, en ejercicios en conjunto con fuerzas armadas de otros países. El documento señaló también la falta de conducción ante la crisis, una vez que el Gobierno tomó conocimiento de los hechos, sumado al ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a familiares como a la sociedad en general.
El particular abordaje de todos los temas de la realidad nacional por parte de la administración Macri, en especial la prescindencia de todo involucramiento del Estado y la desfinanciación de casi todo lo importante en aras de un cínico “equilibrio fiscal”, mientras se propiciaba la fuga acelerada de US$ 100 mil millones, pone de manifiesto el desprecio por las personas, cuyo bienestar debe ser el norte de toda política y explica en parte esta tragedia, cuya trascendencia y responsabilidades políticas fueron ocultadas por la doble vara con que miden los medios hegemónicos cada hecho, según qué sector político lo protagonice.

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Referencias
¹ https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/02/01/estados-unidos-anunciara-su-retiro-del-tratadonuclear- con-rusia/
² https://elpais.com/internacional/2019/04/05/actualidad/1554451028_360379.html
³ https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-argentina-se-retira-de-la-unasur
⁴ https://www.perfil.com/noticias/politica/jorge-faurie-sobre-bolivia-esto-no-es-un-golpe-de-estado.phtml
⁵ https://www.cronista.com/economiapolitica/Mercosur-UE-el-acuerdo-golpearia-a-la-industria-yayudaria- al-campo-20200216-0023.html-
⁶ https://infocielo.com/nota/109947/islas-malvinas-denuncian-a-macri-y-a-varios-ministros-por-traicion-ala- patria/
⁷ https://www.clarin.com/politica/fiscal-imputa-macri-malvinas-pide-suspenda-vuelo-islas-lanzamiercoles- 20_0_XpzOBsuJ.html
⁸ WEBER, Max (1919) La política como vocación.
⁹ Decreto 683/2018, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ anexos/310000-314999/312581/norma.htm
¹⁰ TOLKATLIAN, Juan Gabriel (2017) Qué hacer con las drogas. Buenos Aires: Siglo XXI.
¹¹ Centro de Estudios Legales y Sociales (2019) Derechos humanos en la Argentina: Informe 2019. Buenos AIRES: Siglo Veintiuno Editores.
¹² CTBTO. Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
¹³ Ley 27.433 – Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del Submarino A.R.A. San Juan

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