"Tocar fondo", análisis de la APDH

JUSTICIA

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, acaba de publicar un detallado balance del paso del macrismo.
La investigación se divide en el marco económico-social, Derechos Humanos, Justicia, Salud, Educación, Ciencia y Cultura, Trabajo, Situación de la niñez y adolescencia, Situación de las personas adultas mayores, Políticas de género, Políticas ambientales y Política exterior.

En este capítulo se hará referencia a diferentes prácticas de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial durante el Gobierno de Cambiemos como también a distintas estrategias de amedrentamiento o persecución a opositores políticos. Contrariando un enunciado discursivo que levantaba banderas de transparencia y republicanismo, se enumeran situaciones en que los intereses privados se vieron beneficiados a costa del erario público. En el último apartado se presenta una hipótesis de posibles vínculos de la familia del ex presidente con organizaciones mafiosas, dada la gravedad que implicaría de ser confirmada.

Situación del Poder Judicial

Desde su inicio, el Gobierno de Cambiemos ha vulnerado sistemáticamente y de múltiples maneras la imprescindible independencia del Poder Judicial, afectándose la vigencia del Estado de Derecho.
A continuación exponemos sintéticamente algunos casos sobresalientes que ponen de relieve el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y también sobre distintos operadores jurídicos.

Nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia
El Presidente Mauricio Macri, el 14 de diciembre de 2015, mediante el Decreto 83/15 intentó, haciendo caso omiso de los procedimientos legales, designar por decreto a dos nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti. Tuvo que desistir de la ilegal maniobra atento la crítica generalizada que la misma generó.

Limitación a las facultades del Ministerio Público
A muy poco de asumir, el Presidente Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 257/15 por el cual se restringió la autarquía económica y financiera del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, lo que limita las competencias constitucionales de esos organismos y las sujeta al control forzado del Poder Ejecutivo.

Ataque a la Procuradora General de la Nación
Siendo candidato Mauricio Macri, sostenía que la Procuradora General de la Nación, doctora Alejandra Gils Carbó, debía renunciar para que en su lugar él pudiese designar a un candidato de su confianza. El hostigamiento contra la Procuradora fue permanente, tanto de parte de los funcionarios nacionales, como de la prensa hegemónica y de organizaciones vinculadas al partido gobernante y la Sociedad Rural. Los organismos de Derechos Humanos repudiaron esos ataques y sostuvieron que la Procuradora había promovido un Ministerio Público Fiscal orientado a la defensa de derechos y mantenía un compromiso ineludible con el proceso de justicia por los crímenes del terrorismo de estado, las investigaciones para la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar que aún faltan encontrar, la investigación de las redes de trata, la violencia policial y contra las mujeres.
Amenazada ella y su familia, la Procuradora General de la Nación renunció a su cargo a fines del año 2017.

Avances sobre el Consejo de la Magistratura
En febrero de 2016 el Gobierno urdió maniobras para conseguir la mayoría, designando al diputado oficialista Pablo Tonelli. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayan, señaló
por medio de dicha mayoría en el Consejo, el Poder Ejecutivo utilizaría la Comisión de Disciplina y Acusación para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses.¹

Presiones sobre jueces, juezas y fiscales
El Gobierno de Mauricio Macri ha hostigado, perseguido y denunciado a numerosos jueces, juezas y fiscales que no respondían a sus demandas de subordinación y alineamiento. Lo ha hecho cada vez que los pronunciamientos judiciales pusieron al descubierto las políticas públicas violatorias de derechos fundamentales. Entre otros, se destacan los casos de los doctores Raúl Eugenio Zaffaroni, Luis Federico Arias, Carlos Rozanski, Eduardo Freiler, Federico Delgado, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Enrique Arias Gibert y Luis Raffaghelli, y las doctoras Martina Forns, Graciela Marino, Gabriela Baigún y Gabriela Boquín. En esa línea, el PEN promovió por diversas vías, entre ellas los medios de comunicación hegemónicos, intromisiones intolerables en procesos judiciales en trámite, mediante pronunciamientos públicos de funcionarios nacionales, con el evidente propósito de dirigir u orientar los fallos en su exclusivo interés y beneficio.
La jueza Martina Forns fue víctima de ataques y hostigamientos por haber fallado en contra de aumentos abusivos de tarifas. El juez Luis Federico Arias, de La Plata, fue destituido en un Jury de Enjuiciamiento luego de fallar en varias causas de manera adversa a las políticas públicas sostenidas por la gobernadora Vidal. En 2016, tras una campaña mediática en su contra y luego de recibir amenazas de destitución por parte del ministro de Justicia, Germán Garavano, renunció el juez Carlos Rozanski, quien en ese momento estaba investigando a Leonardo Fariña, pieza clave para el gobierno en su ataque a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Manipulación de Fiscales en la causa Correo Argentino S.A.
En 1997 el presidente Carlos Menem privatizó el servicio postal y ganó la concesión la Sociedad Macri (SOCMA), en la que Mauricio Macri era su gerente general. En 2003 el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato de concesión y declaró que la concesionaria había pagado sólo el canon del primer año, por lo que la deuda totalizaba 296 millones de pesos/dólares. La empresa entró en concurso de acreedores en 2001 y Estado Nacional era el acreedor mayoritario (33%). En junio de 2016 el Estado Nacional aceptó como pago de la deuda 300 millones de pesos en “15 cuotas anuales y consecutivas” a pagar desde fines de 2017 hasta 2033, sin tener en cuenta la devaluación de la moneda, ni considerar los intereses por mora². El MPF debía homologar el acuerdo de la empresa, por lo que intervino la Fiscal Gabriela Boquín, quien rechazó la oferta por ser la “percepción de un valor insignificante” y sostuvo que era “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. A partir de ese momento, el gobierno nacional intentó de distintas maneras el apartamiento de la fiscal Gabriela Boquín de esa causa.
El Procurador del Tesoro Carlos Balbín ordenó una investigación interna para determinar cómo se había llegado al acuerdo propuesto por el Grupo Macri y aceptado por el Estado Nacional. La investigación resultante fue muy severa e implicaba la posible quiebra del Correo Argentino y con él la de todo el Grupo Macri. En 48 hs el procurador Balbín fue removido de su cargo y en su lugar, pese al conflicto de intereses, designado Bernardo Saravia Frías, abogado del Grupo Macri.

Estigmatización de la Justicia Laboral y de abogadas y abogados laboralistas El Presidente Mauricio Macri, pública y reiteradamente, descalificó tanto a jueces del Fuero Laboral como a abogados y abogadas laboralistas. Instó denuncias formales, a través de sus Ministros, contra aquellos magistrados que se animaron a poner freno a las políticas de ajuste en ejecución que agravaban aún más la situación de los sectores más humildes, así como contra aquellos jueces y juezas que resolvieron, con apego a la Constitución y las leyes, en favor de los derechos del colectivo obrero y sus organizaciones sindicales. Esas acciones fueron apoyadas por los medios de comunicación afines al gobierno de Cambiemos.

Persecución a profesionales del Derecho y activistas de derechos humanos Se produjeron actos de inocultable persecución a abogados y abogadas intervinientes en casos de lesa humanidad y de derechos humanos. Entre los más renombrados citamos los casos de Luis Hernán Paz, Elizabeth Gómez Alcorta, Jorge F. Cholvis, Rubén Marigo, Paula Álvarez Carreras, Néstor Ariel Ruarte, Iván Bordón y César Sivo, entre otros.

Retroceso en materia de derechos humanos en el Ministerio Público Fiscal Una serie de medidas de claro retroceso en materia de derechos humanos adoptó el Procurador Interino Eduardo Casal. Entre ellas se destacan: el virtual desmantelamiento de las unidades de “lesa humanidad” de las fiscalías federales del país, la creación de una unidad antiterrorista, el desmantelamiento de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), el desmantelamiento de la Unidad fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES) y el debilitamiento del Programa Laboral y de la Fiscalía Laboral.

Hostigamiento al juez federal Alejo Ramos Padilla El gobierno nacional de Cambiemos propició el juicio político del juez federal Alejo Ramos Padilla a partir de que el magistrado informara al Poder Legislativo de las actuaciones a su cargo que tienen por objeto la investigación de una red ilegal de espionaje y extorsión en el que están altamente comprometidos funcionarios gubernamentales y judiciales.

Estancamiento y retroceso en juicios de lesa humanidad Importantes funcionarios nacionales se expresaron en términos negacionistas del terrorismo de Estado. En consonancia con esas opiniones, desde distintas áreas del gobierno se intervino con el propósito de que se aplicaran beneficios indebidos a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, llegándose así al fallo de aplicación de la llamada “ley del 2 por uno” pergeñada por los jueces de la Corte Suprema de Justicia nombrados por el presidente Macri para que represores condenados a penas de prisión perpetua recuperen su libertad. La medida fue impedida por una masiva movilización popular. Al mismo tiempo fue notorio el estancamiento, debido a falta de nombramiento de jueces, de las causas de lesa humanidad pendientes de juzgamiento. Y en el mismo sentido se generalizaron de manera alarmante el uso de la prisión domiciliaria para casos de condenados por gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Inexistencia de provisión de elementos al Poder Judicial En el marco de su deliberada política criminal, el Poder Ejecutivo no proveía a las agencias judiciales de los elementos de monitoreo necesarios a fin de que éstas pudieran aplicar el instituto de la prisión domiciliaria a los presos comunes. De este modo se llegó a la tasa de prisionalización más alta de la historia argentina. Tal prisionalización no cuenta con los recursos de infraestructura necesarios, afectándose de manera escandalosa la dignidad y las condiciones de vida de las personas detenidas.

Presas y presos políticos

Un nuevo paradigma represivo
Durante más de 30 años de democracia la acción concientizadora, sistemática e incesante de los Organismos de Derechos Humanos fue construyendo una visión y un ideario condenatorio del genocidio perpetrado por la dictadura cívico militar, sus mentores y cómplices.
Llegar al Nunca Más y a los Juicios por Memoria, Verdad y Justicia, por los cuales están siendo condenados por crímenes contra la humanidad cientos de represores, fue un camino plagado de dificultades, debates, avances y retrocesos.
Fue necesario enfrentar la ideología retrógrada que pretendió equiparar la responsabilidad de las organizaciones políticas de la década del 70, con el accionar del terrorismo de Estado y de la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976. Ideología reconocida vulgarmente como “teoría de los dos demonios”³. Al igual que los reiterados intentos de los sectores más reaccionarios que ponían en tela de juicio no sólo la existencia de campos de exterminio, sino también el número de víctimas durante esa etapa de nuestra historia, reclamando impunidad para los responsables del genocidio.
La condena al Terrorismo de Estado y sus secuelas se comenzó a materializar con la nulidad de las leyes de impunidad y luego con la derogación de los decretos de indulto. Ese paso trascendental fue posible en el gobierno de Néstor Kirchner. La decisión histórica vino a dar respuesta al reclamo inclaudicable del movimiento de Derechos Humanos y del conjunto de organizaciones populares que sostuvieron siempre las banderas de Memoria, Verdad y Justicia y colocó a la Argentina a la vanguardia en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
La asunción en 2015 del Gobierno de Cambiemos, con exponentes destacados como, especialmente en la provincia de Jujuy con Gerardo Morales y en la provincia de Mendoza con el gobernador Cornejo, marcaron un cambio brutalmente regresivo en las políticas de derechos humanos, concebidas como políticas de Estado en la década anterior.

Persecución a la oposición
Las persecuciones a los sectores de la oposición fue una característica constante desde diciembre de 2015, incrementada particularmente en 2017 y 2018. Los procesos penales seguidos a funcionarios del gobierno previo y a dirigentes sociales, la utilización de la prisión preventiva, no como excepción sino como regla, llevaron a la cárcel, entre otros a Luis D’Elía, reconocido dirigente social; a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal de los gobiernos kirchneristas; a Amado Boudou⁴, ex ministro de Economía y Vicepresidente de la Nación, sin sentencia firme en ninguna de las causas que se les siguen por delitos cometidos en la función pública, nunca probados. Es llamativo que mientras el ex vicepresidente y el ex ministro seguían detenidos en una cárcel federal, empresarios imputados en las mismas causas como actores principales, gozaran de plena libertad.
Afirman los organizadores del Foro por la Libertad de los Presos Políticos, movimiento integrado por Organismos de Derechos Humanos, como la APDH y la LADH, sindicales, y sociales:
En un contexto nacional y regional de deterioro del Estado de Derecho y de los estándares democráticos, donde los presos políticos se han multiplicado, la persecución a militantes y dirigentes sindicales, religiosos, sociales y culturales y a líderes de oposición política se ha profundizado. Arduo es el trabajo realizado y más arduo aún es el que tenemos por delante.⁵

Por otro lado, el Gobierno de Mauricio Macri ha violentado todas las normas nacionales e internacionales y buena parte de la jurisprudencia en materia de derechos humanos al haber alentado y convalidado el uso arbitrario de la prisión preventiva como práctica regular en el tratamiento de las denuncias penales, en particular en aquellas vinculadas con funcionarios del gobierno anterior y de dirigentes y militantes sociales y políticos, que han enfrentado las políticas de ajuste, hambre y exclusión del Gobierno de Cambiemos.
La utilización de la prisión preventiva de manera abusiva, las detenciones orquestadas con intervención de los medios de comunicación hegemónicos, para escarnio de los detenidos, convirtieron a buena parte del Poder Judicial en un apéndice de los poderes fácticos y del poder político de turno, al subordinarse a prácticas repudiables, que no registran antecedentes en tiempos de Democracia.
Para castigar y disciplinar, el Gobierno de Mauricio Macri se valió de los aparatos represivos del Estado y contó para ello con la colaboración de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich que reprimió a quienes defendían las conquistas alcanzadas.
En las muchas acciones y movilizaciones de los sectores populares⁶ tendientes a enfrentar las políticas en curso, como la movilización contra la pretendida Reforma Laboral o contra la Reforma Previsional, o bien las vinculadas a oponerse a la sanción de un Presupuesto ajustado de acuerdo con las exigencias del FMI y los grupos concentrados de la economía, las fuerzas de seguridad a su mando, efectuaron un despliegue excesivo que derivó en represión y violencia institucional.
En muchas movilizaciones populares se ha encontrado un patrón de conducta que se repetía. El uso de gases lacrimógenos, seguidas de inmediato por “cacerías” de militantes a cargo de agentes motorizados o grupos especiales⁷. En todos esos casos, muchas veces se detectó personal no identificado, vestido de civil, mezclado entre los manifestantes. Ese personal no identificado provocaba a las fuerzas de seguridad desplegadas e incitaba a que respondieran. Esos grupos sin duda responden a objetivos, que repudiamos, y nada tienen que ver con las acciones y reclamaciones justas de la ciudadanía movilizada en defensa de sus derechos.

El caso de Milagro Sala y la Túpac Amaru
En enero de 2016 Milagro Sala fue detenida en la Provincia de Jujuy cuando protagonizaba un acampe pacifico en la plaza céntrica de Jujuy, la capital provincial. Mientras estuvo detenida por la movilización pacífica, se formalizaron nuevas denuncias impulsadas por el poder político provincial, que contó con la aquiescencia del Poder Judicial, rediseñado a gusto por el flamante Gobernador, el Contador Gerardo Morales. A partir de entonces se sucedieron graves imputaciones contra ella, de asociación ilícita, defraudación al Estado, amenazas agravadas, entre otras, por las cuales Milagro sigue todavía detenida ahora bajo el régimen de la prisión domiciliaria.
Su caso fue denunciado ante la Relatoría de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunciaron mediante recomendaciones y resoluciones reconociendo la arbitrariedad e ilegalidad de la detención de Sala. Eso permitió, aunque con injustificada mora, que se le otorgara la prisión domiciliaria⁸.
Sin duda alguna, fue determinante para que concedieran a Milagro Sala la prisión domiciliaria, la activa movilización de amplios sectores de la sociedad, Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, sindicales y políticas, en el país y en el exterior, en pos de denunciar la situación y reclamar su libertad.
En ese proceso, tras el armado de causas, numerosos integrantes de la Túpac Amaru también fueron perseguidos y encarcelados, lo que contó con la complicidad de jueces, fiscales y las propias autoridades provinciales y del entonces Gobierno nacional. Así, aún se encuentran injustamente privadas de su libertad Gladys Díaz, Adriana Condori, Javier Nievas, Iván Altamirano y Miguel Ángel Sibila en la cárcel del Alto Comedero. Mientras Mirta Rosa Guerrero, Patricia Cabana, Graciela López, María Condorí y Mirta Aizama, lograron, tras mucho batallar en los tribunales locales, obtener el “beneficio” de la prisión domiciliaria⁹.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos estuvo siempre presente acompañando y denunciando esas graves violaciones a los derechos humanos de las personas perseguidas y detenidas, lo hizo asistiendo y presentándose ante las agencias nacionales (CAPT) y ante el sistema regional (CIDH).
No vamos a abundar en las gravísimas irregularidades detectadas, objeto de innumerables denuncias y presentaciones por parte de sus defensas, con el acompañamiento de los Organismos de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil.
La persecución política y judicial del gobernador Gerardo Morales contra la Túpac Amaru, fue y es tan fuerte que ha conmovido y movilizado a múltiples delegaciones que visitan la provincia, entre ellas una destacada Comisión de Juristas, que en junio de 2018 visitó la Argentina, invitada por la APDH y el Comité por la Libertad de Milagro Sala. La delegación estaba compuesta por los abogados Barbara Jackman y Frederika Rotter, de Canadá; Francisco Ramírez Cuellar y Meyerly Garzon, de Colombia; y Thomas Egan, los Estados Unidos.
Por su relevancia adjuntamos fragmentos de su Informe Final. Los abogados explicaron la situación de Milagro Sala y la Túpac Amaru:
Milagro Sala es la líder de la organización barrial Túpac Amaru. Es una organización cooperativa de comunidades indígenas y marginadas que promueve los derechos económicos, sociales y culturales para su población en la provincia de Jujuy y el resto de la Argentina. Se inició al principio de los 1990 en respuesta a la pobreza, el desempleo y la falta de educación y de servicios sociales de las poblaciones indígenas y pobres.
En el 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, la Túpac Amaru empezó a construir viviendas sociales en la provincia de Jujuy, a través del apoyo y el financiamiento del gobierno de entonces. Estas cooperativas pudieron construir más económicamente y más eficazmente de lo que pudieron hacerlo las empresas privadas. Las ganancias fueron re-invertidas en las mismas comunidades para poder construir escuelas, centros de salud, fábricas y centros recreativos, entre muchas otras cosas que pudieron lograr.
Milagro Sala, una líder importante de la Túpac Amaru, se convirtió en una de las líderes comunitarias más prominentes de la Argentina. Fue elegida representante provincial al Congreso de la provincia de Jujuy en 2013. En 2015, renunció como congresista provincial y fue elegida como miembra del Parlasur, la institución parlamentaria del bloque comercial Mercosur, del cual la Argentina es miembro.¹⁰
Concluimos que, por razones políticas, las gestiones actuales en Argentina y en la provincia de Jujuy están usando el sistema penal para atacar y debilitar una organización indígena de base fuerte y exitosa y para privar a sus líderes de su libertad.
Muchas personas de todo el mundo se involucraron con instar al Estado argentino a respetar los derechos humanos durante los años de la dictadura militar, en los años 70 y 80. Los avances después de la dictadura fueron bienvenidos. Por lo tanto, es particularmente triste e inquietante ver que la situación en Argentina pareciera estar regresando al mismo punto, que personas inocentes nuevamente han sido sujetos de detenciones arbitrarias y daños, y que aquellos que vivieron durante la dictadura están permitiendo que se amplíen las violaciones de derechos humanos nuevamente.
Alzamos nuestras voces en solidaridad con los argentinos y las argentinas para condenar estos acontecimientos.

Por la importancia de los temas que señalaba el Informe de dicha Comisión, extraemos algunos párrafos más, que permiten comprender otros aspectos de la persecución a Milagro y la Túpac:
El otro tema grave de derechos humanos (o quizás aún catastrófico) es la destrucción ambiental ocurriendo en Jujuy al mismo tiempo de estas graves violaciones de los derechos de los pueblos originarios. Los derechos de estos pueblos han sido vulnerados por las acciones de los gobiernos provinciales y federales en alquilar tierras indígenas y por la venta de derechos minerales a corporaciones extranjeras.
El primer paso del gobierno actual fue de cesar sus esfuerzos de desarrollar un emprendimiento público para explotar el litio y otros recursos minerales de la provincia de Jujuy. Luego el gobierno se propuso involucrar a corporaciones extranjeras en la explotación de los recursos naturales de la provincia. Al mismo tiempo, el precio del litio, un elemento esencial e irremplazable para los teléfonos celulares, las computadoras portátiles, autos híbridos y productos semejantes estaba subiendo marcadamente.

En enero de 2019, al cumplirse tres años de la detención arbitraria de Milagro Sala, el tribunal provincial la condenó junto a otros miembros de su organización y de otras organizaciones vinculadas a la labor cooperativa, todos integrantes de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy (ROS). La APDH declaró que esas condenas
…son una brutal expresión de la persecución política desatada en la provincia a partir de la asunción del nuevo Gobierno de Cambiemos en diciembre de 2017.

Ha quedado demostrado en todo este tiempo que a Milagro Sala y a sus compañeros y compañeras no se los persiguió y condenó por los delitos que se le imputaban, sino por haber concretado en la provincia de Jujuy, un modelo de organización popular que empoderó a los sectores más humildes y excluidos de esa provincia y resultó una alternativa de raíz popular, frente a los poderes concentrados. Una organización que, además, tuvo la osadía de movilizar a buena parte de la sociedad jujeña, en pos de hacer efectivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El caso de Pedro Blaquier es tal vez el más emblemático y en el que Milagro Sala y su Organización jugaron un papel preponderante a la hora de llevar ante la justicia a quien, como parte del poder concentrado, había protagonizado una de las páginas más siniestras del terrorismo de Estado en la historia reciente.

Asuntos públicos, negocios privados

Uno de los supuestos y de los principios centrales para el manejo de una república democrática afirma que las decisiones referidas a los asuntos comunes de gestión de la sociedad deben estar libres de cualquier sospecha razonable de una cohabitación de intereses entre quienes buscan obtener la concesión de un servicio público y aquellos que tienen la potestad de otorgarlo. También esta clase de cuestiones incumben a la manera concreta en que se manejan los recursos públicos. El uso de estos en función de los intereses privados de las personas que están ocupando la función de gobernantes, ya sea de ámbito nacional o local, constituye una perversión abierta de los principios democráticos y republicanos.
Este principio general admite diferentes formas de contextualización, que abren un arco de discusiones posibles, pero no admiten ninguna suspensión o puesta entre paréntesis de su vigencia o, mucho menos, la abierta transgresión a sus normas. Cabe decir que la burla efectiva a estos principios estuvo situada en una adhesión sobreactuada de los principios republicanos, degradados a mera propaganda partidista. Desde una perspectiva de derechos humanos esto constituye una perversión grave de las ideas republicanas y democráticas y una verdadera estafa política.
La experiencia de los gobiernos macristas en la ciudad de Buenos Aires así como su concreción a escala nacional entre 2015-2019 muestran un modo de manejo de la cosa pública en el que los principios republicanos y democráticos antes señalados fueron transgredidos de manera continua por el elenco empresarial y político que protagonizó ambos gobiernos.
La información disponible para este apartado es bastante amplia. aunque presumimos que podrá aumentar cualitativamente con la partida del macrismo del gobierno. Esto hace que compilar toda esta información en un solo apartado sea casi imposible. Nos proponemos entonces presentar una estilización de los hechos que contribuya a entender su lógica esencial.

El prólogo porteño
Como es sabido, la experiencia de Cambiemos estuvo precedida por dos gobiernos de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos macristas en la Ciudad se obtuvieron mediante la construcción de un partido híbrido (el Pro) derivado de la proyección de Mauricio Macri -como presidente del club Boca Juniors y como miembro de la cúpula empresaria argentina- hacia una escala política nacional. Caracterizamos al Pro como un partido híbrido, ya que reunió en ese momento las características de un partido vecinalista, que buscaba canalizar las demandas diferenciadas de los porteños, y de lo que se conoce como catch-all-party (partidos atrápalotodo), que responden a una lógica de poner temas que tengan gran impacto en la agenda masiva de los medios, la opinión pública y el sistema político, sin ocuparse gran cosa de su articulación concreta en un programa de gobierno. Es decir, aunque su materialización práctica presentase insalvables contradicciones para implementarlos o fuesen hasta lógicamente un contrasentido, lo que buscaban obtener era una adhesión afectiva y no programática, que se basaba en elementos evidentes de un sentido común genéricamente conservador.
Estos objetivos fueron ampliamente alcanzados en el ámbito porteño; y se continúan hasta nuestros días. La lógica práctica de los Gobiernos de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires se apoyó en ese sentido común extendido entre los porteños, pero su concreción implicó una práctica de gobierno rígidamente organizada en base a intereses corporativos de ciertos núcleos de grandes empresarios. Pero no se trataba de un elenco político que llevaba adelante un programa favorable al gran capital; ni siquiera de que los gobiernos macristas en la CABA tuvieran una importante cuota de empresarios, sino más bien de que los vínculos entre los que recibían concesiones del gobierno y los integrantes de ese gobierno eran muy próximos o, más aun, en ciertos casos constituían un mero pase de manos.
El caso más notorio fue la adjudicación de numerosas obras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a una empresa de Nicolás Caputo. En una manifestación casi folklórica de falsificación demagógica de los hechos, Mauricio Macri manifestó en varios reportajes efectuados por el periodismo amigo, unas semanas antes de llegar a la presidencia, que Nicolás Caputo no había sido adjudicatario de ninguna obra pública bajo su gobierno. Macri, para hacer una falsa gala de usos republicanos, se refirió sesgadamente a la empresa Caputo SA, la cual efectivamente nunca fue proveedora de servicios para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos mientras Macri fue Jefe de Gobierno. Para trabajar en el ámbito municipal Nicolás Caputo utilizaba a la constructora SES SA, la cual también está bajo el control de su grupo empresario. Solamente cuando trabajaba con el Gobierno Nacional (ocupado en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner) el “mejor amigo” de Macri lo hacía con el emblema de su nave insignia Caputo SA¹¹. La constructora SES SA oficiaba como el “nombre artístico” al que recurría Caputo para aprovechar los favores de su amigo a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La trampita no era difícil de descubrir por cualquier investigador un poco despierto, pero lo difícil era que esa verdad pudiese atravesar la acorazada defensa que el sistema privado de medios brindó a Macri.
SES SA recibió jugosos contratos de la Ciudad de Buenos Aires¹². El monto de éstos varía desde 1000 millones de pesos según la nota del diario Perfil que hemos citado hasta 1200 millones según el periodista Alfredo Zaiat en Página 12¹³. Este último detalla el tipo de obra que estuvo a cargo de SES SA, lo cual incluyó la ejecución del Plan integral de adecuación de edificios escolares (asociada con MIG SA), así como el mantenimiento permanente de 52 escuelas situadas en las Comunas 1 y 2 de la Ciudad, el mantenimiento de “áreas verdes” en la zona sur (en una UTE con Mantelectric SA), la obra de rehabilitación del Palacio Lezama (ex Canale) para la instalación de oficinas del GCBA por más de 52 millones de pesos, el mantenimiento en exclusividad del microcentro y del metrobus de Juan B. Justo, la instalación de servicios de alta complejidad en el Hospital Tornú y otras numerosas instituciones sanitarias dependientes de la ciudad. La lista, por supuesto, es más amplia. El que esta empresa se haga cargo de estos trabajos no está mal en sí mismo, dado el ordenamiento socio-político vigente. Lo que sí es enteramente censurable, según las propias reglas del sistema, es que la constructora SES manejada por el grupo económico de Caputo lograse obtenerlas por mecanismos fundados en la cercanía con el grupo político que ocupa transitoriamente el gobierno. Este hecho violenta la legalidad republicana de tal forma que Mauricio Macri se sintió obligado a mentir cuando fue interrogado por esta cuestión por el periodismo, aunque éste sea muy amigo y no acostumbre a repreguntar cuando lo entrevista.
Asimismo, el uso que Mauricio Macri hizo de los recursos del Estado en su primer gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para espiar tanto a opositores, como a algunos parientes políticos, implican una privatización indebida de esos mismos recursos. El uso del concepto de “privatización” al que recurrimos no implica su enajenación para que los gestione un agente económico particular en su beneficio, sino que esos recursos continúan siendo públicos, pero son usufructuados en beneficio e interés privado de sus ocasionales gestores. Es un uso privado indebido de lo público. El que Mauricio Macri haya sido sobreseído cuando llegó a la presidencia de la República no implica la inexistencia de la red de espionaje, ya que prosiguió el proceso contra el resto de sus integrantes. Eso no está en discusión. Lo único que ocurrió fue una decisión política del Poder Judicial debido al obstáculo funcional que representaba el hecho de que la soberanía popular había favorecido a un individuo que arrastraba un procesamiento ratificado en varias instancias. El Poder Judicial, simplemente, se hizo responsable de la inocencia de alguien que muy difícilmente pudiera estar al margen de esos hechos. Puso en juego una de sus potestades legales que dieron por concluido el asunto en lo que refiere al entonces nuevo presidente¹⁴.
Por último, una de las políticas que con mayor continuidad han llevado adelante los sucesivos gobiernos de Cambiemos de la Ciudad de Buenos Aires es la venta de tierras públicas que se encontraban en manos del poder político porteño. Sostenemos que en este aspecto puntual se expresa también un manejo de la cosa pública en la que los bienes comunes de la sociedad son asignados (por vías mercantiles, pero por una decisión política arbitraria) a grupos empresariales privados. El motivo aducido por los gobiernos macristas para justificar esas ventas fue aumentar la superficie de espacios verdes y reducir la desigualdad entre la zona norte y la zona sur de la CABA.
La primera cuestión se sustenta en que solamente el 35% de los terrenos vendidos se podrá asignar a la construcción inmobiliaria y el restante 65% tendría que quedar como espacio público. En los papeles todo esto aparece como beneficioso, pero otros cálculos que incorporan como variable el resto de la urbanización porteña concluyen que, proporcionalmente, podrían perderse espacios verdes si se contempla toda la película¹⁵. Según la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, por lo menos 150 hectáreas de las superficies privatizadas pertenecen mayoritariamente a espacios verdes absorbentes, lo que perjudica el resguardo que tiene la ciudad respecto a las lluvias¹⁶.
La segunda cuestión es necesario relativizarla mucho, ya que el parámetro de reducción de la desigualdad entre norte y sur de la ciudad que toman los gobiernos macristas se basa en el aumento del valor del suelo en la parte sur de la CABA¹⁷. Hay por lo menos dos argumentos para objetar a esta apreciación. En primer lugar, esto es mirar el problema desde el punto de vista de aquellos que ya tienen una vivienda en una ciudad en la que cerca de la mitad de sus habitantes son inquilinos. El aumento del valor del suelo en Zona Sur significa que se vuelve más difícil el acceso a la propiedad de una vivienda propia. Pero en todos los demás parámetros la desigualdad entre la Zona Norte y la Zona Sur de la ciudad se ha profundizado. En cuestión de ingresos por persona el promedio del ingreso del habitante de Zona Norte fue 119,57% superior al del habitante de Zona Sur¹⁸. La mortalidad infantil es del 8,3% en la parte Sur de la ciudad, mientras que es del 5,4% en la Zona Norte. La desocupación de Zona Sur duplica a la del Norte de la Ciudad: 16,9% contra un 7%¹⁹. La desigualdad en las condiciones materiales de vida, lejos de haberse atemperado, parece reforzarse cada vez más a partir del desarrollo prolongado del experimento macrista en la CABA²⁰.
En resumen, se puede afirmar que la política de venta de tierras públicas de los Gobiernos de Cambiemos en la CABA estuvo lejos de obtener los resultados planteados por el oficialismo. Desde nuestra ubicación como organización defensora de los derechos humanos, esta política permanente expresa una enajenación mercantil de los bienes comunes de la sociedad que nos parece completamente opuesta al interés general y viola los derechos humanos de sus habitantes.
Al llegar Mauricio Macri a la presidencia de Argentina, el proceso de ventas de tierras públicas aceleró su ritmo. Ello se favoreció por la sinergia que implicó la actividad combinada del Gobierno de la Ciudad, con la del macrismo en el Gobierno Nacional. Durante las dos gestiones de Macri en la Ciudad, entre 2008 y 2015, se privatizaron 205,8 hectáreas. Durante la administración de Larreta, de 2016 a 2019, la Ciudad enajenó 225,65 hectáreas y otras 20,5 hectáreas a través de los convenios de transferencia de tierras de Nación a Ciudad, es decir un total de 246,45 hectáreas; la acción concertada entre las dos jurisdicciones en este frenesí privatizador queda claramente a la vista. A ello hay que agregar otras 20,58 hectáreas liquidadas por la AABE (Agencia de Administración de los Bienes del Estado), lo que hace un total de 472,83 hectáreas entregadas al sector privado²¹.

¿Virtudes republicanas?
El contexto en el que la coalición macrista alcanzó el gobierno nacional estuvo precedida por varios años de que, tanto estas fuerzas políticas como el sistema privado de medios (y la incorporación posterior de la justicia federal), hicieran una agitación política en la que se diagnosticaba una situación gravísima en lo referente al manejo de los asuntos públicos. El planteo llevaba a caracterizar que se había atravesado una línea en el estado de la corrupción derivada de la política. La conclusión a la que se arribaba era que el gobierno kirchnerista había sido claramente el más corrupto desde la reinstalación del orden constitucional en 1983. Sin ser nuestro cometido como organización de derechos humanos defender ninguna clase de situación específica referida a presuntos o reales manejos corruptos del gobierno anterior al de Cambiemos, sí podemos decir que esta evaluación tan negativa del período 2003-2015 en lo referente a problemas referidos a la corrupción responde más a una opinión políticamente negativa de esos gobiernos que a la disposición de una abundante e indiscutible prueba de manejo corrupto de los asuntos públicos, como ha quedado a la vista, durante los años del Gobierno de Cambiemos, en el nulo avance de los procesos de una serie de hechos caracterizados anticipadamente como corrupción, sin que existiera hasta hoy una evidencia razonable que lo corroborara²².
La llegada al gobierno de la coalición macrista combinó una situación de exigencia en lo referente al manejo republicano del Estado por parte de un amplio sector que apoyaba a Cambiemos con la historia bastante vidriosa del grupo económico empresario fundado por Franco Macri y dirigido por su primogénito Mauricio. El origen y el desarrollo del grupo Sociedades Macri (SocMa) ha estado acompañado por numerosos cuestionamientos y procesos judiciales que, en cierto sentido, ponen en entredicho la adecuación de que el principal miembro de este grupo empresario puede levantar las banderas de la anticorrupción con un mínimo de verosimilitud. De todas maneras, aunque hayan pesado factores como la protección mediática en favor de la carrera política de Macri, hay una parte amplia de la sociedad argentina que pudo sobrellevar esa contradicción en los términos de la realidad, sin entrar en crisis con su manera de concebir los hechos.
Nuestro objetivo a continuación es destacar una serie de situaciones que ejemplifican esta problemática.

Autopistas del Sol
Sideco, una de las principales empresas que componen Socma, manifestó su disposición a desprenderse de todos los negocios que se encontraban incluidos en una situación de conflicto de intereses. La concesión del Acceso Norte, conformado como empresa bajo el nombre de Autopistas del Sol desde la década de los noventa, se encontraba en esa situación. En mayo de 2017 se desprendió de 6.184.219 acciones Clase “E” escriturales a cambio de 19,7 millones de dólares²³. Sideco se benefició de la ingente valorización de las acciones de Autopistas del Sol desde que Mauricio Macri alcanzó la Presidencia. El valor de la acción de la empresa, que cotiza en la Bolsa porteña, escaló desde $18 a los $89 en los que cotizó al momento de venderse. El alza alcanzó el 394%. El incremento decisivo en esa cotización ocurrió luego del 17 de febrero, cuando entraron en vigencia las nuevas tarifas de los peajes para los accesos a la Ciudad. En resumen, la venta de las acciones fue realizada 15 meses después de su llegada al gobierno y contó, para el éxito de la venta, con el apoyo de medidas gubernamentales concretas como el aumento de los peajes.
Macri estaba en los dos lados de la ventanilla. Haciendo de abogado del diablo, se puede decir que este asunto no lo benefició personalmente a Mauricio Macri, pero las ganancias de la venta involucran a familiares directos. Si analizamos esta cuestión en base a los principios republicanos y democráticos solo cabe concluir que estos procedimientos implican una burla completa respecto al manejo de los asuntos comunes de la sociedad²⁴.
Pero eso no fue todo. Tres días antes de que Macri asumiera la presidencia, Autopistas del Sol inició una demanda ante el CIADI²⁵ y contra el Estado argentino por más de 1100 millones de dólares. Ante este hecho, Guillermo Dietrich (ministro de transporte) y Javier Iguacel (director de la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del anterior ministerio) decidieron llevar a cabo un arreglo con la empresa que dejara en 499 millones de dólares la cifra a pagar por parte del Estado Nacional.
Este tipo de procedimientos buscaban aparecer como medidas que evitaban un mal mayor al Estado y a la sociedad, pero en verdad constituían un despojo al presupuesto público con la finalidad de beneficiarse entre amigos cercanos al gobierno. Las supuestas virtudes republicanas de Cambiemos escondían una práctica saturada de vicios privados, que buscaban aparecer como defensores de interés de la sociedad.
¿Cuáles eran los problemas que tenía este asunto? El primer problema es procedimental. El arreglo fue hecho sin que el Estado Argentino hubiera realizado ninguna clase de auditoría, ni informe financiero que diera cuenta de la situación de Ausol, de las características de su demanda y de los numerosos elementos de defensa que las autoridades argentinas podían invocar respecto a la pertinencia de esta demanda. Por el contrario, Dietrich e Iguacel decidieron arreglar de inmediato la demanda ante el CIADI por la cifra mencionada²⁶. Si contemplamos esta cuestión considerando este solo elemento, hay una sólida base para tipificar mal desempeño de la función pública, ya que los funcionarios implicados no tomaron todas las medidas que tenían a su disposición para la protección del interés del Estado.
El segundo problema es el que termina dándole toda su gravedad a este asunto. Y es el mismo tema que acompaña al macrismo como la sombra al cuerpo en la mayor parte de las áreas de gobierno: estar de los dos lados; en el gobierno y en el campo privado. El lector que siguió nuestro relato habrá advertido que el arreglo de la demanda de Ausol ante el CIADI fue previo a que SOCMA se desprendiera de sus acciones en la empresa²⁷. Beneficio privado garantizado desde la función pública y decidida por los mismos que iban a obtener ese beneficio.

La causa del Correo Argentino
Esta causa tiene su origen en la concesión del Correo Argentino que el grupo Macri obtuvo en 1997 y manejó hasta el 2003; fecha en la que el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato mediante un DNU. Allí se explicaba que la empresa sólo había cumplido con el pago del canon durante el primer año de concesión y que en el 2001, cuando la empresa presentó un concurso de acreedores, la deuda del Correo con el Estado en concepto de canon ascendía a $296 millones²⁸, que en ese entonces equivalían a US$ 296 millones, porque en el país regíala ley de convertibilidad.
Después de la anulación de la concesión del correo a una sociedad en la que el grupo Macri poseía el 69,2 % de las acciones²⁹, había que arreglar la deuda que los gestionarios mantenían con el Estado argentino. Entre 2003 y 2015 los sucesivos gobiernos kirchneristas rechazaron las propuestas de pago del grupo empresario. Esto, en verdad, era una ventaja para el grupo Macri que consiguió eludir el pago a sus acreedores durante 15 años y mantener un juicio en estado de suspensión sin pagar ningún costo. Para la sociedad argentina y el Estado significó un importante perjuicio fiscal y de patrimonio. Una vez pasado el gobierno de Néstor Kirchner y el pasaje a la oposición activa de amplios sectores de la cúpula empresarial, de la pequeña burguesía, de significativas corporaciones económicas, del sistema privado de medios y con la incorporación de Mauricio Macri al sistema político, las condiciones para concluir el diferendo sobre el Correo Argentino de la manera más favorable para la sociedad argentina se fueron perdiendo. El problema quedó pendiente por causa de esa situación general³⁰, lo cual benefició a la táctica del grupo empresario.
Cuando llegó Mauricio Macri a la presidencia se hizo el intento de solucionar la cuestión aceptando un arreglo al diferendo claramente beneficioso para el grupo empresario de su familia. Esto fue impugnado por la fiscal Gabriela Boquín³¹ y la cuestión pasó de los ámbitos discretos del poder político, muy favorables al secreto, a la escena política pública, en la que esta cuestión pasó a ser entendida a partir de las coordenadas más generales de la situación del país entre 2016 y 2019.
El punto más importante de desacuerdo se encuentra en el monto de la deuda. El grupo empresario siempre buscó pagar pesos argentinos posconvertibilidad y no su equivalencia jurídico-política fijada por la ley de convertibilidad, vigente en el momento que se convoca el concurso de acreedores. A esto hay que agregar que sus propuestas de pago incluían plazos muy laxos y favorables. Todo esto hay que insertarlo en el marco de las ambigüedades y huecos de la ley argentina de concursos y quiebras.
La propuesta concreta que acordó el grupo empresario con Oscar Aguad, representante del gobierno en la negociación fue pagar el 100% del capital, 296 millones de pesos posconvertibilidad, entre 2017 y 2033 con un interés anual del 7%. Es importante tener en cuenta que dos semanas después de haber llegado a este acuerdo entre la empresa y el Estado, Correo Argentino inició una demanda contra el Estado en la que reclamaba 2300 millones de pesos con un interés del 11% anual. A esto hay que sumar el desplazamiento de Juan Pedro Zoni, uno de los fiscales que intervenía en la causa del Correo Argentino³².
Tenemos, en este asunto, algunos puntos comunes con lo antes visto. Lo principal es la situación anómala de poder estar de los dos lados del mostrador: ser el gobierno y poder beneficiar al grupo familiar mediante decisiones de políticas públicas. Lo que tuvo de distinto el accionar del Gobierno de Cambiemos fue una dosis bastante mayor de intervención en el aparato judicial, presionando para obtener resultados favorables y castigar a quienes, en ese ámbito, se les oponían. Fracasaron en agosto de 2019 cuando interpusieron un recurso para declarar nula la causa y cerrarla³³.
El estado actual de la causa no está definido y encuentra al grupo empresario que vuelve a sus tácticas de elusión y desgaste. Nuevamente, intenta socializar las pérdidas de su accionar a costa del conjunto de la sociedad.

La “revolución de los aviones”
El Gobierno de Cambiemos llegó al poder político con la voluntad de hacer una gran transformación social que fortaleciese a las llamadas fuerzas del mercado. El objetivo manifiesto de esos propósitos suponía la ampliación de recursos y oportunidades para los consumidores. Este ha sido el discurso oficial para impulsar, por ejemplo, lo que el gobierno de Macri llamó la “revolución de los aviones”. En la práctica significó muchas veces la presencia del interés personal de algunos funcionarios y de empresarios amigos en la estructura de negocios que se buscaba impulsar.
La revolución de los aviones implicó un cambio drástico de las rutas aéreas dentro del país en beneficio del capital privado y en detrimento de la aerolínea pública. La reorganización llevada a cabo por el macrismo otorgó las rutas aéreas de cabotaje más rentables a líneas aéreas low-cost, mientras las rutas menos rentables, pero vitales y estratégicas para la conectividad en un país de las dimensiones de Argentina, siguen siendo cubiertas exclusivamente por Aerolíneas y Austral. Esto fue acompañado de descuentos impositivos considerables (por ejemplo, en Bariloche y Córdoba).
Paralelamente a ello, el macrismo redujo los subsidios otorgados a Aerolíneas Argentinas, levantando el objetivo de eliminarlos completamente para el 2019. Ese desfinanciamiento incluía entre sus planes la venta de activos y el incremento de deuda en moneda extranjera por miles de millones de pesos³⁴.
El Gobierno de Cambiemos tomó el remanido discurso del capital privado que afirma falsamente de que en ningún país el Estado subsidia a las aerolíneas nacionales. Es muy conocido que tanto Qatar y Emirates reciben un ingente subsidio por parte de sus gobiernos, para apoyarlas en su competencia por ganar mercados. El avance de esas compañías en el mercado norteamericano llevó a que el gobierno de EEUU, antes de Trump, comenzara a levantar barreras proteccionistas para que las aerolíneas privadas nacionales no perdieran más pasajeros. Esta puntualización no busca negarle al Gobierno de Cambiemos el derecho a implementar la política aérea que consideraban correcta, sino destacar que el apoyo económico estatal a una aerolínea pública no constituye ninguna clase de situación anómala, ni a contramano de lo que sucede en el resto del mundo³⁵.
El principal actor económico en el sector, impulsado por el Gobierno de Cambiemos, han sido las empresas lowcost, que ampliaron considerablemente su incidencia en el mercado aerocomercial en Argentina. En general, en este rubro ha sido notoria la participación de varios de los funcionarios más importantes del gobierno. Gustavo Lopetegui, quien fue vicejefe de gabinete y siguió involucrado en el gobierno como “asesor” de Mauricio Macri, es accionista de LAN Argentina. Mauricio Macri es socio de Avian, la empresa conformada entre Avianca y MacAir (empresa del ex presidente)³⁶. NorwegianAirlines vino al país acompañado de un acuerdo personal con el ministro de transporte Guillermo Dietrich. Flybondi se encuentra estrechamente vinculada a Mario Quintana, quien se alejó del gobierno pero retuvo su influencia en la política implementada en esa materia.
Consideremos que estos elementos enumerados en los que se favorece no solamente al capital privado en detrimento de las empresas públicas sino también, de manera muy concreta, al interés particular de funcionarios de un gobierno constituye una transgresión más a las normas republicanas y democráticas de administración competente y correcta de los bienes públicos.
Por último, es necesario relativizar ciertos éxitos de esa política pública, que el anterior oficialismo macrista ha resaltado como un gran logro. Dietrich y los funcionarios macristas han destacado el aumento en el número de viajes en avión que trajo consigo la llegada de las lowcost en el mercado aeronáutico argentino. Comparando 2019 con 2015 se registró un aumento del 82%³⁷. Pero no puede dejar de considerarse que la mayoría de las compañías que ingresaron al mercado argentino están operando por debajo de los precios de costo³⁸. Esta clase de políticas de dumping suelen aplicarse cuando se quiere ingresar en un mercado que, a priori, puede parecer reacio o difícil de ingresar. Pero no solamente por esa razón. Es habitual que la táctica del dumping no sea sólo una política para entrar en un mercado. También es una táctica para dañar a determinados competidores. Y sin duda el destinatario del dumping es Aerolíneas Argentinas. Esta opción de los sectores corporativos puede ser registrada a través de las representativas opiniones de un economista de la universidad San Andrés que afirmó que las lowcost compiten contra una empresa como Aerolíneas Argentinas, que tiene una participación de 63% del mercado, y que es deficitaria pero está subsidiada por el Estado, lo que le permite afrontar períodos económicamente malos³⁹. Parece poco discutible que la política de Cambiemos en torno a Aerolíneas Argentinas se orientaba en el mismo sentido de desplazarla en la mayor medida posible del mercado aeronáutico.
De una manera similar a otros momentos de la historia económica argentina, las políticas para favorecer al capital privado implican simultáneamente perjudicar la infraestructura material producida a través de muchos años por el esfuerzo del conjunto de la sociedad.

Una hipótesis perturbadora: el vínculo con la mafia calabresa
Esta hipótesis ha sido propuesta por el filósofo y crítico literario Rocco Carbone y el fallecido economista Jorge Beinstein. Como organismo vinculado a los derechos humanos no somos quienes vamos a acreditar o garantizar la verdad de esta hipótesis. Sin embargo, creemos que en un balance de los Cuatro Años de Gobierno de Cambiemos no puede estar ausente como un elemento que contribuye a explicar algunas de las situaciones que analizamos, aunque sea a título de hipótesis. En concreto, lo que plantean los autores citados es la existencia de un vínculo de la familia Macri con la ‘Ndrangueta, la rama calabresa de la mafia. Esa organización mafiosa se ha beneficiado durante décadas de la mayor notoriedad adquirida por sus pares sicilianos para, a partir de su escasa visibilidad, llevar a cabo una acumulación de poder cada vez mayor.
Inicialmente la ‘Ndrangheta asentó su poder en el contrabando de tabaco, en la clásica práctica mafiosa de la “protección” y en el llamado “caporalato”⁴⁰. Posteriormente, agregó el manejo clientelar de la obra pública, la imposición de servicios de vigilancia y seguridad y, cada vez a mayor escala, el tráfico de drogas duras. La ‘Ndrangheta ha desarrollado importantes actividades delictivas en Canadá, Brasil, Holanda, Estados Unidos y adquirió notoriedad en Colombia⁴¹.
La hipótesis del vínculo de la familia Macri con la ‘Ndrangheta tiene su base en la existencia de dos genealogías familiares paralelas: los Macrí de Siderno y los Macri de Polistena. Los segundos son los parientes de Franco y Mauricio Macri. Los Macri de Argentina habrían perdido el acento final del apellido al emigrar a nuestro país. La historia de los principales referentes de ambas genealogías familiares, Antonio Macrì y Giorgio Macri⁴², presenta numerosos agujeros y ausencia de información que abarcan unos cuantos años. Sin embargo, la información existente sobre ambos personajes siempre termina transitando por ambientes parecidos: el vínculo con el fascismo italiano, los negocios alrededor de la obra pública y el “caporalato”. En el caso de Antonio, la pertenencia explícita a la ‘Ndrangheta y la sospecha en el caso de los Macri de Argentina. Esa sospecha no es privativa de individuos o actores políticos contestarios. Alguien absolutamente insospechado de abrigar sentimientos adversos al establishment argentino, como el editor Jorge Fontevecchia manifestó abiertamente su interpretación de los vínculos estrechos de Giorgio Macri con esas constelaciones de poder. Fontevecchia escribió:
La mafia calabresa, la Ndrangheta, desplazó a la siciliana y es hoy la mayor organización ilegal del mundo. En ese contexto tuvo que progresar el abuelo de Macri, Giorgio, quien siendo hijo de una familia de terratenientes en Calabria, antes de la Segunda Guerra Mundial, fundó el Partido del Hombre Común (l’uomo qualunque) que, salvando las enormes distancias de tiempo y espacio, tiene algunos puntos de contacto con el PRO, aunque el parecido más relevante sea con el padre del presidente, Franco, porque Giorgio Macri tuvo la concesión del Correo en parte de Italia antes de tener que venirse a la Argentina⁴³.

Otro elemento, más cercano en el tiempo, es la entrevista que Mauricio Macri tuvo en la cárcel bogotana de La Picota con uno de los jefes más importantes del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. El objetivo era adquirir para Boca Juniors al arquero Oscar Córdoba del América de Cali, que estaba en manos de este grupo de narcotraficantes⁴⁴. Las pasiones futbolísticas son una cuestión importante en la Argentina, pero hay que tener una gran confianza en una persona para aceptar que si se entrevista con un mafioso narco la conversación se limite a un solo asunto.
También existe un aspecto en el comportamiento económico estructural común tanto a la mafia como al grupo Macri: la incorporación decidida a las prácticas off shore, la shadowbanking y las guaridas fiscales. En el caso de las mafias esas prácticas son una necesidad evidente para preservar y aumentar su riqueza. No está de más recordar que Mauricio Macri fue el único mandatario que no se vio afectado cuando se descubrió su nombre en los Panamá Papers.
El análisis de Rocco Carbone, que fue quien instaló la cuestión de la ‘Ndrangheta en el debate público de Argentina⁴⁵, plantea que en Italia la mafia nunca alcanzó a manejar el instrumento estatal pese a la gran influencia que tiene en la sociedad civil. Pero se pregunta si no se estará asistiendo a ese fenómeno en la Argentina a partir de que Cambiemos llegó al gobierno. Carbone calificó a este gobierno como un poder de “tintes mafiosos”. Define a la mafia como
el uso indiscriminado de la violencia privada, extra institucional, que con Cambiemos se estatalizó, y luego negocios lícitos e ilícitos al mismo tiempo, negocios espurios. Eso es la mafia, la acumulación de capitales que viene tanto de lo ilegal, donde sirve el uso de violencia para hacer circular los productos, como los negocios legales que se llevan a cabo entre familias, o clanes, y el propio Estado⁴⁶

Para Rocco Carbone hay dos características de la alianza Cambiemos que la aproximan a una lógica mafiosa. La primera característica es la institucionalización de la violencia. Dice:
La herramienta principal es la violencia, que tiene muchos matices. Uno es la amenaza, otra es la fuerza pura y dura a través de la Policía, y otra a través de la represión. Cosas que vimos en los cuatro años como política del gobierno a cargo de la ministra de la inseguridad Patricia Bullrich.⁴⁷

La segunda característica es
la lógica familiar. Toda mafia se articula alrededor de un núcleo duro de poder social que es la familia. Esa lógica está altamente en la lógica de poder de Cambiemos ¿cómo? Porque los funcionarios de primera línea son elegidos dentro de la familia: hijos, hermanos, primos, amigos de la vida⁴⁸.

En otro reportaje define las prácticas políticas que se desprenden de las mafias:
El Estado para la mafia es una caja, una herramienta para hacer negocios y aumentar sus capitales⁴⁹

Sin duda, estas apreciaciones de Rocco Carbone, así como los trabajos de Beinstein y Cieza son polémicos y no están probados en el sentido jurídico, pero se han elaborado en base a elementos y prácticas que se corresponden con varios elementos de la realidad. De confirmarse la hipótesis, planteada por Carbone y Beinstein-Cieza, el Gobierno de Cambiemos constituirá un caso inédito en el área de las ciencias políticas.

Conclusiones
La trayectoria del macrismo en el gobierno nacional, con su prólogo porteño (que continúa), levantó banderas de transparencia administrativa combinadas con la suposición de eficacia empresaria en la gestión⁵⁰. La imagen más genérica de ello era la de un retorno a los valores de una república, tal como ésta ha sido concebida por los sectores conservadores de Argentina.
Lo explicado en este Apartado no pretende ser un balance del Gobierno de Cambiemos, sino una puesta en cuestión de sus pretensiones de adalid de la honestidad y la transparencia republicana. La práctica concreta del macrismo ha sido la de un conjunto de empresarios que se han manejado con sus propias reglas e imágenes del mundo, las cuales pocas veces coinciden con las reglas y normas jurídicas y políticas republicano-democráticas. Cuando sus intereses y esas reglas de juego entran en contradicción, la norma de conducta ha sido hacer a un lado éstas últimas y proseguir en la realización de sus objetivos. La trayectoria del ex presidente ha sido un raid bastante exitoso en la escena pública que le ha permitido mejorar sus negocios particulares y acceder a mayores porciones de poder económico-social en su relación con otros importantes actores empresariales de la sociedad argentina. Muy lejos de esto queda el “idealismo” republicano con el que se maquilló para llegar al poder político.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos consideramos que haber usado un patrimonio común en beneficio exclusivo de minorías sociales atenta contra la de democratización de los bienes comunes y perjudica el disfrute de los derechos humanos de la mayoría.

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Referencias
¹ https://www.letrap.com.ar/nota/2019-11-5-8-46-0-durisimo-informe-de-la-onu-por-presion-a-juecesdel- gobierno-macrista
² La propuesta de los deudores fue:
• pago del 1% del capital en cada una de las primeras cuatro cuotas anuales (de la 1 a la 4);
• pago del 2% del capital en cada una de las cuatro cuotas anuales siguientes (de la 5 a la 9);
• pago del 3% del capital en cada una de las siguientes dos cuotas anuales (cuotas 10 y 11);
• pago del 15% del capital en cada una de las siguientes dos cuotas anuales (cuotas 12 y 13)¸
• pago del 20% del capital en la cuota anual 14;
• pago del 30% del capital en la cuota anual 15;
• en la cuota anual 16 fijó el pago de los intereses acumulados durante esos 15 años, con un interés anual de 7 por ciento.
Cabe aclarar que el interés vigente en el año 2016 ascendía a más del 60%.
³ Véase Apartado Memoria, Verdad y Justicia
⁴ En diciembre, el Tribunal Oral Federal número 4 (TOF 4) otorgó la excarcelación al vicepresidente, Amado Boudou, después de pagar una caución de 1 millón de pesos. El 18 de febrero la sala IV de la Cámara de Casación revocó la medida, desde entonces el ex-vicepresidente se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
⁵ Situación de los Derechos Humanos Argentina 2018 – APDH. http://www.apdh-argentina.org.ar/sites/ default/files/u62/Situaci%C3%B3n%20DDHH%20Argentina%202018.pdf
⁶ Por sector popular nos referimos, siguiendo al académico Guillermo O’Donnell, a la clase obrera y los sectores medios empleados y sindicalizados.
⁷ Sometiendo a procesos judiciales a las/os detenidas/os. Tal es el caso de Daniel Ruiz, militante del PSTU, privado de su libertad durante 13 meses bajo la figura de la prisión preventiva.
⁸ El 29 de diciembre de 2018 Milagro Sala fue trasladada a su hogar en San Salvador de Jujuy y cumple prisión domiciliaria.
⁹ La APDH realizó una presentación al Comité contra la Tortura denunciando el hostigamiento, las vejaciones y la violencia que sufrían las integrantes de la Túpac Amaru en el Penal de Alto Comedero, como también el vencimiento del máximo plazo que establecía la ley para la prisión preventiva, dado que, en todos los casos superaban los tres años privadas de su libertad.
¹⁰ Informe de la Delegación Internacional para Argentina, 7 al 14 de junio, 2018.
¹¹ Procedimiento explicado por la periodista Emilia Delfino en Perfil https://www.perfil.com/noticias/politica/el-mismo-grupo-de-empresarios-se-queda-otra-vez-con-el-negocio-20150524-0046.phtml. consultado el 17/01/2020.
¹² Llevados a cabo, en el caso de obras de gran magnitud, con el sistema UTE (unión temporal de empresas).
¹³ https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-287679-2015-12-06.html. consultado el 17/01/2020.
¹⁴ Había procedido de igual manera en agosto de 2002 cuando la Corte Suprema lo absolvió en la causa por el contrabando de autopartes desde Uruguay.
¹⁵ Cuestión planteada por Eduardo Reese del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). La Nación, 29 de abril de 2019. https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/en-dos-anos-ciudad-vendio-superficieequivalente-nid2242367. consultado 16/01/2020.
¹⁶ Página 12, 23 de noviembre de 2019.
https://www.pagina12.com.ar/232582-la-venta-de-tierras-demacri- y-larreta. Consultado el 16/01/2020.
¹⁷ Tomamos aquí el análisis del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
¹⁸ www.nueva-ciudad.com.ar>notas.
¹⁹ Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires publicado en febrero de 2018. En actualidad.rt.com.
²⁰ Para todas estas cuestiones es recomendable consultar el sitio web del Observatorio por el derecho a la ciudad. www.observatoriociudad.org
²¹ “Las empresas y empresarios que más se beneficiaron con el acceso a la propiedad de las tierras públicas mejor ubicadas en la ciudad son: Eduardo Elsztain a través de la empresa IRSA y del Banco Hipotecario, Eduardo Costantini a través de Consultatio, Grupo Inversa, que está en proceso de quedarse con los terrenos del playón ferroviario de Palermo, Sancor Seguros que compró inmuebles del playón ferroviario de Colegiales, TGLT S.A., Fideicomiso Bap y Techint a través de Santa María SAIF” Perfil, 11 de diciembre de 2019.https://www.perfil.com/noticias/equipo-de-investigacion/126-plazas-demayo-larreta-tiene-el-record-de-privatizacion-de-tierras-en-la-ciudad.phtml. Consultado el 17/01/2020.
²² Como es el caso de los procesamientos del juez Bonadío contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner o también de la llamada causa de los cuadernos.
²³ Clarín, 26 de mayo de 2017.
²⁴ La difusión que tuvo esta causa en determinados ámbitos de la sociedad civil se debió al trabajo del programa “Brotes Verdes”, conducido por el periodista económico Alejandro Bercovich.
²⁵ Institución que forma parte del Banco Mundial y tiene su sede en Washington. Su sigla en castellano significa Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.
²⁶ Lo Nuestro. Noticias de zona Norte, 14 de junio de 2019.
²⁷ En La Nación del 17 de diciembre de 2018, el periodista Diego Cabot pasa por alto esta secuencia y hace una enumeración de los hechos que se parece a un panegírico de la conducta empresaria del grupo Macri en Ausol.
²⁸ Ver La Nación, 19 de noviembre de 2003 en relación con la magnitud de la deuda.
²⁹ Ídem anterior.
³⁰ A esto hay que sumar los vínculos de Franco Macri con el gobierno chino, relación comercial que era de importante interés para los gobiernos kirchneristas.
³¹ Véase Apartado Situación del Poder Judicial.
³² Sobre estos puntos consultar Chequeado, nota de Manuel Tarricone del 10 de febrero de 2017, El Destape, nota de Ari Lijalad del 6 de abril de 2018.
³³ La Nación, 21 de agosto de 2019. https://www.lanacion.com.ar/politica/ la-justicia-abrio-procedimientosalvataje-del-correo-nid2316987
³⁴ Corresponderá al actual gobierno una evaluación del grado alcanzado por el desmantelamiento de la empresa pública y un plan preciso para recuperarla.
³⁵ Clarín, 28/12/17 “Guerra abierta entre las aerolíneas de Estados Unidos y los países del Golfo” y también www.expansión.mx del 13/8/19 “El subsidio a las aerolíneas árabes tiene un efecto dominó”.
³⁶ Mauricio Macri tiene una causa derivada de esta situación y en la que es acusado de favorecer a su empresa con rutas comercialmente rentables para, posteriormente, poder venderla a un precio mejor del que hubiera obtenido si no hubiera facilitado esas adjudicaciones a su empresa. En la causa abierta por el fiscal Di Lello se señalaba además que las habilitaciones presentadas por Avian no se encontraban completamente en regla. Ver Página 12, 12 de mayo de 2017.
³⁷ En junio de 2019 se vendieron 1.191.000 pasajes mientras que en 2015 volaron 535.000 pasajeros. El Cronista, 9 de julio de 2019.
³⁸ Ver la nota de Patricia Valli en Perfil del 5 de mayo de 2019.
³⁹ Infobae del 10 de noviembre de 2019. La expresión no es textual, aparentemente, sino redactada por la periodista Ximena Casas, autora de la nota. De todas maneras, también transcribió un textual que va en el mismo sentido. Pablo Besmenisdrik, el economista aludido, declaró hacia el final de la nota que: ”Para que el sector siga creciendo quizás hay que revisar un poquito el rol de las empresas que lideran el sector, como Aerolíneas Argentinas. Cuando la economía cruje es difícil para un privado competir con alguien que no tiene problemas”.
⁴⁰ Es una práctica de contratación ilícita de mano de obra no calificada, que excluye los derechos laborales y que se realiza a través de un intermediario que se apropia de parte del pago del empleador. Esa práctica se originó entre los trabajadores agrícolas del Mezzogiorno y de la construcción en la parte septentrional de Italia. Con el avance de la legislación laboral la práctica del caporalato fue progresivamente absorbida por las mafias locales. Ver definición de caporalato en la página web del Instituto Treccani, dedicada al estudio de la cultura italiana.
⁴¹ Aquí es muy importante el papel de Salvatore Mancuso, considerado como el principal aliado de la mafia calabresa en Colombia y vinculado a los paramilitares y, al mismo tiempo a la DEA. Mancuso y su hijo tuvieron actividades en Argentina. Ver Clarín noticias, 22-10-2007 “Un viejo grupo criminal que se expandió a los cinco continentes”.
⁴² Padre de Franco y abuelo de Mauricio. Para consultar información sobre el pasado familiar de ambos linajes de los Macri se puede consultar Beinstein y Cieza (2019) El lado oculto de la famiglia Macri. Ediciones Ciccus. Jorge Beinstein había publicado previamente un libro sobre Mauricio Macri y el proceso político que lo llevó al poder político: Macri, orígenes e instalación de una dictadura mafiosa (2017) Ed. El Río Suena.
⁴³ Perfil, 23-04-2017. “Psicología de un presidente calabrés” por Jorge Fontevecchia. En el artículo se desliza un error. El Partido que se formó a partir de la revista L’Uomo Qualunque se fundó en 1946. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial. El título de la nota refleja, acertadamente, una característica relativamente poco conocida de Mauricio Macri. Es conocido como “el calabrés” en el mundo de los negocios.
⁴⁴ “El día que Macri se reunió en la cárcel con el capo del Cartel de Cali”. Perfil del 13-10-2017.
⁴⁵ Carbone, Rocco, “Andragathos” en Página 12 del 24-02-2017.
⁴⁶ En Orsai del 07-102019 “Filósofo italiano Rocco Carbone: La mafia copó el Estado en la Argentina”. Rocco Carbone compiló sus artículos sobre el tema en el libro Mafia Capital Cambiemos: las lógicas ocultas del poder (2019)en Editorial Luxemburg.
⁴⁷ Orsai. Op. cit.
⁴⁸ Orsai. Op. cit.
⁴⁹ Página 12, 14-01-2020. Entrevista con Rocco Carbone: “Las mafias, el macrismo y las lógicas de poder”
⁵⁰ Esta fe en la eficacia empresarial es una creencia muy extendida en la sociedad argentina. Combina las variantes puras y más literales de la creencia en valores empresariales con versiones anti-políticas de ella, como la tan conocida expresión de que “es rico, no necesita robar”.

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