"Tocar fondo", análisis de la APDH

EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, acaba de publicar un detallado balance del paso del macrismo.
La investigación se divide en el marco económico-social, Derechos Humanos, Justicia, Salud, Educación, Ciencia y Cultura, Trabajo, Situación de la niñez y adolescencia, Situación de las personas adultas mayores, Políticas de género, Políticas ambientales y Política exterior.

En el Apartado Educación de este capítulo se pone el acento en el análisis de las políticas educativas que vulneraron el derecho a la educación durante el período 2015-2019. Se aborda el desfinanciamiento a nivel nacional y el cierre de programas educativos. A su vez, se señalan casos abordados por la APDH en las provincias de Buenos Aires, Chubut y Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires, vinculados a la falta de inversión en infraestructura, cierre de establecimientos y persecución a docentes, entre otras temáticas.
El Apartado Ciencia y Técnica presenta el presupuesto con que contaba el área científico-técnica a fines de 2015, desde donde partió el Gobierno de Cambiemos, y las promesas del candidato Macri de continuar y aumentar la inversión. Se señala también el efecto nocivo de la deuda con el FMI y se detiene en dos casos paradigmáticos: el Arsat y el CONICET. Mientras tanto, el Apartado Cultura examina el deterioro de las diferentes expresiones y actividades culturales: cine, teatro, revistas, museos, música, industria editorial, revistas culturales, que todas ellas sufrieron la falta de apoyo y fomento gubernamental, los recortes, la crisis y los ajustes.

Derecho a la Educación

Políticas educativas que vulneran el acceso a la educación¹
El derecho a la educación obliga a los Estados a garantizar la accesibilidad y disponibilidad de ofertas y programas educativos a lo largo del territorio. Por lo tanto, restringir la disponibilidad existente constituiría una regresividad al derecho vigente.
En los últimos años, organismos y distintas comunidades educativas han denunciado diferentes políticas educativas que vulneran el acceso a la educación, como el cierre de escuelas o fusión de cursos en diferentes niveles y modalidades, así como deficiencias en infraestructura. Esas políticas son producto de recortes presupuestarios en el área de educación pública que limitan seriamente el derecho de la población, a la vez que favorecen de modo directo e indirecto los proyectos educativos de gestión privada, transformando así un derecho en un servicio al que sólo se accede si se cuenta con fondos suficientes.
Con gran preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos observa cómo el deterioro de las condiciones de vida de las familias se traduce actualmente en mayores demandas a servicios de alimentación en las escuelas, las que también se han visto afectadas por el desfinanciamiento y desidia estatal.
A esos aspectos se suma la falta de implementación y desarrollo de programas y contenidos curriculares (como el programa de Educación Sexual Integral, la formación docente en derechos humanos, entre otros) y la criminalización de estudiantes y docentes que se organizan para sostener la educación pública y participar en la toma de decisiones pedagógicas y políticas.

La Ley de Formación Docente y la creación de la UniCABA²
A nivel nacional, las políticas de formación docente llevadas adelante por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) tienen un presupuesto que se mantiene fijo desde el año 2016 (alrededor de 1400 millones)³. Habida cuenta de una inflación interanual promedio del 50%, el estancamiento de esta cifra constituye un encubierto desfinanciamiento. En ese contexto, y en consecuencia con dicho recorte, se da un cambio sustantivo de la política de formación docente, tanto en el nivel nacional, como también en determinados niveles jurisdiccionales, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 22 de noviembre de 2017, en una manifestación autoritaria de poder, el bloque oficialista de la Legislatura convirtió en ley la creación de la primera Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de una Legislatura totalmente vallada y con un mega operativo policial, luego del pedido unánime de la comunidad educativa por el retiro del Proyecto que diera origen a la Ley. Docentes, estudiantes, especialistas y autoridades procedentes de diversas trayectorias institucionales, académicas y sociales coincidieron en su oposición a la creación de la UniCABA y expresaron ampliamente sus fundamentos pedagógicos, institucionales y de política educativa.
Asimismo, la movilización conjunta de estudiantes, docentes y autoridades de los institutos de Educación Superior de la Ciudad de Buenos Aires, derivó en diversas actividades. Marchas, festivales, conferencias de prensa e instalación de Carpas Educativas son algunas de las acciones realizadas para visibilizar el conflicto de la educación superior en el marco de múltiples afrentas al derecho a la educación que actualmente se dan en la Ciudad y en toda la Argentina, entre las que se encuentran también la puesta en disponibilidad de inmuebles y terrenos de espacios destinados a la Educación de Gestión Estatal, a efectos de ser enajenados o privatizados con fines suntuarios, lo que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos condena firmemente. Tal es el caso del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) Nª 1 Dr. Romero Brest, al que se le obliga su traslado a terrenos de menor valor, para disponer de sus instalaciones y así favorecer el negocio inmobiliario. Ante la venta y remate de los terrenos del CENARD, en un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, el ISEF será trasladado al Parque Sarmiento⁴. La comunidad educativa no fue informada y está en alerta permanente.
Con la creación de la UniCABA, el Poder Legislativo no ha actuado conforme al artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, que encomienda garantizar la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones vinculadas al ámbito educativo.

Los Bachilleratos de Adultos de la Provincia de Buenos Aires⁵
A poco tiempo de iniciarse el ciclo lectivo del año 2018, se difundieron diversas manifestaciones y protestas de docentes y estudiantes de los Bachilleratos de Adultos de la Provincia de Buenos Aires.
Las comunidades educativas informaron que, producto de las resoluciones 1657/17 y 828/18, se estaba llevando adelante un proceso de cierres de cursos, fusiones, traspasos de dependencia funcional, ceses y reubicaciones docentes en pleno ciclo lectivo.
Una característica de esta implementación consiste en la falta de información y precisión sobre las medidas que deben tomar las instituciones, la forma en que se comunica a los docentes y estudiantes y la generación permanente de nuevas directivas, que repercute negativamente en la vida cotidiana institucional. Dicha falta de información sobre las políticas implementadas es un indicador de afectación del derecho a la educación. La confección de un diagnóstico claro y comunicable es el punto de partida esperable para la acción gubernamental.
Si bien se entiende que la progresividad en el cumplimiento de un derecho puede implicar cambios estructurales y normativos, en este caso no se encuentra razonabilidad en las resoluciones normativas, como así tampoco en su forma de implementación de acuerdo con la información disponible.
El sector específico de la Educación de Jóvenes y Adultos alcanza actualmente a no más del 5% de la población potencialmente demandante, personas a quienes el Estado debe restituir su derecho a la escolaridad negada durante la infancia y adolescencia. A fin de subsanar la afectación del derecho a la educación de la comunidad, se requiere la ampliación presupuestaria, apertura de nuevas instituciones y adecuaciones pedagógicas de las propuestas, elaboradas con grados crecientes de participación tanto de personal directivo, docentes y estudiantes, que actualmente están asumiendo las consecuencias de las medidas tomadas.

Derechos vulnerados en educación inclusiva
Con fecha 15 de febrero de 2013, el Ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Esteban Bullrich, firmó la reforma de la resolución 3773/2011, ampliando la posibilidad de ingresar en las escuelas de gestión pública de CABA, con Acompañante Personal No Docente, a todos los chicos con discapacidad que lo requirieran. Sin embargo, esta reglamentación no se cumple en muchos casos de escuelas de gestión privada, ya que aludiendo falta de presupuesto las escuelas no contratan acompañantes y por lo tanto no otorgan matrícula a alumnos con discapacidad.
Hemos podido observar claramente que el Gobierno de Cambiemos y la mayoría de los gobiernos locales de todo el país han vulnerado metódica y sistemáticamente derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Violaciones recurrentes y sistemáticas de los derechos educativos de Niños, Niñas y Adolescentes se observan en los siguientes casos:
1) La inconstitucional falta de cupos para ingresar a los niveles de educación obligatoria en escuelas comunes para alumnos con discapacidad.
2) La imposición ilegal de cupos máximos para incluir a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en establecimientos de educación común públicos y privados.
3) La omisión del Estado al no regular el funcionamiento de la educación privada, que refuerza el ejercicio ilegal de las escuelas privadas a determinar el derecho de admisión de alumnado con discapacidad.
4) La carencia de apoyo educativo o SAC para niños, niñas y adolescentes escolarizados en la escuela común y en escuela especial.
5) La escasa capacitación oficial de maestros, directivos y personal no docente en relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes. No existen cursos con puntaje docente sobre inclusión educativa, derechos humanos de alumnos con discapacidad, ni sobre la responsabilidad legal de directivos ante situaciones de exclusión, entre otras ausencias.
6) La invisibilización en gran parte del sistema de educación común de toda referencia a la discapacidad. En general, no se realizan actividades inclusivas reales, no se recuerdan sus efemérides o conmemoraciones, ni tampoco se realizan habitualmente acciones positivas que permitan al niño que asiste a la escuela común generar imagen y vínculos positivos de y con alumnos con discapacidad.
7) La falta de campaña de concientización, obligación de rango constitucional, sobre los valores de la educación inclusiva, cuyo incumplimiento afecta a niños, niñas y adolescentes, con y sin discapacidad.
8) La falta generalizada de accesibilidad edilicia externa y fundamentalmente interna de la mayoría de los establecimientos educativos públicos y privados.
9) La creación de nuevas escuelas no siempre contempla la plena accesibilidad, ni la perspectiva domótica que permita aprovechar el espacio escolar durante todo el proceso educativo sin barreras arquitectónicas para niños, docentes y personal no docente a lo largo de toda su permanencia en el sistema.
10) El Código de Edificación de la CABA actualmente está judicializado por inconstitucionalidad ante la justicia por la Fundación RUMBOS, con amicus curiae de OSC de la sociedad civil, viola los derechos humanos de todos los alumnos, aumentando las consecuencias en los alumnos con discapacidad.
A partir del código cuestionado, cada escuela de la CABA se convertirá en un lugar de tránsito en el cual todos los sistemas educativos (desde preescolar hasta universitario) usarán sus instalaciones simultáneamente o en franjas horarias diferenciadas a decisión del órgano de aplicación.
11) La falta de gabinetes psicológico y psicopedagógico en todos y cada uno de los establecimientos escolares ocasiona un perjuicio para todos y todas las alumnas.
12) La falta de voz que los niños con discapacidad tienen para ser oídos por la comunidad educativa en sus necesidades de la práctica escolar cotidiana, conlleva a situaciones conflictivas entre padres y autoridades, situaciones en la que los padres de los NNyA con discapacidad se encuentran limitados por resoluciones educativas que les impiden tomar las decisiones que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sí les permite.
13) La excesiva presión sobre las familias que ejerce el sistema de salud (obras sociales y prepagas) quienes por ley deben hacerse cargo de las prestaciones educativas integrales de los NNyA con discapacidad.
14) La derivación inconstitucional de NNyA con discapacidad a supuestos “establecimientos inclusivos” alejados de su domicilio.⁶

Presupuesto educativo nacional período 2016-2019
El presupuesto educativo se compone de aportes nacionales y jurisdiccionales en la Argentina. Aquí resaltaremos las conclusiones del Informe de universidades y observatorios de políticas educativas, en particular sobre las partidas del Gobierno Nacional en diferentes áreas de la educación sobre la base del análisis de la Ley de Presupuesto Nacional que el Congreso Nacional aprueba todos los años. Se suma a la complejidad la alta inflación anual, lo que hace que en muchos casos, el sostener el mismo monto de inversión, implica en términos reales reducirlo notoriamente.
Se observa una tendencia en el descenso de la participación de la educación en el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno de Cambiemos: en 2016 la educación alcanzaba el 7,8 % , en 2019 se redujo a 5.5% y en el proyecto presentado (aún no aprobado) para 2020 alcanza solo el 5.1%. Esta tendencia al descenso del porcentaje aplicado para educación constituye una regresividad en la garantía estatal.
Un aspecto preocupante es la partida de “Políticas Socioeducativas”. Según el informe citado, se redujo en términos reales en aproximadamente un 90% tomando como base el año 2016. Se distribuyeron los recursos de forma irregular, sin mostrar tendencias igualitarias en cobertura y acceso, por ejemplo, en la asignación para la política de ampliación de la jornada extendida.
Infraestructura y equipamiento es otro ítem que expresa un descenso a nivel global en el período, aun cuando para 2018 se previó un salto que luego fue subsumido por el agravamiento de la crisis económica de ese año. Según el informe de investigación, en 2019 y 2020, la partida para infraestructura y equipamiento, se redujo a menos de la tercera parte de lo que era en el inicio de la gestión⁷.

Derechos laborales de educadores y educadoras
En el contexto de las políticas llevadas adelante por el Gobierno de Cambiemos, a nivel nacional, y por los gobiernos provinciales, los derechos de la población se ven vulnerados y conculcados. En el caso puntual de la educación, la situación es aún más grave, puesto que es mediante el acceso a la educación pública, gratuita y laica que los y las habitantes pueden adquirir las herramientas necesarias para ejercer, reclamar y defender sus derechos.

Sandra Calamano y Rubén Rodríguez
El relato que se reproduce a continuación es de Cecilia Pustilnik, referente gremial y hermana de Hernán Pustilnik, maestro de 3er grado de la Escuela Nº 49, donde el día 2 de agosto de 2018 se produjo una tragedia por la que perdieron la vida sus compañeros, Sandra Calamano, vicedirectora a cargo de la escuela, y Rubén Rodríguez, auxiliar de portería, de la Escuela Nº 49 de Moreno.
La tragedia, desatada por la explosión de una garrafa, es de una gravedad tal que amerita la reproducción textual del relato que aquí se presenta, y que nos fuera enviado en exclusiva a la APDH, como fuente de primera mano.
Desde el 2 de agosto el distrito de Moreno no volvió a ser el mismo, es así como cada día se exige justicia por Sandra y Rubén, asesinados por la desidia del gobierno de María Eugenia Vidal, Gabriel Sánchez Zinny y el entonces interventor del Consejo Escolar Sebastián Nasif.
La explosión de la escuela Nº 49 dejó al descubierto la NO inversión en educación y las políticas de ajuste que venía implementando el gobierno de Cambiemos, el cual gobierna sólo para unos pocos olvidándose de los sectores populares de los cuales somos parte. A raíz del asesinato de Sandra y Rubén la comunidad educativa en todo su conjunto mantuvo y mantiene la unidad para resistir el avasallamiento a los derechos de las y los trabajadores de la educación.
El 3 de agosto los directores de todos los niveles se organizaron para suspender las clases y reclamar escuelas dignas y seguras para todas las comunidades. Al día de hoy, de 280 establecimientos, sólo 35 hay con reinicio escolar, los demás siguen sosteniendo las clases en veredas, plazas, calles, etc., entendiendo además que es fundamental el vínculo con las familias.
Junto a organizaciones sociales, sindicales y toda la comunidad educativa se instaló en la puerta del Consejo Escolar de Moreno un acampe que duró 47 días, exigiendo el fin de la intervención y la conformación de un Comité de Crisis para el control de las obras de infraestructura de las escuelas. Este Comité estuvo y está conformado por directores de todos los niveles, sindicatos, organizaciones sociales, familias, estudiantes terciarios, docentes de la EP49, familiares de Sandra y Rubén, y funcionarios provinciales y distritales. Allí se discute y se exige el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras.
Se visibilizó a través de las ollas populares el hambre de nuestro pueblo y el reclamo genuino del derecho social a la educación, fue allí donde intentaron acallar las voces con amenazas, amedrentamiento, ataques y secuestro.

Paritaria Nacional Docente
La Paritaria Nacional Docente es un Derecho conquistado por la docencia organizada y adquiere carácter de obligación, ya que se encuentra reglada por la Ley 26206, denominada “Ley de Educación Nacional”, la Ley 26075, denominada “Ley de Financiamiento Educativo”, y las normas y reglamentaciones que derivan de su aplicación.⁸
Una política pública no puede definirse menoscabando los derechos de quienes la implementan en su trabajo cotidiano. El Poder Ejecutivo, por decreto del 17 de Enero de 2018, fijó el piso salarial para los docentes, a nivel nacional, en un 20% por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil. De esa manera, unilateralmente, se dio por concluida la Paritaria Nacional Docente, sin que los distintos gremios nacionales pudieran participar tal y como lo prevé la ley, en las discusiones por las condiciones de trabajo docente, dejando la negociación circunscripta al ámbito de cada jurisdicción. Se observa así, una tendencia a la eliminación de la participación del Estado nacional en la conformación del salario docente, que ante la desigualdad existente en los recursos jurisdiccionales, influye en la caída del mismo.
La eliminación por decreto presidencial de la paritaria nacional docente no sólo pretende avasallar los derechos laborales de la docencia, sino además anula un espacio conquistado para debatir y construir condiciones dignas para enseñar y aprender.

Conflicto docente en la provincia de Chubut⁹
Una de las consecuencias más graves de la falta de intervención nacional lo constituye el caso del conflicto docente en la provincia sureña de Chubut.
Este conflicto se origina a raíz de un reclamo generalizado por el aumento del salario de trabajadores estatales, ya que desde el año 2017 los trabajadores cobraban sus salarios en forma diferida o “en cuotas” y no recibían desde entonces ningún aumento salarial. Como agravante de la situación, la obra social provincial empezó a discontinuar algunas prestaciones de la cobertura de salud. Toda esa situación configuraba un escenario que llevó al reclamo del colectivo docente.
En dicho reclamo se solicitaba, específicamente, el cumplimiento de la actualización de salarios por índice de inflación, tal como había sido comprometido en acta paritaria del 22 de febrero de 2019. También se sumaba al reclamo la inmediata puesta en marcha del TEG (transporte educativo gratuito). Pero, además, se buscaba visibilizar los graves problemas de infraestructura, ya que numerosos edificios escolares presentan aún hoy en día, construcciones inconclusas o serios problemas que ponen en riesgo la integridad de las personas, con algunos sucesos que podrían haber resultado fatales, entre ellos, roturas de techos, pérdidas de gas o mal funcionamiento de los equipos de calefacción.
Se iniciaron medidas de protesta: paros, movilizaciones, toma pacífica del Ministerio de Educación, radios abiertas y jornadas culturales, entre otras medidas con asambleas permanentes en cada escuela. El sector docente se sumó a la toma del edificio de la obra social en Esquel, iniciada por los jubilados. Los estudiantes también realizaron tomas en algunas escuelas y en edificios de Supervisión Escolar.
El conflicto llevó 17 semanas. Implicó paros progresivos y, luego del receso escolar, el gremio decidió no iniciar las clases ante la falta de respuesta a sus reclamos.
En el contexto de esta lucha se desataron represiones a la movilización: la represión del día 26 de junio, mientras se desarrollaba la Paritaria Provincial, hizo que la Central docente de Argentina (CTERA) convocara al Paro Nacional Docente del 3 de julio, donde se exigieron respuestas al Gobierno Nacional y Provincial, con una marcha frente al Ministerio de Educación. El 16 de agosto detuvieron a dirigentes de la regional Comodoro Rivadavia¹⁰, criminalizando así el legítimo reclamo que se estaba desarrollando. El 3 de septiembre, en horas de la madrugada, una veintena de vehículos se dirigió hacia el corte de ruta pacífico de los docentes y se los desalojó violentamente, habiendo cortado previamente la electricidad de la zona. Algunos docentes se dirigieron a las comisarías de la zona para efectuar la denuncia de los atropellos, sin recibir la asistencia adecuada. Aún está pendiente la investigación de los hechos, ya que se trató de un hostigamiento frente a la protesta social¹¹.
El 16 de septiembre de 2019 Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, ambas docentes de la escuela secundaria 738 de Comodoro Rivadavia, murieron, y otras tres docentes resultaron con heridas de gravedad tras protagonizar un vuelco sobre la ruta nacional nº 3, al sur de Trelew, en un accidente vial cuando volvían de la protesta por el pago escalonado de haberes a trabajadores estatales. Las docentes habían recolectado el dinero con donaciones de otros colegas para poder participar y hacer oír su voz. Ese mismo día una carpa se estaba instalando frente a la Legislatura...
Los docentes recibieron el apoyo de las familias, la mayoría de ellas afectadas también por ser empleados estatales en la misma condición o comerciantes sin actividad por la gravedad de la situación económica:
el miércoles 25 de setiembre - Un grupo de padres autoconvocados también tomaron colegios en apoyo de los docentes en asamblea permanente. Primero fueron la 13 y la 105, al día siguiente siguieron la 91, 27, 749, 32, 161, 799, 704, 711 y la 12¹²

El cierre del conflicto tuvo como corolario otro hecho de represión. El 7 de noviembre, en Rawson, la policía local reprimió una manifestación de docentes y detuvo al dirigente sindical de ATECH Santiago Goodman, en un hecho sin precedentes.
Luego del paro más largo de la historia provincial, los docentes nucleados en el gremio ATECh levantaron el paro tras 17 semanas de conflicto. El gobierno provincial se comprometió a aplicar los aumentos correspondientes, no descontar los días de huelga y poner en funcionamiento un mecanismo para acondicionar edificios escolares. Sin embargo, no sólo se hicieron descuentos masivos a los haberes de docentes, que debieron reclamarse por vía judicial, sino además, el gobernador vetó una ley que otorgaba fondos de las regalías extraordinarias para inversión educativa, reparación y mantenimiento de escuelas. A disgusto, el gobernador Arcioni pidió la renuncia del Ministro Coordinador Massoni, responsable de la represión y descuentos masivos. El gremio se mantuvo expectante atendiendo a la completa solución del conflicto.

Libertad de creencias y educación laica
Durante el año 2018 registramos dos casos de discriminación a docentes por solicitar que se actúe de acuerdo con el dictamen 493/15 del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Dicho dictamen concluye que la colocación de imágenes y símbolos religiosos en espacios públicos constituye una práctica discriminatoria, por lo que solicita su retiro. A su vez, señala que la celebración de actividades religiosas dentro del cronograma escolar constituye también una práctica discriminatoria encuadrada en la Ley nacional 23.592.

Nadia Soledad Díaz¹³
En cumplimiento de esas disposiciones y el principio de no discriminación, la docente de nivel primario, Nadia Soledad Díaz de la Escuela N° 8-597 Pedro Scalabrini de la localidad de El Sosneado, Provincia de Mendoza, fue cesada en su cargo de docente suplente, luego de denunciar frente a la APDH y al INADI la realización de prácticas religiosas. La escuela primaria Pedro Scalabrini N° 8-597 es una escuela albergue. Durante el ciclo lectivo 2018, en cada período de albergada, y dentro del horario de clases, se realiza una misa a cargo de un sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese acto litúrgico dura aproximadamente dos horas. El último de ellos se realizó el 9 de junio de 2018. Previamente a cada misa, el Director Mario Cebadera invita a toda la escuela a participar incluyendo alumnos de nivel inicial, primer y segundo ciclo de nivel primario y a vecinos y vecinas de El Sosneado.
Integrantes de esa comunidad educativa han solicitado al director de este establecimiento educativo el cambio de horario de la misa para que se desarrolle fuera del horario de clases. Ante tal petición, el agente público se ha negado rotundamente argumentando que si efectúa el cambio horario los fieles no asistirán a la misa y los niños de catequesis no podrían hacer la comunión sin la asistencia. Tampoco fue flexible al mismo pedido realizado por parte de los padres de un grupo de alumnos, insistiendo en que se haría cargo de la actividad y de los niños.
El 31/7/2018 la Profesora Díaz fue notificada de la baja como docente de la escuela (estatutariamente era posible su continuidad), sin darle lugar a la defensa por los cargos con los que el director motivó su acto administrativo. Inútiles fueron las impugnaciones inherentes al estado de derecho que expuso el abogado del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación allí presente.

El Caso del Supervisor Ricardo Ermili¹⁴
El Supervisor de Escuelas Técnicas de Mendoza (Sección IV), Prof. Ricardo Ermili, Vicepresidente de APDH Argentina y Presidente de APDH Regional Mendoza, instruyó el 28 de agosto de 2018, a las escuelas bajo su jurisdicción, a retirar imágenes religiosas fundándose en pronunciamientos del INADI, con el fin de garantizar el carácter laico de la educación y el mandato de no discriminar. Al hacerlo sugirió que el asunto sea abordado en cada escuela como una oportunidad educativa que nos muestre como educadores verdaderamente comprometidos con el respeto y la valoración positiva de la diversidad.
En un procedimiento inusual, el 19 de septiembre del mismo año, se notificó al entonces supervisor Ermili el contenido de tres actas de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo donde se le ordena que dé marcha atrás con la instrucción referida a las imágenes religiosas, que presente la documentación que acreditará según sus dichos (es decir, los del Prof. Ermili) que la religión católica no es la oficial. Y, por último, que realice un “descargo perentorio por manifestaciones inapropiadas con autoridades” en relación con expresiones políticas en la red social Facebook, contrarias a los actos de gobierno del gobernador Alfredo Cornejo y del Presidente Mauricio Macri. Ricardo Ermili, ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de opinión y expresión, había criticado en su página de Facebook a los gobiernos de ambos funcionarios, entendiendo que eran un azote a los pobres y la clase media, una afrenta a la democracia, un flagelo para la educación de gestión estatal, la ruina de la salud pública. Estas expresiones habían sido manifestadas el 15 de septiembre, fuera del horario laboral, con un nombre de usuario distinto al que lo identifica como empleado de la Dirección General de Escuelas y sin ninguna indicación de que lo asociara como supervisor. Las tres actas fueron respondidas el día 25 de septiembre.
El 25 de octubre el Profesor Ermili fue notificado de la Resolución N° 0170-DETyT- 2018 mediante la cual fue dado de baja como Supervisor e inhabilitado por un año para poder acceder a otros cargos. A lo largo de dos años y medio -mientras ejercía la función de supervisor, Ricardo Ermili se había manifestado políticamente en términos similares, lo que prueba que el reproche por una publicación en particular se vincula a la controversia por las imágenes religiosas en las escuelas de gestión estatal, resultando otro caso de persecución ideológica y discriminatoria (CADH, arts. 1 y 24).

Ciencia y Técnica

La construcción y perfeccionamiento de un aparato institucional científico y técnico es una plataforma necesaria para cualquier sociedad moderna que pretenda insertarse exitosamente y con un margen de autonomía nacional importante en el capitalismo global.
El ciclo kirchnerista había empezado a poner las bases para un proceso de largo aliento que retome la construcción de un desarrollo científico-técnico que, con tropiezos, había empezado en la década del cincuenta y había sido paulatinamente abandonado entre los setenta y comienzos de los ochenta. El kirchnerismo propició el retorno de muchos científicos, que habían sido formados por la sociedad argentina y se encontraban produciendo para otras sociedades, y logró materializar varios proyectos importantes (de los cuales el satélite ARSAT fue el más notorio). El macrismo tomó nota del amplio consenso social que tenían los logros en materia científico-técnica y le planteó a la sociedad que iba a continuar la misma política y que aumentaría aún más el presupuesto del área. Intentó demostrar esa continuidad a partir de mantener en su puesto a Lino Barañao, ministro del área del gobierno anterior.
La promesa de continuar la política en relación a ciencia y técnica del kirchnerismo forma parte del largo rosario de promesas incumplidas del macrismo. La continuidad de Lino Barañao fue la continuidad de una persona pero de ningún modo la continuidad de la misma política.
Macri prometió “más que duplicar” el presupuesto en ciencia y técnica así como también llevarlo a un 1,53% del PBI. En verdad, con el gobierno anterior este presupuesto medido en relación al presupuesto total había llegado al 1,46%, lo cual en relación al PBI resultaba un porcentaje del 0,35%.¹⁵ La promesa macrista tenía una amplio rango en lo que necesitaba recorrer para llegar a realizarse.
En el mismo artículo se afirma que la inversión en ciencia y técnica bajó tanto en términos reales como en relación al presupuesto total y también si se le considera respecto al PBI. En términos reales (es decir, descontando los aumentos nominales causados por la inflación), la caída presupuestaria en ciencia y técnica fue del 38% aproximadamente, pese a las repetidas afirmaciones en sentido contrario del gobierno de Macri. En términos de lo que representaba en el presupuesto, en 2015 la inversión en ciencia y técnica llegaba a 1,46% del total. En 2019 apenas supera el 1,06% del gasto público. Por último, en términos del PBI mientras en 2015 llegaba al 0,35% en el último tiempo de Macri se llegaría a un 0,22% del PBI.
Este proceso no fue paulatino. En los dos primeros años del gobierno la inversión tendía a la baja pero de una manera relativamente leve. El gobierno incluso podía llegar a discutir algunas cifras con la oposición; siempre se podía alegar el problema que causaba a cualquier presupuesto la persistencia inflacionaria.
Pero luego de los diversos planes y acuerdos a los que llegó con el desembarco del Fondo Monetario Internacional, la caída de la inversión se hizo cada vez más rápida. Ponderando esta cuestión ¿se puede decir que su baja en la inversión de ciencia y técnica fue debido a los ajustes económicos que debió afrontar? ¿O que sólo fue el resultado de un manejo pleno de impericia?
Contrariamente a una persistente propaganda de los medios favorables al oficialismo, que defendían la política de ajuste macrista afirmando que los ajustes se realizaban debido a una hipertrofia de investigadores en ciencias sociales y humanidades, los descuento presupuestarios mayores se dieron en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) (70,4%), el ministerio de Ciencia y Tecnología (57,5%), el Instituto Nacional del Agua (INA) (46,4%) y el INTI (46,2%)¹⁶ Hay indicios, sin embargo, de que las promesas sobre duplicar la inversión en ciencia y técnica fueron un mero intento de quedar bien con la opinión de la sociedad. Es plausible decir que en el proyecto de sociedad del macrismo no hay un lugar importante para el desarrollo científico-tecnológico en la sociedad argentina. La relación con la tecnología del macrismo parece orientarse hacia actividades de consumo y, en el caso de que sea necesario utilizarla en las actividades productivas, basta con importarla.
Hay dos casos paradigmáticos que parecen indicarlo claramente. El manejo del CONICET y la política respecto al satélite ARSAT.
En el CONICET, la política del gobierno ha llevado a una expulsión de facto de más de 2000 doctorados en diversas disciplinas debido a que en 2019 solamente el 17,7% de los postulantes fue aceptado en el sistema científico nacional. En el CONICET la disminución presupuestaria entre 2015 y 2019 fue del 27,7%. En valores constantes de 2019, según el Centro CIFRA, equivale a una reducción de $6.353 millones. Este conjunto de hechos deja a la vista el desinterés por mantener la planta de académicos y científicos formados por las universidades argentinas en un proceso largo de inversión cultural y científica. Los ajustes presupuestarios en el CONICET tienen un efecto catastrófico porque la carrera de investigador requiere una continuidad tal que la ausencia de algunos eslabones arruina la inversión pública anterior y la convierte en una masa de dinero arrojada a la basura. Hay que tener en cuenta que la carrera de investigador tiene sólo la alternativa de trabajar para el sistema público científico o emigrar para hacer la misma carrera en otros países. Los puestos en el sistema privado son demasiado escasos para constituir un canal de empleo sustituto.
En 2006 comenzó la construcción de Arsat-1, lanzado al espacio en septiembre de 2014. Mientras se terminaba Arsat-1 comenzó la construcción de Arsat-2, el cual fue puesto en órbita en septiembre de 2015. El gobierno de Néstor Kirchner había creado la empresa ARSAT para relanzar la construcción de satélites tras la “muerte” del proyecto Nahuelsat en la época de Menem, por causa de similares ajustes económicos en los años noventa, lo que también trajo la posibilidad de la pérdida de las posiciones orbitales argentinas, problema evitado casi al límite por el gobierno de Néstor Kirchner. Esta cuestión concreta volvió a poner en los planes del estado argentino la fabricación de satélites
En noviembre de 2015 el Congreso Nacional aprobó a través de la ley 27.208 el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, que contemplaba la ampliación de la flota de dos a seis satélites, siendo el primero de esa lista el Arsat-3. Sin embargo, en marzo de 2016 el entonces titular de Arsat, Rodrigo De Loredo, anunció la suspensión de su construcción. En diciembre de ese mismo año, De Loredo aseguró que habían tomado la decisión de avanzar con el Arsat-3, pero sin aportes del Tesoro y sin asistencia crediticia que le quite crédito a otros proyectos de infraestructura básica que tenía previsto llevar adelante el gobierno nacional. Es muy llamativo que Macri y su gobierno desplacen las inversiones en la tecnología satelital por la construcción de obra pública, rama de actividad a la que su familia ha estado ligada por tanto tiempo. A pesar de que el proyecto no fue expresamente descartado, Arsat-3 no llegó y el gobierno de Macri, para no sufrir el escarnio de perder la posición orbital de transmisión que estaba adjudicada a la Argentina debió alquilar un viejo y atrasado satélite de una empresa europea a siete millones de euros al año.
En 2016 el gobierno autorizó a satélites franceses, holandeses y norteamericanos para operar en el país, abriendo la competencia en contra de ARSAT 2. El número de satélites extranjeros en esa situación se amplió hasta llegar a 23, lo que significaba el quiebre de cualquier política independiente en la materia. A mediados del año 2016, el Arsat-2 comenzó a operar utilizado por una compañía de televisión por cable, la empresa mexicana de telecomunicaciones, America Movil. Poco después se sumaron a esta el Grupo Clarin y la señal de TyC Sports. El gobierno había declarado cuatro meses antes que “el satélite se había lanzado vacío al espacio”, una afirmación que se reveló rápidamente como falsa. También el gobierno afirmó que “…Lo que encontramos cuando llegamos fueron serios problemas de comercialización en ARSAT-1 y ARSAT-2…”¹⁷. Tampoco esto era verdad. Arsat-1 tenía sus servicios contratados al 100% mientras que Arsat-2 había llegado al 30% de su capacidad y se preveía que rápidamente conseguiría este objetivo gracias a su posición orbital. El gobierno de Macri firmó para crear una nueva compañía llamada Newco a partir de ARSAT y la empresa norteamericana Hughes que significaba de hecho la privatización de la empresa argentina. ARSAT poseería el 49% de las acciones y Hughes el 51%. Aunque el Gobierno de Cambiemos negó que se tratase de una privatización la proporción de las acciones iba a darle el poder decisión a Hughes, de la misma manera que cuando el gobierno kirchnerista nacionalizó el 51% de YPF se había hecho con el control de hecho de la empresa. Y por esa misma razón su medida fue criticada por la oposición de derecha de ese momento. Evidentemente, en el caso de la asociación de ARSAT y Hughes se trataba de la aplicación de un operatoria similar. Salvo que en el caso de la medida de Cambiemos se orientaba a regalar una inversión tecnológica financiada por la sociedad argentina y su estado al capital extranjero. La firma del contrato se hizo entre gallos y medianoche, fue criticada y calificada de ilegal por no pasar por el Congreso y se inició un juicio contra Macri y varios de sus funcionarios. Con lo cual la situación de la empresa argentina es cualquier cosa menos transparente.
Aún en el último año del gobierno de Cambiemos, el ENACOM había aprobado (resolución 2861/19) un proyecto para instalar internet satelital en 5000 hogares de la zona cordillerana. Se le encomendó a ARSAT la implementación del proyecto y la compañía estatal presentó un proyecto en el que recomendaba el uso del HTS. Pero ARSAT ya no contaba con esa tecnología actualizada para brindar ese servicio, ya que al suspender la construcción de ARSAT 3 en 2016 también había perdido esa capacidad técnica concreta. El contrato para poder viabilizar ese servicio fue directamente para la empresa Hughes¹⁸. De más está decir que la actual conducción del ENACOM detuvo esta contratación y está analizando cursos de acción alternativo. Podemos decir que, en términos generales, el gobierno de Cambiemos apostó a vaciar de contenido la política de formación de los investigadores científicos de Argentina y desestimó frívolamente el principal logro tecnológico argentino. Los satélites argentinos, que podían ser un recurso tecnológico que proveyera de ingresos al Estado nacional y facilitase un ingreso democratizador y no mercantil a servicios de comunicación para las mayorías populares, fueron convertidos en una oportunidad de negocios para empresarios extranjeros y nacionales. También en esta área se puede ver la política desdemocratizadora, antipopular y contraria al interés de la sociedad argentina que ha sido el centro del gobierno macrista. Desde la APDH creemos que es necesario revertir por completo esta clase de políticas.

Cultura

Los organismos de derechos humanos observamos con tristeza y preocupación como, durante la gestión de Cambiemos, la cultura no ha hecho más que encontrarse con obstáculos en el desarrollo de sus múltiples facetas, tanto desde el desfinanciamiento, con todo lo que esto implica, sobre todo en un contexto inflacionario como el que vivimos los últimos cuatro años, como en políticas públicas que destruyeron todo lo alcanzado hasta el momento o leyes y requisitos arbitrarios que impiden u obstaculizan el normal desenvolvimiento de actividades artísticas y culturales.
El ejemplo más claro de este deterioro en las políticas públicas es la decisión de bajar el rango ministerial que la cultura había adquirido en el año 2014, para pasar a convertirse en Secretaría en el año 2018, medida que se dio en conjunto al recorte de otros 11 ministerios. Esto sumado a los despidos en el sector, el desfinanciamiento de los espacios culturales y la situación económica en general agravada en estos cuatro años son las principales razones que dan cuenta de un detrimento en las condiciones de desarrollo y acceso a la cultura en todo el país.

Cultura en la Ciudad de Buenos Aires
La mayoría de las actividades culturales se concentran en la capital porteña. Como la Ciudad de Buenos Aires está gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, también parte de Cambiemos y alineado totalmente con sus valores, a las actividades en CABA se suman los recortes y desfinanciamiento de la gestión de Mauricio Macri.
El fomento de las actividades culturales ha sido dispar y la distribución de recursos, también según la zona en la que se desarrollan. En doce años de gestión macrista en CABA, el presupuesto destinado a Cultura experimentó un recorte promedio de un tercio, del 3,88% al 2,36%, con oscilaciones y algunas excepciones hacia arriba como los años 2011 y 2018¹⁹. Para 2019, el presupuesto asignado a Cultura en CABA es del 1,91% del presupuesto, de $6.259.037.146.-
El cine, la literatura y el teatro atravesaron cuatro años de crisis, situación que se profundizó este año y que se manifestó fuertemente en la disminución de la cantidad de personas que pudieron acceder a los bienes culturales.²⁰

Pero como señalábamos antes, hay una enorme disparidad en la repartición de este presupuesto; casi el 50% está destinado a grandes equipamientos públicos, unos $3.000 millones que se destinan a una decena de grandes centros culturales y teatros ubicados en el Centro de la Ciudad y La Boca, prácticamente destinados a las clases altas y medias altas, y a los turistas nacionales y extranjeros. Los más privilegiados en el financiamiento son el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural San Martín, la Usina del Arte, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Complejo Teatral (cinco teatros) y el Teatro Colón. En contraste sólo un 5,6% del presupuesto se aplica a actividades de promoción sociocultural como el “Programa Cultura en Barrios” o “Inclusión Social Arte en Barrios”, de interés comunitario, por citar dos ejemplos.
Asimismo, la “grieta” siempre pujante entre el norte más privilegiado y el sur postergado de la Ciudad puede verse reflejada en la cantidad de actividades culturales, pues los barrios donde se programaron más actividades en espacios culturales de CABA (públicos, privados y comunitarios) durante 2018 fueron Recoleta, San Nicolás, Monserrat, La Boca, Palermo y Villa Urquiza, que albergan los grandes complejos²¹.
Recuerdan desde Abogados Culturales:
El derecho a la cultura es un derecho humano reconocido por el Estado Argentino y por el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas constituciones, además de por diversos instrumentos internacionales, muchos de ellos con jerarquía constitucional. Otorgarle a la cultura dicha jerarquía implica reconocer plenamente estos derechos para quienes habitan la Ciudad, a la vez que se generan obligaciones para el Estado²²

La última gestión de Cambiemos provocó que los institutos de CABA, como Proteatro o BA Música, que fomentan la cultura independiente y deben dar apoyo a compañías y espacios a fin de promover actividades y estimular el ecosistema cultural, tienen cada vez menor relevancia presupuestaria. Los tarifazos y la inflación incesante, la impronta de esta gestión, rompieron además la lógica de sus funciones en relación con centros culturales, clubes musicales, salas de teatro y distintos espacios de expresión. Del auge de clausuras que tuvo un pico en 2014 se pasó al ahogo económico, que vuelve inviables muchas iniciativas.
Como anticipábamos al principio de este informe, uno de los obstáculos con los que tuvieron que lidiar teatros, centros y diversos espacios de la cultura, fueron los requisitos burocráticos y muchas veces arbitrarios a la hora de otorgar permisos edilicios. Luego de la tragedia de Cromañón en 2004, la legislación porteña en cuanto a permisos edilicios y trámites burocráticos se volvió hostil con negociaciones constantes con inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Muchas veces la AGC manejó discrecionalmente las normativas, lo que tuvo como consecuencia numerosas clausuras de distintos espacios culturales. Explicó Jazmín Diarte del Teatro Cooperativa El Mandril²³:
Una situación en especial difícil para cooperativas como la nuestra que no dependen económica ni políticamente del Estado, aunque apliquen y concursen en el instituto Proteatro para proyectos específicos. Nuestro financiamiento cotidiano es autogestivo en articulación con el sector público y privado

Situación que se puede extender a los cientos de espacios culturales independientes de la Ciudad. A todo ese desfinanciamiento se le une una devastadora recesión económica que, combinada con el aumento de los costos, los tarifazos y la obvia disminución de espectadores debido al contexto de crisis de estos últimos tiempos, hacen que el mundo del espectáculo y la cultura sufra el doble, ya que no puede simplemente traspasar esos costos al precio de las entradas.
Las compañías independientes fueron las que más sufrieron este contexto de crisis, ya que además de la falta de público, en la gestión de Mauricio Macri se priorizaron expresiones más “marketineras” de cultura, como ocurrió en el último BAFICI, un festival de cine independiente, que además de haber sufrido recortes en salas y cantidad de películas sólo fue un decorado montado sobre marcas comerciales y una ‘memorabilia’ con títulos rancios del “merchandising”, quedando muy poco espacio para debatir y ver cine independiente. Ni hablar de expresiones culturales callejeras. La página del Gobierno de la Ciudad mantiene vigente un trámite burocrático arancelado y bastante complejo para poder montar espectáculos públicos “legales” y a la vez vedó una amplia zona del microcentro, precisamente las manzanas más transitadas por el turismo, para la realización de performances callejeras.

Espacios culturales, teatros y museos
Para poder mantenerse en pie, varias empresas se vieron obligadas a ajustar contratos de actrices y actores, achicar producciones y se intentó compensar esa falta de público con más volumen de trabajo. No obstante, en 2019 de enero a noviembre, hubo 6% menos de espectadores que respecto al año 2018 y un 14% menos que 2014, lo que significa que hubo 300.000 espectadores menos respecto de hace 5 años. En sentido inverso, si se habla de volumen de actividad, se intensificó para compensar la falta de espectadores: en el 2019 se realizaron 9200 funciones, cuando en 2018 se realizaron 8560 (es decir, que en el último año del Gobierno de Cambiemos el volumen de la actividad aumentó un 7%) y en 2014 se realizaban alrededor de 7800²⁴.
Por otro lado, la Encuesta de Consumos Culturales 2017²⁵ realizada por iniciativa del entonces Ministerio de Cultura señaló que se derrumbó la asistencia a recitales, museos, teatros y cine. De esa forma se conocieron algunos de los siguientes números: de 2013 a 2017 cayó 16 puntos la asistencia a recitales en la población; en el mismo período se redujo en un 40% la población que asistía a espectáculos teatrales; la asistencia a museos también se recortó en un porcentaje de 7 puntos.
Esos retrocesos se pueden sumar a la falta de mantenimiento de los espacios culturales que van de la mano con su desfinanciamiento. Así se señaló desde el Museo Nacional de Bellas Artes que en ciertos momentos no estuvo en condiciones de albergar todo su patrimonio, como en el Centro Cultural Rojas desde el que manifestaron que las instalaciones se hallaban en destrucción²⁶.
Esas situaciones se replicaron asimismo en los espacios que promueven la Memoria a través de la cultura, como el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti o el Espacio Cultural Nuestros Hijos, ambos ubicados en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos Ex ESMA y dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación bajo la gestión de Claudio Avruj. Esos lugares vivieron el desfinanciamiento en la casi totalidad de los cuatro años del Gobierno de Cambiemos, no obstante, siguieron abriendo sus puertas al público gracias al trabajo y voluntad de sus trabajadores y trabajadoras que mantuvieron las actividades en funcionamiento.
Toda esa situación abre la puerta a otros males, como la precarización laboral, ya que en la extrema necesidad comenzaron a cerrarse contratos cada vez más denigrantes para los y las trabajadoras, que atrasan y retroceden años luz en los derechos y beneficios alcanzados en décadas anteriores.
La cultura es un derecho consagrado para todos los argentinos, es parte de nuestra historia y está latente en cada teatro, en cada barrio y esquina, y nosotros, como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, así como todos los ciudadanos argentinos, tenemos el deber de protegerla y ayudar a su propagación y desarrollo.

La industria editorial y las revistas culturales
La Argentina se ha destacado por una industria editorial pujante. Son clásicas las librerías de la calle Corrientes, paseo obligado de los y las turistas en Buenos Aires. Sin embargo, editores, librerías, cámaras e imprentas han sufrido en estos cuatro años de Gobierno de Cambiemos lo que consideran su peor crisis.
El sector editorial no pudo escapar de la crisis que afectó a todo el país: aumentos siderales de tarifas, retracción de ventas, inflación, costos altísimos de alquileres, precio del papel en dólares. Lo que trajo como consecuencia la pérdida de un 35% de puestos de trabajo en librerías y editoriales y más de 5000 en la industria gráfica. El cierre de librerías y sucursales agrava aún más la pésima situación general.
La Cámara Argentina del Libro, que realiza encuestas periódicas entre las y los editores, informó²⁷ que en 2019 se había registrado una caída en la producción editorial del 45% comparado con el año 2016²⁸. La tirada promedio se redujo de 2700 ejemplares en 2016, a 1700 a fines de 2019. La caída de ventas en 2019 fue de un 20%.
El sector atravesó varios momentos severos de crisis a lo largo de su desarrollo, que posiblemente no puedan ser estrictamente comparables entre sí por circunstancias históricas y puntuales, pero sí podemos decir que ésta tal vez sea la crisis más prolongada alcanzando ribetes estructurales por su extensión en el tiempo²⁹

El promedio anual de libros leídos por habitante pasó de tres ejemplares por persona en 2013, a 1,5 ejemplares en 2017. Lo que habla a las claras de la crisis en que está sumido el sector. Lo mismo indica el International Standard Book Number (ISBN), a cargo de la Cámara del Libro: el récord histórico de libros impresos fue en 2014 con 128.900.000 ejemplares, mientras en los diez primeros meses de 2018 sólo se imprimieron 36.200.000 libros³⁰.
El responsable de la conocida Librería Hernández, de la calle Corrientes resumía la situación:
Tenemos cada vez menos clientes, la recesión contribuye a cambios de idiosincrasia cultural, destruye hábitos cultivados por años en nuestro país. Las personas ya no salen, se recluyen temprano en sus casas, aferradas a sus abonos al cable o a los servicios por streaming como su última ventana con el exterior y los consumos culturales, que costaron décadas fomentar, se ven profundamente perjudicados³¹

El Estado, por su parte, contribuyó a agravar la crisis. Si en 2015 las compras estatales de libros alcanzaban 1.150 millones, en 2016 se redujeron a 100 millones.
Américo Cristófalo, vicedecano de la Facultad de Filosofía de la UBA, traductor y referente en el área editorial, explicó:
Estamos ante una crisis incomparable, ni durante las dictaduras ni en la década menemista de los 90, que marcó el inicio de la concentración de la industria editorial argentina, se verificó un panorama tan desolador.³²

Ese desprecio del Gobierno de Cambiemos por los libros y la Cultura se reflejó también en el abandono del Plan Nacional de lectura y de más de medio millón de libros escolares en depósitos oficiales, libros que se dejaron de repartir en las escuelas públicas. No obstante eso no fue acompañado por programas estatales de acceso y formación virtual dado que lo mismo sucedió con más de 100.000 netbooks y tablets destinados a niños, niñas y jóvenes del ex programa Conectar Igualdad.
En línea con la experiencia de la industria editorial, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA)³³, organización que representa a más de 200 publicaciones de todo el país, elaboró a mediados de 2018 un informe sobre el impacto de la crisis económica en el sector, principalmente en los medios que editaban publicaciones impresas: las políticas económicas y el impacto en la estructura de costos de las revistas había impedido la salida en papel de un 15% de los títulos y el 95% había sufrido aumentos en los costos de producción de hasta un 42,4%. Además, al menos 19 revistas dejaron de publicar en el último año³⁴ debido principalmente a la crisis económica. Esa situación se vive pese a haber exigido desde hace años una ley de fomento nacional para las revistas culturales.

Sinfónica Nacional, en crisis
Tal fue el cartel que exhibieron el 29 de marzo de 2019 los músicos, antes del concierto que iniciaba la Temporada 2019 en una sala del Centro Cultural Kirchner (CCK). Los músicos dieron lectura a una proclama en la que denunciaban la política de vaciamiento llevada a cabo por el Gobierno encabezado por Mauricio Macri:
La Orquesta Sinfónica Nacional está en crisis. Seguimos siendo una de las orquestas sinfónicas con el salario más bajo del país. Incluso, en algunos casos, por debajo de la línea de pobreza. Las demoras de meses, y años, en el pago a los músicos contratados, a los solistas y a los directores, es intolerable. Lamentablemente, por la actual situación económica que atraviesa la Orquesta, muchos integrantes de nuestro organismo se están yendo en busca de mejores horizontes [...] Le pedimos al Secretario de Cultura, Pablo Avelluto, que solucione YA los enormes problemas de la OSN.³⁵

Los músicos explicaron en una carta leída al público en noviembre de 2018:
para integrar la Orquesta Sinfónica Nacional es necesario ganar un riguroso concurso de antecedentes y oposición al que se presentan decenas de los mejores músicos argentinos y extranjeros, muchas veces para un único cargo. Los ganadores de estos concursos son grandes artistas que han estudiado su instrumento desde la infancia y muchas veces ingresan a la Orquesta luego de haber completado su perfeccionamiento en las mejores instituciones musicales de Europa y Estados Unidos.³⁶

Como bien se señala en las citas, las personas artistas de la OSN³⁷ perciben los salarios más bajos de todas las orquestas sinfónicas del país y reciben pagos con seis o siete meses de atraso. Tampoco realizan giras nacionales, ni se televisan sus conciertos. El primero ministro y luego secretario de Cultura, Pablo Avelluto, efectuó un gran recorte presupuestario, subejecutó el mismo y no recibió a las personas que integran la Orquesta pese a innumerables pedidos. Músicas y músicos de la OSN acusaron por twitter a Avelluto de haberse sólo ocupado a “reducir el presupuesto”.
Sin embargo, a pesar de los recortes, la Orquesta Sinfónica Nacional recibió el premio Konex de platino 2019 a la mejor orquesta de la década.

Contenidos audiovisuales en el Gobierno de Cambiemos
También el cine se resintió con la merma general de público a causa de la crisis sufrida en estos cuatro años. Durante el año 2017, un 37% de la población que asistía al cine en el año 2013 dejó de hacerlo³⁸. Los y las trabajadores del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA) denunciaron que la caída fue brutal en el 2019: un 40% en relación con el 2018.
A partir de la baja del 50% de la actividad que comenzó a advertirse en el año 2016, se conformó la Multisectorial Audiovisual, una organización formada por un conjunto de 17 agrupaciones que representan a entidades y gremios vinculados a la industria del cine y televisión argentina. Desde ese espacio denunciaron una caída progresiva en la comercialización, producción y distribución de contenidos audiovisuales, simultánea a la paralización de los programas de fomento a la producción y el recorte de fondos estatales.
El sector, además, advirtió en estos últimos años la subejecución del presupuesto establecido para el INCAA³⁹, la suspensión de créditos y paralización de las actividades del instituto. Esto se traduce también en el recorte de producciones y realización de contenidos audiovisuales y, por lo tanto, en la recaudación. Ralph Haiek, presidente del Instituto hasta diciembre de 2019 fue denunciado por malversación de fondos e incumplimiento de deberes del funcionario público⁴⁰.
Este ajuste se dio de igual forma en los medios estatales: despidos, abandono y recortes presupuestarios, a cargo de Hernán Lombardi en el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, llegaron a las señales de Encuentro, Paka Paka y DeporTV. La planta de trabajadores y trabajadoras fue eliminada drásticamente, además de reducir la producción de contenidos a la mitad. Antes de la llegada del Gobierno de Cambiemos, las primeras dos señales, dado su contenido pensado desde la pedagogía y la educación, se encontraban bajo la órbita del Ministerio de Educación.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudia enérgicamente el accionar del Gobierno de Cambiemos que deterioró políticas estatales de fomento y acceso a la cultura. Tanto a nivel del consumo como en su desarrollo, los índices reflejan no sólo los recortes, sino una intención de eliminar todos aquellos programas culturales que no responden a una lógica de mercado.

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Referencias
¹ Las fuentes utilizadas en este apartado se sustentan en informes, declaraciones y acciones desarrolladas por APDH en el ámbito educativo
² Fuentes: Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: http://www.buenosaires.gob.ar/ areas/leg_tecnica/ sin/normapop09.php?id=26766&qu=c - Rectores de los profesorados docentes debatieron acerca de la UniCABA http://www.parlamentario.com/noticia-109212.html. Piden informes sobre el operativo de seguridad por la UniCABA. Parlamentario .com. 27/11/2018. http://www.parlamentario.com/ noticia-114625.html
La Legislatura porteña aprobó la creación de la UniCABA en un clima de máxima tensión. INFOBAE. 22/11/2018. https://www.infobae.com/educacion/2018/11/22/la-legislatura-portena-aprobo-la-creacionde- la-unicaba-en-un-clima-de-maxima-tension/ ¿Porque le decimos no a la UniCABA? Página 12. 31/5/2018. https://www.pagina12.com.ar/118284-porque-le-decimos-no-a-la-unicaba
Rematan el predio del CENARD y la comunidad educativa del ISEF N° 1 resiste a la mudanza. FM La Patriada. No bombardeen Buenos Aires. 17 de noviembre, 2018 16:09 . https://ve.radiocut.fm/ radiostation/patriada/listen/2018/11/17/16/17/19/
El recorte llegó al deporte: trasladarán el Romero Brest al Parque Sarmiento para el negocio inmobiliario de Larreta. Educación en Juego. Agencia NOVA. Versión digital. 19/11/2018. http://www.agencianova. com/nota.asp?n=2018_11_19&id=66931&id_tiponota=1
³ Informe http://iice.institutos.filo.uba.ar/sites/iice.institutos.filo.uba.ar/files/Presupuesto% 20Educaci%C3%B3n%202016%202020.pdf
⁴ La venta todavía no se llevó a cabo, pero está firme el proyecto de traslado y de refuncionalización del predio.
⁵ La garantía del derecho a la educación de nivel secundario para personas jóvenes y adultas en la Provincia de Buenos Aires . Informe de la Secretaría de Educación de APDH 02/07/2018
El viejo truco de cerrar sin decirlo. Página 12. Sociedad. 13 de marzo de 2018. https://www.pagina12. com.ar/101162-el-viejo-truco-de-cerrar-sin-decirlo
⁶ Información aportada por la Asociación Civil Incluime por la plena inclusión. www.incluime.com.arinfo@ incluime.com.ar. Presidente Dra. Laura Rodríguez. Secretario Prof. Eduardo Sotelo
⁷ Fuente: Colectivo de observatorios y equipos de investigación en educación UNIPE, OPPPED FFYLUBA, CCC Floreal Gorini, Aula Abierta-UNAHUR, UNDAV, NIFEDE-UNTREF, UNGS Y CEIECS-UNSAM (Noviembre de 2019) “En caída libre: Balance del presupuesto educativo nacional durante el gobierno de Cambiemos” Disponible en ; http://iice.institutos.filo.uba.ar/sites/ iice.institutos.filo.uba.ar/files/ Presupuesto%20Educaci%C3%B3n%202016%202020.pdf
⁸ Se cumplen 10 años de la paritaria nacional docente. Motor Económico. http://motoreconomico.com.ar/ Cultura/se-cumplen-10-aos-de-la-paritaria-nacional-docente
Ley de Educación Nacional: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac58ac89392ea4c.pdf
Ley de Financiamiento Educativo: http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/909/ley-no- 260752005-ley-de-financiamiento-educativo
Por decreto, el gobierno eliminó la paritaria nacional docente. Tiempo argentino https://www.tiempoar. com.ar/nota/por-decreto-el-gobierno-elimino-la-paritaria-nacional-docente
⁹ La fuente principal para este apartado la constituye la regional Esquel de la APDH. A su vez, se consultaron diversas fuentes periodísticas de tendencias distintas: https://www.cronista. com/ economiapolitica/Chubut-el-por-que-de-la-crisis-y-como-le-respondio-la-Rosada-a- Arcioni-20190918-0024.html
https://www.clarin.com/sociedad/chubut-docentes-levantaron-paro-luego-17-semanas-conflicto_0_ E7jzktOQ.html.
https://www.elpatagonico.com/cronologia-un-conflicto-n719428
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/dos-docentes-murieron-en-un-accidente-cuando-regresaban-deuna- marcha-en-rawson-nid2288815.
Así como el posicionamiento de los gremios docentes: https://www.ctera.org.ar /index.php/prensa/ noticias-prensa/item/3085-chubutazo-triunfo-historico-de-lxs-docentes-de-chubut
¹⁰ Ver: https://www.eqsnotas.com/detienen-a-dos-dirigentes-gremiales-en-comodoro/
¹¹ Ver: https://www.lmneuquen.com/chubut-una-patota-petrolera-desalojo-los-docentes-que-cortabanrutas- n648719
¹² Fuente: CTERA.
¹³ Caso Nadia Soledad Díaz, Entrevista a la docente: https://www.laizquierdadiario.com/Soledad-Diaz-Enmi- escuela-la-Iglesia-se-sentia-con-el-poder-de-decidir-en-los-horarios-de-la
Comunicado de la organización: https://www.comecuco.org/node/885
¹⁴ Caso Ricardo Ermili https://laicismo.org/mendoza-el-precio-de-defender-la-laicidad/
¹⁵ “Cuánto bajó la inversión en Ciencia en la gestión de Cambiemos” Chequeado, 1 de noviembre de 2019.
¹⁶ “Los números del ajuste en ciencia del gobierno de Macri” en El País Digital, 1 de agosto de 2019.
¹⁷ Motor Económico, 13 de diciembre de 2019.
¹⁸ Página 12, 10 de febrero de 2020
¹⁹ OUBA, Informe ¨Función Agotada¨ pág. 2 http://novedades.filo.uba.ar/sites/novedades.filo. uba.ar/files/ CULTURA%20CABA%20%20DEFINITIVO%20PARA%20DIFUSI%C3%92N%20%281%29.pdf
²⁰ https://www.pagina12.com.ar/239224-la-cultura-en-busca-del-respeto-perdido. 7/01/2020.
²¹ Monitor Cultural de la Ciudad -GCBA
²² http://novedades.filo.uba.ar/sites/novedades.filo.uba.ar/files/CULTURA%20CABA%20-%20 DEFINITIVO%20PARA%20DIFUSI%C3%92N%20%281
²³ OUBA, Informe ¨Función Agotada¨, pag.4
²⁴ Aadet, http://www.aadet.org.ar/estadisticas.asp
²⁵ Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2017. Informe general, https://www.sinca .gob.ar/ VerDocumento.aspx?IdCategoria=10
²⁶ https://www.pagina12.com.ar/212773-el-gobierno-contra-la-cultura
²⁷ Ver http://camaradellibro.com.ar/estadisticas/PDF/Situacion-del-libro%20-argentino-Octubre-prensa-v8. pdf
²⁸ https://www.lanacion.com.ar/cultura/segun-camara-argentina-del-libro-se-agravo-nid2303543
²⁹ Diana Segovia, gerente de la CAL. https://www.lanoticiaurbana.com/crisis-del-sector-editorialpresentacion- del-informe-del-ouba-con-la-participacion-del-dr-adrian-vila/ Consultado el 31/01/2020
³⁰ http://novedades.filo.uba.ar/sites/novedades.filo.uba.ar/files/documentos/Informe%20Crisis%20 Editorial.pdf
³¹ http://novedades.filo.uba.ar/sites/novedades.filo.uba.ar/files/documentos/Informe%20Crisis%20 Editorial.pdf
³² http://novedades.filo.uba.ar/sites/novedades.filo.uba.ar/files/documentos/Informe%20Crisis% 20Editorial.pdf
³³ http://revistasculturales.org/informe-de-situacion-de-revistas-culturales-independientes/
³⁴ http://revistasculturales.org/viii-foro-social-de-revistas-culturales-independientes-de-argentina-2/
³⁵ https://www.facebook.com/notes/musicos-organizados/la-orquesta-sinf%C3%B3nica-nacionalest% C3%A1-en-crisis/2260111324228202/
³⁶ https://www.facebook.com/notes/musicos-organizados/la-orquesta-sinf%C3%B3nica-nacionalest% C3%A1-en-crisis/2260111324228202/
³⁷ Orquesta Nacional Sinfónica
³⁸ Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2017. Informe general, https://www.sinca.gob.ar/ VerDocumento.aspx?IdCategoria=10

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