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Argentina 23 de Febrero

"Tocar fondo", análisis de la APDH

EL TERCER SAQUEO NEOLIBERAL

Por APDH

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, acaba de publicar un detallado balance del paso del macrismo.
La investigación se divide en el marco económico-social, Derechos Humanos, Justicia, Salud, Educación, Ciencia y Cultura, Trabajo, Situación de la niñez y adolescencia, Situación de las personas adultas mayores, Políticas de género, Políticas ambientales y Política exterior.

Marco económico-social

En este capítulo se analizará cuál fue el contexto material en el que la mayoría de la población argentina desarrolló su vida durante el Gobierno de Cambiemos. Las condiciones materiales de vida constituyen un marco que aumenta o perjudica los márgenes de libertad para las personas, según la naturaleza de las decisiones de política económica de los gobiernos nacionales. En el caso del Gobierno de Cambiemos, el aumento sostenido de la pobreza, las decisiones distributivas en favor de los grandes propietarios y el reinicio de un ciclo de endeudamiento masivo gestaron un contexto cada vez más negativo para las mayorías populares y una importante pérdida de la autonomía nacional de la Argentina.

Pobreza

Como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos nos consterna el aumento de la pobreza, que podemos observar cotidianamente en las calles de las principales ciudades por la cantidad de personas, incluso familias con niños pequeños, que duermen en las calles. Estas personas están privadas del derecho a la alimentación, la salud y la educación, entre otras cosas.
Al cierre de este Informe, la investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina1 informó que la pobreza en el tercer trimestre de 2019 alcanzó un 40,8% de la población, lo que significa que 16 millones de personas son pobres2 y la indigencia alcanza a un 8,9%, 3,6 millones de personas. Estos valores son los más altos en una década.

Luego de la gran crisis de 2001-2002, la pobreza alcanzaba al 49,7% de la población, unos 18,4 millones de personas y la indigencia era en 2003 de un 22,8% de personas.
En el primer semestre de 2015 el nivel de pobreza era del 19,7%, equivalente a 8,4 millones de personas3 y la indigencia se situaba en un 4,5%.
Es decir, durante los gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la pobreza había disminuido un 30%, 10 millones de personas habían podido salir de la pobreza. Esa disminución se había logrado gracias a un proceso redistributivo en favor de los asalariados (asignación universal por hijo, mejoras del salario mínimo, ampliación de la cobertura jubilatoria, etc.).
Ahora bien, pese a la promesa electoral del presidente Macri de que su gobierno iba a llegar a la «pobreza cero»4, la pobreza e indigencia siguieron aumentando (véase más arriba). Desde el año 2018, un año atrás, la pobreza se incrementó en 4 millones más de personas. En cuanto a la indigencia, aumentó al 7,2%, lo que significa que 3,2 millones de personas son indigentes (1er trimestre de 2019), porque sus ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica. Respecto al primer trimestre de 2018, hay un millón más de indigentes.

Cómo se llegó a este deterioro de las condiciones sociales
Una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno de Cambiemos fue la eliminación del «cepo»5, lo que significó una fuerte devaluación de la moneda6 y el consiguiente aumento de la inflación7. Esa medida favoreció principalmente a las grandes firmas agroexportadoras8 y perjudicó a trabajadores y jubilados debido a la inflación que generó el alza del tipo de cambio.
Otra de las medidas iniciales fue la eliminación de las retenciones a los cereales, la carne9 y la reducción de las retenciones a la soja. Ello implicó una transferencia hacia elsector agropecuario de 3.686 millones de dólares10. Esas medidas tuvieron un impacto directo y negativo en los precios internos11: perjudicó el consumo de los sectores populares12 y disparó la caída del salario real, es decir, impactó sobre las condiciones de vida de los trabajadores.

[...] se verifica un significativo aumento de la pobreza, [...] si en el segundo trimestre del año pasado13 había 8,5 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza, en la nueva situación serían entre 9,6 millones y 10,3 millones, según el escenario considerado. Son entre 1,1 millones y 1,8 millones que se suman a la situación de pobreza, como resultado del fuerte incremento de los precios de los artículos de consumo que siguió a la devaluación.14

El programa inicial de Cambiemos incluyó también el incremento del tipo de interés y la desregulación del mercado financiero, la apertura del movimiento de capitales (eliminación del encaje y reducción de los plazos de permanencia), eliminación de los controles a las importaciones y a las exportaciones de productos agrícolas, aumento del 6% en los combustibles, así como el incremento de tarifas para la energía eléctrica de entre 500% y 700%, reducción de los impuestos internos a los autos de alta gama (del 30% al 10% y del 50% al 20%) y fuerte expulsión de empleados públicos.
Esas primeras medidas del Gobierno de Cambiemos abrieron la economía argentina al mercado externo, incrementaron los costos de las empresas exponencialmente por el alza de tarifas y al mismo tiempo hicieron inalcanzable la financiación bancaria debido a las altísimas tasas de interés. Pese a ello, el Gobierno de Mauricio Macri no previó ninguna protección para las empresas medianas y pequeñas, las grandes proveedoras de puestos de trabajo. Esas medidas provocaron la caída de la actividad industrial, afectaron el empleo e iniciaron la destrucción del tejido productivo.
El Gobierno de Cambiemos cambió políticas regulatorias en manos del Estado, por el libre juego de la oferta y la demanda, es decir, transfirió a los sectores oligopólicos la capacidad de regular el mercado en su propio beneficio. Todas esas medidas, que significaron un shock ortodoxo, alimentaron la especulación financiera, fueron sumamente regresivas y perjudicaron a los sectores medios y bajos, por lo tanto, deterioraron las condiciones sociales en cuanto a la pobreza e indigencia.

Desigualdad en 2016
La inflación se aceleró en 2016, hasta llegar al 39,1%15, o según otras mediciones al 40%16, lo que impactó en el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, pensiones, planes sociales y trabajadores informales. En promedio, los salarios perdieron en términos reales un 7%.17
Entre 2003 y 2015, se había reducido, de 28 veces a 12,3 veces, la brecha entre el primer decil (altos ingresos) y el último (bajos ingresos), sin embargo, en 2016 producto de las medidas que acabamos de señalar volvió a incrementarse esa brecha y se situó en 15,32 veces. Las medidas del Gobierno de Cambiemos aumentaron la pobreza.
Por otro lado, en el año 2016, debido a esta disminución del poder adquisitivo de la población en general, a los aumentos de las tarifas de los servicios públicos (agua, gas y electricidad), así como el del combustible, y a los altos tipos de interés que dificulta el acceso al crédito, la industria manufacturera se vio inmersa en una situación muy difícil.
A este panorama, hay que agregar la apertura importadora que compite con los bienes nacionales.

Alta inflación en 2016 y 2017
Por medidas adoptadas por el Gobierno de Cambiemos, la caída en los ingresos reales fue enorme entre fines de 2015 y el segundo trimestre de 2016: salario privado registrado mediano (-13%), salario mínimo vital y móvil (-16%), jubilación mínima (-14%) y AUH (-14%). Es decir, el Gobierno de Mauricio Macri incrementó la indigencia en 2% y la pobreza, en 9%, en tal solo seis meses de gobierno18.
Pese a su sesgo contractivo, la política monetaria del Gobierno de Cambiemos, no logró reducir la inflación, pero sí asegurar el carry trade o bicicleta financiera, que conlleva un alto costo en intereses19 y tiene efectos negativos sobre el nivel de actividad económica.
El Gobierno de Cambiemos había fijado una meta de inflación para el año 2017 en 17%, meta que no se cumplió, ya que la inflación real fue del 24,8%, es decir un 7,8% más. Para el año 2018, la meta de inflación fue del 10%, modificada luego al 15%. Por esas razones, el PBI cayó un 2,2% en 2016, se recuperó en 2017 (año electoral) un 2,8% y a principios de 2018 se ubicó prácticamente al mismo nivel que en 2015, lo que pone de manifiesto el deterioro de las condiciones sociales.
Las reformas previsional y tributaria anunciadas a fines de 2017 tuvieron como consecuencia desfinanciar al Tesoro y favorecer al sector privado empresario. En 2018 el Tesoro Nacional perdió por esta causa casi $140.000 millones. Otra medida que contribuyó al deterioro de las condiciones sociales de los sectores bajos y medios, ya que significó menos recursos para salud, educación, ciencia y técnica, comedores, remedios para los jubilados, etc.
Después de 2017 se destaca un aumento importante en la tasa de pobreza de los segmentos de clase media no profesional del 4,9 % al 14,2 %.20
En febrero de 2018, el Ministerio de Trabajo publicó los datos de empleo, en el que se consignaba un aumento del 2,8% en los salarios de los trabajadores registrados durante 2017. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que en 2016 los salarios habían tenido una baja del 5,4%, por lo que en realidad los trabajadores registrados habían perdido un 2,7% desde 2015, mientras la reducción del poder adquisitivo de los jubilados fue de un 7% respecto a 2015.
En 2017 la balanza comercial fue negativa en US$8.515 millones, pero el mismo Gobierno de Cambiemos proyectó para 2018 un déficit comercial de US$5,6 millones, provocado especialmente por la apertura importadora, que también erosiona a la producción nacional. Y proyectó para años venideros, hasta 2020, el déficit comercial. Ese déficit comercial se financió con deuda externa. Otra causa del deterioro de las condiciones sociales.

Año 2018
¿Quiénes fueron los sectores que se vieron beneficiados de esta actividad económica? En principio, se destacó la actividad financiera21 que obtuvo una participación mayor en 0,74 % sobre los otros sectores, pero también el de la electricidad, gas y agua, un 0,61%; el sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (incremento de 0,49 %); en cuarto lugar transporte y las comunicaciones (incremento de 0,36 %).
Ninguno de estos sectores son grandes empleadores de mano de obra.
Entre los sectores que perdieron está la industria manufacturera, con un retroceso del 1,49%22, y la industria de la construcción, con 0,51%, ambas generadoras de puestos de trabajo, por lo que se comprende la caída de la actividad económica y el retroceso en el empleo23. La disminución del consumo se observa en la caída del sector mayorista y minorista, retroceso de un 0,40%.
La intermediación financiera fue la actividad con mayor crecimiento gracias a las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri: suba del tipo de interés, desregulación del sistema financiero, acuerdo con los fondos buitre, libre disponibilidad de divisas, entre otros. El régimen económico del Gobierno de Cambiemos se sostiene en la valorización financiera. Los ganadores han sido el capital financiero, las firmas que integran el oligopolio petrolero y las distribuidoras de electricidad, y los grandes terratenientes pampeanos. La economía del Gobierno de Cambiemos es una economía crecientemente primarizada, con eje en la especulación financiera, escasa transformación industrial y por lo tanto mayor desempleo.

En este contexto, la evolución de los ingresos laborales y no laborales de los hogares de sectores medios bajos quedaron por debajo de los aumentos que experimentaron los precios de bienes y servicios de consumo básico. Lo cual explica el fuerte aumento de la pobreza.24

Esta situación explica también el deterioro de las condiciones sociales en cuanto a la pobreza e indigencia, pero también de la clase media.

Pobreza en el 3er trimestre 201825
En el año 2018 el Gobierno de Cambiemos recurrió al Fondo Monetario Internacional (véase apartado especial). Se produjo una fuerte devaluación (el dólar pasó de $28 a $40), lo que provocó la aceleración de la inflación, la reducción del salario real y del empleo, peores condiciones laborales y el consiguiente desplome del poder adquisitivo. Es decir, con la llegada del FMI se deterioraron más las condiciones sociales en cuanto a la pobreza e indigencia.
Las reiteradas devaluaciones, el aumento de la inflación, el estancamiento, el aumento del desempleo y las medidas de ajustes acordadas con el FMI explican el deterioro.26
En el tercer trimestre de 2017, el 25% de las personas eran pobres y 5,1%, indigentes, la crisis de 2018 incrementó al 28,2% las personas pobres, un millón y medio más, y un 6% las personas indigentes, es decir, 418.000 personas más.
Los ingresos de la población (jubilaciones, salarios, pensiones, AUH) crecieron menos del 24%, mientras que el nivel de precios lo hizo al 35% y la canasta de pobreza se incrementó un 55%. Por lo que se profundizó el deterioro de las condiciones sociales en cuanto a la pobreza e indigencia.
Para poder evaluar las condiciones de la población, es necesario comparar los ingresos medidos en términos fijos, ya sea en dólares, o bien en el costo de una canasta de productos básicos. Las jubilaciones y salarios mínimos medidos en dólares ($160.- actualmente) son superiores a los de 2001 (US$120-140). Si se los compara en términos de canasta, vemos que la canasta básica aumentó un 35%, mientras que los planes sociales lo hicieron un 22%. En 2001 con un plan se podían adquirir 5,28 canastas y en 2018 sólo 4,77 canastas. Sin embargo, en 2015, último año del Gobierno de Cristina Kirchner, se compraba 7,27 canastas, lo que permitía mejor alimentación y mejores condiciones de vida.

La pobreza afecta con más intensidad a los segmentos sociales de trabajadores marginales y el de obreros y empleados, así como a los hogares del conurbano bonaerense. En los tres casos, la pobreza se viene incrementando de manera significativa desde 2013-2014, alcanzando en el tercer trimestre de 2019 los valores de 66,4 % y 51,8% y 51,1% de la población respectivamente.27

Si comparamos cómo en 2015 recibió el país el Gobierno de Cambiemos, se observa que hubo una reducción en las jubilaciones mínimas de un 39%, en los salarios mínimos del 45% y las ayudas sociales del 40%. Todo ello explica el deterioro en las condiciones de vida de la población, no sólo de los sectores pobres o indigentes, sino de la población en general.28

Decisiones económicas erradas
El Gobierno de Cambiemos adoptó una serie de políticas que contribuyeron a agravar los problemas estructurales, en vez de resolverlos. Dejó de lado el sector industrial y priorizó las ventajas comparativas agrícologanaderas, es decir, reprimarizó la matriz productiva y dio primacía al sector financiero. Empleó la deuda externa como mecanismo constante.
Los grandes ganadores fueron los sectores más concentrados del capital: bancos transnacionales, empresas extranjeras, entidades vinculadas a la energía, el sector financiero, el agroexportador. Todas las medidas estuvieron dirigidas a aumentar la rentabilidad de esos sectores.
Lamentablemente, los perdedores de esas políticas fueron las clases populares -en las que incluimos a la clase media- castigadas por la inflación, recesión y desempleo y las fracciones menos concentradas del capital: las pequeñas y medianas empresas (pymes)29. Se puede observar quiénes son los ganadores y perdedores de este gobierno en la cantidad de representantes empresarios del gabinete nacional, pero sobre todo en las políticas económicas adoptadas.
Este Gobierno de Cambiemos dejó de lado y castigó a los sectores más desfavorecidos: clase trabajadora, desocupados, jubilados, pero también clase media.

Conflicto de intereses
Durante estos cuatro años, se ha destacado en todo el gabinete del Gobierno de Cambiemos una importante participación (un 31%)30 de directores o altos funcionarios de grandes firmas privadas, sin experiencia en la gestión gubernamental, lo que pone de manifiesto una forma de articulación entre la elite económica y la elite política. Un 22% de los más altos funcionarios sólo se habían desempeñado en el sector privado, sin ninguna experiencia en la administración pública.
Observando las políticas llevadas a cabo por Cambiemos, cabe pensar que esos directivos han impulsado, desde los cargos públicos, sus demandas sectoriales y las convirtieron en políticas públicas, es decir, han privilegiado intereses individuales sobre el interés general. (el apartado Tarifas da cuenta de algunas de esas decisiones)
Esos funcionarios, es decir el Gobierno de Cambiemos, desde el Estado adoptaron decisiones en beneficio de sectores privados específicos que perjudicaron el interés público, priorizaron en la formulación de políticas y el cumplimiento normativo el interés corporativo de su sector de procedencia, sin que necesariamente haya habido sobornos directos, pero sí beneficios. Por lo general, las demandas del lobby sectorial se convirtieron en políticas públicas que favorecieron a ese sector, en detrimento del interés general, todo ello contribuyó al deterioro de las condiciones sociales de todos los argentinos, no sólo en cuanto la pobreza e indigencia.

Promesas de Mauricio Macri
En el discurso de asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015, el presidente había prometido31

Los bienes de Argentina son para todos los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios... este gobierno que iniciamos hoy va a trabajar incansablemente los próximos cuatro años para que todos los argentinos especialmente aquellos que más nos necesitan al terminar estén viviendo mejor.

Sin embargo, hoy al terminar su mandato, no podemos menos que advertir y señalar que los bienes de Argentina fueron para el uso de unos pocos, en puestos privilegiados del gabinete nacional, y que habrán trabajado incansablemente sí, pero para beneficio de los sectores privilegiados.
El resultado es un sistema económico basado en la desigualdad, que nos deja una crisis devastadora, que deterioró las condiciones sociales en cuanto a la pobreza e indigencia y de la mayoría de argentinos.

Tarifas

El macrismo, aun antes de llegar al gobierno nacional, planteó un diagnóstico que asumía la existencia de un considerable atraso en las tarifas de servicios públicos. Este diagnóstico no le pertenecía en exclusividad, era una evidencia indiscutible por la mayoría de los actores empresarios de Argentina. La instalación de este diagnóstico fue acompañada por la casi totalidad de los medios de comunicación de alcance nacional, con las habituales técnicas de imposición de agenda.
La justificación con la que se buscó legitimar ese diagnóstico se apoyó en dos aspectos. El principal fue la postulación de una “crisis energética” ocasionada por las políticas públicas con respecto a las tarifas de la etapa posterior a la convertibilidad. El origen de esta crisis era explicado por la “ruptura de contratos” que se había dado de hecho en la crisis de 2001 y su salida a través de un congelamiento tarifario que, según este argumento, acabó con la inversión. Hay que decir que hacia 2014-2015 ese diagnóstico consiguió extender su influencia en amplios sectores sociales que iban bastante más allá de los principales nucleamientos empresarios.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como organismo de derechos humanos, no puede de ninguna manera permanecer indiferente respecto a la problemática tarifaria. Una política determinada en este rubro puede facilitar, dificultar o vetar el acceso a recursos básicos como la luz, el agua, el gas o el transporte para las mayorías populares. La ampliación o profundización de la democracia, concepción solidaria con los derechos humanos, requiere una facilitación del acceso a los servicios públicos para las grandes mayorías. La gestión de estas empresas, para poder ser congruente con el ideal democrático, debe acercarse cada vez más a la condición de usuario y no ser reducido a la de cliente. La primera definición lo piensa como portador de derechos determinados, mientras la segunda solamente le permite acceder a lo que lleguen sus ingresos.
Esta consideración debe, además, ponderarse con relación al carácter de mercadería no transable que tienen los servicios públicos.
A partir de lo ya señalado acerca del diagnóstico del cual partió este gobierno, se puede decir que el macrismo orientó su política de tarifas de los servicios público en un sentido consecuentemente desdemocratizador.

Los servicios públicos entre 2015-2019
La energía eléctrica fue el caso más destacado en lo que refiere a un aumento brutal de los servicios públicos. Si se toma al 70% de los usuarios del Gran Buenos Aires se tiene un consumo moderado de 4004 kwh por bimestre, según datos del ex ministro de energía Juan José Aranguren32. Ese consumidor medio pagaba un kwh $ 0,042 y la boleta llegaba cada dos meses. En 2019, cuatro años, el kwh cuesta $2,84 y la factura llega mensualmente. Esto lleva a un aumento de 6600% con respecto a 2015. El cargo fijo de la boleta pasó de $16,29 por bimestre a $74,62 mensuales. Es decir, sufrió un aumento de 816%. A ello hay que agregar una serie de impuestos, como el IVA y la contribución municipal, que agregan casi un 28% adicional a la tarifa. El consumidor medio que pagaba $42 por 400 kwh pasó a pagar en 2019 unos $1650. El promedio del aumento es del orden de 3800% en cuatro años. Hay que ubicar esos aumentos en una situación en la que el salario mínimo perdió un 33% de su poder de compra entre 2015 y 201933.
Pero es necesario señalar que este aumento abarca a las clases populares asalariadas y al sector inferior de las capas medias. Para una demanda de 902 kwh en un bimestre en 2015 se pagaban $82,60 bimestralmente, mientras en 2019 ese consumo llega a $2103 por mes. El aumento es de un 5000%.
El gas no llega a los niveles del tarifazo de la energía eléctrica, pero también es muy alto. El metro cúbico para un hogar de la ciudad de Buenos Aires, que tenía un consumo promedio de 500 m3 de consumo anual, pasó de $0,48 en 2015, a $11,07: un 2200% de aumento. Si se toma el cargo fijo, el salto es menos pronunciado pero no deja de ser impactante: 1430% de aumento. Con los impuestos ya mencionados y, promediando todos estos cargos, se llega a un 1900% de incremento en la tarifa del gas.
A ello habría que agregar el secretismo con el que se movió el ex ministro Aranguren cuando le fue requerido el costo de producción de la empresa en boca de pozo. El gobierno se negó a brindar un dato central para evaluar la gestión de los servicios públicos en el país, dejando a los analistas encargados de seguir este tema en el nivel de la ponderación y la conjetura.
Según un informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV)34, el ranking de los tarifazos está encabezado, como ya dijimos, por la electricidad y el gas. Pero aunque en comparación el tarifazo parece más modesto el aumento en los peajes escaló a un 1118% y el del agua trepó hasta un 1025%. En cuanto al transporte, los trenes alcanzaron un 601% de aumento, los colectivos un 494% y el subterráneo un 322%35.
El mismo informe señala que entre 2015 y 2018 la proporción de su incidencia en los ingresos de los asalariados pasó del 6,1% hasta un 20%, en lo que se refiere al salario mínimo. Esa proporción se modifica y atenúa cuando se examina el universo de los trabajadores registrados (tomando como fuente el Sistema Integrado de Previsión Argentino –SIPA). Aquí se pasó de una incidencia de las tarifas en el salario del 2,1% en 2015 a casi un 8% en 2018. La proporción del aumento es mayor en este caso, ya que llega casi a un aumento que cuadriplica los montos.

Implicancias sociales de la política de tarifas
Estas cifras permiten considerar un aspecto importante de la redistribución regresiva de los ingresos que implementó el Gobierno de Cambiemos. Esto es, una transferencia de ingresos desde los asalariados hacia las empresas de servicios públicos concesionadas.
Volvemos así a uno de los elementos señalados al inicio. La reparación por la supuesta “ruptura de contratos” permitió volver a uno de los pilares de la política de los años noventa que convertía a las empresas de servicios públicos en uno de los ganadores de ese orden económico. Hay que considerar especialmente que este predominio se inserta en una lógica completamente rentística y alejada de lo productivo, cuestión que tuvo una de sus comprobaciones en la falta de inversión de las concesionarias.
Hay dos elementos que muestran que el macrismo implementó una peor versión de este ordenamiento. Por un lado, algunas de las empresas de servicios públicos están controladas por empresarios amigos del gobierno (EDESUR con Nicolás Caputo)36, así como la principal distribuidora de energía (Pampa Argentina con Marcelo Mindlin). No sólo se llevó a cabo una redistribución de papeles en lo que se refiere a ganadores y perdedores en el capitalismo argentino en el sentido de una restauración neoliberal en el rubro. También se produjo una redistribución de poder dentro de los sectores dominantes, en favor de los grupos económicos más próximos al gobierno. Pero siempre siguieron perjudicando a los sectores más desfavorecidos y vulnerando sus derechos.
La segunda cuestión es que, en este nuevo ordenamiento de los servicios públicos y en un contexto de una inversión empresaria inexistente, el Gobierno de Cambiemos dolarizó las tarifas públicas. Es decir, se convirtió en el guardián de la rentabilidad de esas empresas tan ligadas a su núcleo más próximo, (lo que explica esta brutal transferencia sin importar las condiciones sociales de sectores pobres e indigentes). Si en la convertibilidad menemista las empresas de servicios públicos tenían su rentabilidad en dólares, también los usuarios obtenían sus ingresos en una moneda en paridad con la divisa norteamericana. En el gobierno macrista los asalariados perciben sus ingresos en una moneda nacional cada vez más devaluada, mientras las empresas de servicios públicos obtienen su rentabilidad a precios dolarizados. Como organismo de derechos humanos, no podemos dejar de denunciar esta expoliación a los usuarios y la cuestión distributiva que no puede ser más desvergonzada y desmedida. Puede argumentarse, en defensa del Gobierno de Mauricio Macri, que el Estado aportaba aún una parte de los subsidios residuales de la etapa kirchnerista. Esto es cierto, pero si lo ubicamos en el contexto tarifario instalado por este gobierno y la consecuente expoliación a los usuarios, se parece más a un subsidio para que las empresas de servicios públicos puedan percibir su rentabilidad con mayor tranquilidad.
Este panorama francamente desalentador podría limitarse a ser una mera etapa de la vida argentina. Una etapa limitada a un período de gobierno. Sin embargo, ante su inminente salida, el Gobierno de Cambiemos busca preservar la política tarifaria para el próximo período, por lo menos en lo que hace al sector energético, mediante la transferencia del servicio de distribución de la electricidad a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. El Estado nacional abandona su potestad respecto al servicio eléctrico de esas jurisdicciones. Puede argumentarse que esta medida busca solamente colocar a la ciudad y a la provincia en la misma condición que el resto del país. Sin embargo no puede dejar de señalarse que en estas jurisdicciones se concentra el mayor porcentaje del consumo energético nacional. Esta medida se implementaría a través de la creación de un organismo que heredaría la estructura del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y sería coordinado por la ciudad y la provincia. El proyecto tiene su costado coyunturalista. La Ciudad de Buenos Aires, retenida por el macrismo, va a tener la última palabra del control de las tarifas eléctricas hasta 2023.
Desde una perspectiva basada en los derechos humanos y la democracia social, la cuestión de las tarifas de los servicios públicos no tendría que ser, en condiciones normales, un tema acuciante. Sin embargo cuando asistimos a la instalación de un esquema de redistribución regresiva de los ingresos tan extremo, de verdadera penalización a los usuarios, de un cambio radical en el consumo de las mayorías populares, como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos no podemos menos de alzar nuestra voz de denuncia y condena. Lo que se gasta en bienes no transables como los servicios públicos desplaza a otros consumos como la alimentación de mayor calidad, la recreación, la cultura, la salud o la educación. La incumbencia de un enfoque de derechos humanos en este caso es completamente pertinente.

Deuda externa

Uno de los puntos centrales y más trascendentales de los cuatro años del Gobierno de Cambiemos fue el inconmensurable aumento de la deuda externa. Lo de “inconmensurable” es una forma de decir: si existe una preocupación en torno a este análisis es justamente la resultante de la medida de la misma. La deuda externa constituye un campo de análisis prácticamente imposible de abordar en forma compleja y detallada en el marco espacial previsto para esta publicación. Es en este tenor que se propone recorrer los distintos elementos cuyo abordaje es imprescindible con la mayor precisión posible. Estos son:
1) la capacidad de contraer deuda,
2) la toma de deuda propiamente dicha,
3) las consecuencias de contraer deuda,
4) el destino del crédito,
5) la naturaleza del tercer ciclo de endeudamiento masivo.
El diagrama resultante del análisis secuencial de dichos elementos es, en definitiva, de naturaleza circular. Sin embargo, vale una aclaración previa al análisis pormenorizado: la gran extensión temporal de los fenómenos de toma de deuda conduce inevitablemente a advertir cómo los elementos anteriormente mencionados pueden presentarse, independientemente de la fecha de celebración del acuerdo originario, en distintos períodos de gobierno. Por ello hay determinadas consecuencias del préstamo, que se analizará a continuación, que no serán afrontadas por el Gobierno de Mauricio Macri sino por, mínimamente, el siguiente.

La capacidad de contraer deuda
Previo al análisis de la toma de deuda y sus implicancias, es necesario contar con un presupuesto: la capacidad de endeudarse. En el complejo sistema económico imperante, uno de los estatus más anhelados por los Estados, en particular por aquellos en vías de desarrollo, es el de país «endeudable». Lejos de toda connotación negativa, en este caso acceder a una línea de crédito de un organismo externo significa, entre otras cosas, que el país no se presenta riesgoso y, asimismo, que ha salido airoso de una experiencia de endeudamiento anterior. Esa calificación, naturalmente, no emana de los propios Estados sino es establecida por consultoras de riesgo a nivel internacional y por los propios equipos técnicos de los organismos financiadores.
Al 10 de diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia, nuestro país contaba con esa posibilidad, una vez superado el tema de los «Fondos Buitres». El Fondo Monetario Internacional, por un lado, no tenía deuda que reclamarle a la Argentina. Por otra parte, el Emerging Market Bonds Index de JP Morgan, comúnmente conocido como “riesgo país” (el indicador que se mide sobre la base del comportamiento de la deuda externa emitida por cada país), se mostraba en unos modestos 480 puntos. A título ilustrativo, al 18 de noviembre de 2019, el “riesgo país” ascendía a 2455 puntos.
Ese mencionado estatus de país endeudable fue aprovechado excesiva y negativamente por el Gobierno de Macri, quien contrajo deuda con el FMI por el total de casi cincuenta y siete mil millones de dólares norteamericanos (US$ 56.300.000.000). La mencionada cifra constituyó un récord en la relación bilateral de nuestro país con el organismo y, a la fecha, implica una agenda de vencimientos en el corto y mediano plazo que se advierten de muy difícil cumplimiento.
Era necesario un paso previo para recuperar la posibilidad de endeudamiento: solucionar el diferendo con los Fondos Buitres o Holds Out, agentes del sistema financiero especializados en comprar deuda defaulteada o de muy baja confianza para el mercado. Esos grupos económicos reclamaban el pago del 100% de la deuda externa que había suspendido su pago a fines de 2001 y habían tenido la política de no aceptar la quita de capital que fue el centro de la política de Néstor Kirchner para resolver y normalizar la deuda. La negociación de este tema había logrado acordar con más del 90% de los acreedores. Los Fondos Buitres representaban el sector intransigente, que se negaba a toda quita de capital. Los gobiernos kirchneristas se negaron a aceptar la postura de los Fondos Buitres, apostando a aislar a esos sectores, evaluando que la proyección política de aceptar los reclamos de los Fondos Buitres implicaba destruir la arquitectura central de la resolución de la deuda.
Con la llegada de Macri al gobierno, se puede decir que los Fondos Buitres encontraron a su hombre. El Gobierno de Cambiemos les pagó casi 10.000 millones de dólares, cifra que era producto de la aceptación por parte del gobierno de los intereses acumulados que reclamaban los Fondos Buitres, que partían de una deuda de 5000 millones de dólares.
Una vez que el macrismo pagó la deuda a los fondos Buitres, inmediatamente colocó 16.500 millones de dólares en bonos en los mercados de capital privados. El pago a los Fondos Buitres fue el pasaporte para volver al sistema financiero internacional. Esa cuestión estuvo lejos de ser una mera cuestión doméstica. Jacob Lew, titular del Tesoro norteamericano en ese momento, manifestó:
El regreso de Argentina a los mercados de capitales internacionales y su reintegración con la economía global representa un hito importante no sólo para Argentina sino también para todo el sistema global financiero 37

La toma de deuda
Como se dijo anteriormente, en octubre de 2018 el Directorio del FMI aprobó definitivamente un acuerdo stand by con la Argentina por un total de 56.300 millones de dólares, cifra récord para el organismo respecto de nuestro país. La decisión del Directorio amplió considerablemente el monto del acuerdo original de junio del mismo año.
El acuerdo contemplaba desembolsos parciales, siempre sujetos a la revisión del desempeño económico de Argentina por parte de misiones técnicas enviadas por el FMI a tal efecto. La estructuración de esos desembolsos parciales no siguió una lógica técnica. Lejos de establecer una agenda de pagos a mediano/largo plazo, el FMI junto a los emisarios del ministerio de Hacienda encabezado por Nicolás Dujovne acordaron un sistema de adelantos basado en la especulación respecto a las elecciones presidenciales de 2019 y un eventual cambio de gobierno.
En definitiva, no sólo fue grosera la suma del préstamo, sino su agenda de pagos resultó enormemente conveniente en términos electorales: se consiguió apurar los desembolsos de modo que el 78% del total del crédito fue usado por el gobierno de Macri antes de los comicios.

Las consecuencias
La toma de deuda con el FMI conduce, irremediablemente, a las mismas consecuencias vividas en experiencias pasadas, aquí y en el resto del mundo. El sostenimiento de la línea de créditos es correlativo del cumplimiento de las recetas impuestas por el organismo, que no resultan en otra cosa que en un brutal ajuste que afecta siempre a los que menos tienen y resultan finalmente en una vulneración de sus derechos elementales: alimentación, salud, educación.
En primer lugar, significó un recorte abrupto dentro del Estado: se congeló el ingreso de empleados estatales, al mismo tiempo que se despidieron muchos de ellos; se suspendieron gran cantidad de bonificaciones previstas por convenios y, lo más grave, se llevó adelante una reestructuración que quitó el rango ministerial a dos carteras clave: salud y trabajo38. Esa reestructuración implicó, inevitablemente, un impacto negativo en distintas políticas públicas estratégicas, las cuales se abandonaron en pos de cumplir con los lineamientos impartidos por el Fondo Monetario Internacional. El caso más paradigmático es el del ministerio de Salud, que tras ser relegado al rango de secretaría, recortó el presupuesto de organismos descentralizados estratégicos, desatendió campañas de vacunación esenciales, discontinuó diversos programas sociales de acceso a la salud y restringió el acceso a medicamentos a miles de personas.
Tampoco escapó a la órbita del FMI lo relativo a la asistencia y desarrollo social: los distintos programas de ayuda social se vieron recortados y la actualización del monto de sus prestaciones quedó desactualizada respecto del fenómeno de la inflación. Esto pone de manifiesto cómo el endeudamiento masivo se convierte en un ariete devastador en contra de los derechos humanos de la mayoría de las personas. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudia firmemente estas políticas, al mismo tiempo que declara que son una consecuencia necesaria de esta clase de política económica neoliberal.
El sector privado también sufrió sus consecuencias: las políticas financieras impuestas por el organismo son claramente dañinas para la industria local, toda vez que desalientan líneas de crédito flexibles para las pequeñas y medianas industrias. Al mismo tiempo perjudican el acceso a créditos de vivienda, postergando de este modo el derecho al acceso a una vivienda digna de decenas de miles de familias.
Estos resultados no son otra cosa que la contracara de la principal consecuencia técnica de la suscripción del acuerdo con el FMI y el sometimiento a las exigencias impartidas por el Organismo. El control del cumplimiento de las mismas es permanente e inmediato. Actualmente hay una misión instalada en la Argentina con personal técnico del Fondo trabajando desde hace meses en sus oficinas de Buenos Aires.
Experiencia tras experiencia en Argentina, Grecia o en cualquier parte del mundo, el FMI deja tras su paso una estela de ajuste, pobreza y falta de desarrollo. Lo lamentable es que, como se verá a continuación, el préstamo tampoco fue utilizado para fines loables: se lo desperdició y se lo puso al servicio de la especulación financiera.

El destino del crédito
Uno de los aspectos más repudiables de la experiencia de contracción de deuda ante el FMI es el destino que se le ha dado al crédito otorgado. Lejos de un uso racional, los ingresos atravesaron una suerte de puerta giratoria, ingresando a las arcas del Estado y saliendo automáticamente a cubrir el pago de otras obligaciones del Tesoro.
Una constante durante el gobierno de Macri es el pago incondicional de obligaciones o vencimientos, aún respecto de aquellos cuya legitimidad puede ser discutida. La ausencia de negociaciones o reestructuraciones sustentables de deuda allanó el camino a la especulación financiera y al perfeccionamiento de sus maniobras.
No debe dejar de destacarse el ritmo de desaparición de reservas en dólares para mantener el tipo de cambio durante meses; política económica autorizada por el propio FMI, que tenía el mero objetivo de mantener un “dólar electoral” a costa de las arcas del Estado argentino. Hoy, habiendo recibido el 78% del préstamo acordado, las arcas del Estado están devastadas, la agenda de vencimientos de pagos futuros aprieta como condicionante central para el gobierno siguiente.

La naturaleza del tercer ciclo de endeudamiento
Por último, es necesario subrayar el mecanismo que ha guiado la lógica perversa del endeudamiento masivo en la economía argentina. El Gobierno de Mauricio Macri fue el tercer ciclo de este tipo de procesos. Los dos anteriores se dieron con la dictadura militar de 1976 y con la Convertibilidad menemista. En estos tres ciclos el endeudamiento corrió parejo con la fuga de capitales. O como sintetizó el economista Eduardo Basualdo se trata de “endeudar para fugar”. Expliquemos un poco más: en condiciones normales, la deuda y la circunstancia de que una parte de los capitales opten por la salida de la economía nacional son, en general, dos cuestiones distintas. Durante el gobierno kirchnerista por ejemplo, no existió endeudamiento39 sino pago de la deuda de gobiernos anteriores, pero sí existió fuga de capitales. En los ciclos de endeudamiento masivo padecidos por la sociedad argentina fue necesaria otra condición. Esta fue la apertura de la cuenta de capital. Endeudar la economía al mismo tiempo que se desregula la cuenta de capital es lo que garantiza la fuga de capitales por parte de poderosos grupos financieros y empresarios. La sociedad argentina y su Estado se convierten en los que pagan con sus recursos los beneficios extraordinarios de una exigua minoría. Ese gigantesco proceso de expropiación debe ser condenado por una perspectiva que parta de la consideración de los derechos humanos fundamentales. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos entiende que el endeudamiento masivo del Gobierno de Cambiemos constituye un ataque relativamente poco visible, pero al mismo tiempo fatal, destructor y aplastante para las condiciones de vida de las mayorías populares.

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Referencias
1 “Avance del Informe Deudas Sociales y Desigualdades Estructurales en la Argentina 2010-2019. Aportes para una Agenda Sustentable de Desarrollo Humano Integral”.http://uca.edu.ar/es/noticias/ avance-del-informe-deudas-sociales-y-desigualdades-estructurales-en-la-argentina-2010-2019?utm_ source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Observatorio%20-%20Difusiones&utm_ content=Observatorio%20-%20Pobreza--ODSA-UCA:%20Avance%20del%20Informe%20Deudas%20 Sociales%20y%20Desigualdades%20Estructurales%20en%20la%20Argentina%202010-2019&utm_ term=2019%20Observatorio%20Contactos--7--none--70-80--ENVIO%20SIMPLE. Consultado 6/12/2019.

2 Según algunos investigadores, en Argentina hay hoy 18.300.000 de pobres porque no es correcto el dato de 16.000.000 de pobres. Se calculó tomando el censo de 2010, y hoy la población de Argentina es de 45.000.000, por lo cual 40,8% da 18.300.000 de pobres.
3 Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. Informe especial “Principales resultados de pobreza e indigencia 2003-2015” http://www.centrocifra.org.ar/docs/ Pobreza%202015.pdf. Consultado el 24/11/2019.
4 https://www.lanacion.com.ar/politica/mauricio-macri-prometio-que-si-es-presidente-todos-los-chicosterminaran- la-secundaria-nid1828066
5 Se denominó cepo al control de cambios, para evitar la salida irrestricta de divisas, necesarias para la compra de bienes de capital. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160215 _argentina_macri_medidas_controvertidas_vs Consultado el 24/11/2019
6 El valor del dólar era de $9.- Al eliminar las restricciones a la compra de dólares, la cotización subió a $15.-. Se permitió la compra mensual de hasta 2 millones de dólares, lo que pone en evidencia que beneficia a los grandes capitales. https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-288464-2015-12-17.html Consultado el 24/11/2019
7 Una de las repetidas promesas de campaña había sido: «No voy a devaluar». 8 Entre los grandes beneficiarios se encuentran Cargill, Bunge Argentina, Aceitera General Deheza,Louis Dreyfuss, Nidera, ACA cooperativas, Molinos, Noble Argentina, Vicentin y también las firmas Volkswagen, Pan American Energy, Siderca (Techint), Aluar.Cien empresas concentran el 75 por cientodel total de las exportaciones. https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-288666-2015-12-20.html
9 El impuesto a la exportación de la carne vacuna llegaba al 15% del precio total de la venta. http://www.telam.com.ar/notas/201512/130049-exportadores-carnes-fin-retenciones.html. Consultado 24/11/2019.
10 Elaborado en base del Informe de Coyuntura de la Fundación Mediterránea (IERAL), diciembre de 2015.
11 El precio local de los productos agrarios está determinado por el precio internacional, el tipo de cambio y las retenciones.
12 Los alimentos tuvieron incrementos de precios bastante superiores a los del nivel de precios en general.
13 El año pasado refiere al año 2015.
14 Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA ), FLACSO Área de Economía y Tecnología. Documento de trabajo nº 15: La naturaleza política y económica de la alianza Cambiemos. Febrero de 2016. http://www.centrocifra.org.ar/docs/DT%2015.pdf
15 Instituto Germán Abdala. CEPA. Invisible a los datos: análisis del discurso de Mauricio Macri. Mar. 2018.
16 El Cronista Comercial. https://www.cronista.com/economiapolitica/Como-fue-la-ultima-decada-de-la-Argentina-en-materia-de-inflacion-20181017-0006.html
17 CEPA. Desigualdad: se profundiza el cambio con ganadores y perdedores, enero 2017.
18 CEPA. La pobreza en Argentina: del punto de partida y otras sombras. 30 de Mayo de 2018.
19 Desde enero de 2016 a fines de 2017, el costo de la política monetaria totalizó por lo menos a $485.300,15 millones. CEPA. Desigualdad, op cit.
20 Avance del Informe Deudas Sociales, op. cit.
21 En 2015 la participación porcentual de la actividad financiera en el VAB (Valor Agregado Bruto Total) era del 3,9%, mientras en 2017 fue del 4,7%.
22 La industria pasó de representar el 16,9% del total del VAB en promedio en el 2015, a representar sólo 15,4% en el 2017.
23 CEPA. La actividad económica en la Argentina reciente: sectores ganadores y perdedores. Abril de 2018.
24 Avance del Informe Deudas Sociales, op. cit. 25 Ana Laura Fernández y Mariana L. González (CIFRA-CTA). En pobreza, desaprobados. Página/12 del 7 de marzo de 2019.
26 Avance del Informe Deudas Sociales, op. cit.
27 Avance del Informe Deudas Sociales, op. cit.
28 CEPA. La cuestión social. 04 de Julio de 2018.
29 Cantamutto, Francisco J. Cambiemos: final de la dominación hegemónica en Argentina. https://www.academia.edu/29888497/Cambiemos_final_de_la_dominaci%C3%B3n_hegem%C3%B3nica_en_ Argentina
30 Canelo, Paula y Castellani, Ana. Informe de Investigación Nº2. Puerta giratoria, conflictos de interés y captura de la decisión estatal en el gobierno de Macri. El caso del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. UNSAM e IDAES, marzo de 2017.
31 Clarín. El nuevo presidente. Las 20 frases del discurso de Macri durante la asunción como presidente. 10/12/2015.
32 Minuto uno, 31 de octubre de 2019.
33 El País Digital, 25 de setiembre de 2019.
34 Ámbito Financiero, 3 de enero de 2019
35 Ídem anterior.
36 El cohete a la luna, 1 de diciembre de 2019. “Decisiones electrizantes” de Enrique Hidalgo.
37 Perfil, 23 de abril de 2016.
38 Véanse Apartados Salud y Trabajo en este mismo Informe.
39 En los gobiernos kirchneristas hubo fuga de capitales, pero no endeudamiento. En el Gobierno de Cambiemos hubo endeudamiento y apertura de la cuenta de capital. Las dos cosas en simultáneo permiten endeudar para fugar.

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