"Tocar fondo", análisis de la APDH

ADULTOS MAYORES

Consideramos necesario contextualizar algunos aspectos de la situación general del país para aquilatar en toda su dimensión el daño provocado por las políticas previsionales llevadas a cabo durante el Gobierno de Cambiemos en ejercicio del Poder Ejecutivo desde el año 2015 hasta el 2019. Lo ocurrido con los medicamentos es un caso muy especial, según el informe conjunto entre CEPA/CEPPEMA/ALGEC tuvieron un incremento del 496% contra un incremento de las jubilaciones en idéntico período de 239%.
Desde el 2015 hubo un brutal aumento del precio de las tarifas de los servicios básicos, una inflación general de 200% y del 293% en los medicamentos, alcanzando en algunos de uso muy frecuente más del 600 %. Entre diciembre de 2015 y agosto de 2019 los salarios aumentaron un promedio de 191% y las tarifas públicas subieron el 2.678% según María Graciela de la Rosa de la AGN.
La terrible situación descripta en el párrafo anterior se agravó como consecuencia de las políticas previsionales del gobierno de Mauricio Macri.

Reparación Histórica
La primera resolución en esta área fue la ley de Reparación Histórica (Ley 27.260), sancionada en mayo de 2016. El Gobierno de Cambiemos afirmó que mediante la misma se verían beneficiados 2.400.000 jubilados por un reajuste de salarios, siempre y cuando renunciaran a las acciones legales que hubieran iniciado y se comprometiesen a no iniciar futuras acciones. Los números reales demostraron que sólo 700.000 jubilados se beneficiaron con la nueva Ley y que la mayoría no obtuvo un incremento relevante en su haber.
¿De dónde salieron los fondos? De un escandaloso blanqueo de capitales que en lugar de ir a parar a las arcas del sistema previsional fueron para pagar la reparación histórica y sirvió para que los familiares del presidente Macri pudieran blanquear los capitales fugados a lo largo de varias décadas. En resumen el 90 % de los jubilados pagó la reparación al 10% de los jubilados con los fondos del sistema, en lugar de pagarla el Estado a través del Tesoro Nacional.
Aspectos muy negativos de la ley consistieron en la creación de una nueva prestación conocida como Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que reemplazó la jubilación con moratoria, implementada por el gobierno anterior que había permitido ingresar al sistema previsional a miles de personas que no contaban con aportes jubilatorios suficientes. Esa ley venía a reconocer el gran mercado laboral informal que existe en Argentina y en el continente.
La PUAM que reemplazó la jubilación por moratoria ni siquiera alcanza a la jubilación mínima (representa el 80%) y no da la posibilidad de ser cobrada por cónyuge y/o hijo discapacitado en caso del fallecimiento del jubilado.
Con la Reparación Histórica el gobierno de Cambiemos aumentó la edad jubilatoria de 60 a 65 años para las mujeres, lo que perjudica a las mujeres más pobres.
Autorizó la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. EL FGS Fue creado en 2007 con el objetivo de atenuar el impacto financiero que pudieran tener las variables económicas sobre el régimen jubilatorio y a modo de fondo de reserva. Inicialmente se nutrió de recursos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)¹. Está compuesto por dinero, títulos públicos, plazos fijos e inversiones.
La Ley de Reparación Histórica permitió liquidar sus activos para el pago de sentencias y se completó con la disminución de la obligación de mantener activos en acciones. En 2019 ya se habían liquidado casi el 50% de los fondos del FGS.
En agosto de 2019 la Auditoría General de La Nación(AGN) elaboró un informe que denunciaba las posibles incompatibilidades del ex secretario de Finanzas, Luis Caputo² y del empresario Luis María Blaquier integrantes del órgano directivo del FGS vinculados con empresas y fondos de inversión que intervinieron en diversas operaciones que podrían haber perjudicado al Estado. De esa manera, se efectuó el negociado con Pampa Energía³, por el que se encuentran procesados⁴ un conjunto de funcionarios, junto con el Director Ejecutivo de ANSES⁵ del Gobierno de Cambiemos.
La Ley también estableció la “armonización” de todo el sistema de acuerdo con el sistema de seguridad social nacional, lo que trajo grandes perjuicios a los aportantes de las cajas jubilatorias de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego que cuentan con un sistema de cálculo de los haberes jubilatorios superador del sistema nacional.

Reforma Previsional
El Gobierno de Cambiemos creó la Comisión de Sustentabilidad Previsional que abrió las puertas a la Reforma Previsional.
La sanción de la Ley 26.417 de Reforma Previsional tuvo lugar en diciembre del 2017, en medio de grandes movilizaciones que tuvieron a los jubilados como unos de los protagonistas más activos y fueron brutalmente reprimidos. La Reforma llegó de la mano de un informe del FMI que a fines del 2016 recomendó, entre otras cosas, hacer sustentable el sistema, aumentar la edad jubilatoria, modificar la movilidad jubilatoria, modificar la tasa de sustitución reduciéndola por lo menos un veinte por ciento.
La antigua ley marcaba un punto de inflexión porque abarcó también la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, Pensiones no contributivas y planes sociales llevando la cobertura casi al 80% de la población, cifra no lograda nunca antes. En siete años llevó la jubilación mínima al 81 % del salario mínimo, vital y móvil, cifra muy cercana al aspirado 82% que pedían todos los sectores políticos y sociales.
La nueva ley modificó la fórmula de actualización quedando los salarios muy retrasados, situación que se agravó debido a la descomunal inflación de los últimos cuatro años. Se produjo también una baja muy fuerte en el haber inicial de los jubilados y pensionados. Por lo tanto, los más perjudicados son los trabajadores activos que cobrarán una jubilación reducida en un 40%, con respecto a las personas que ya están jubiladas. También se estableció la posibilidad de trabajar hasta los 70 años en forma opcional, pero no se aclara públicamente que si se prolonga el trabajo hasta esa edad, ello no permitirá mejorar la jubilación, ya que el sistema fija el tope de 35 años trabajados para realizar los cómputos de los haberes jubilatorios.

ANSES y PAMI⁶

A lo expuesto, se suma el deterioro por reducción de presupuesto, cierre de programas y reducción del personal de la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES), organismo que administra la previsión social en Argentina.
La atención de salud para jubilados y pensionados está a cargo del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Este organismo durante los últimos cuatro años ha efectuado una reducción importante en sus prestaciones. Algunas de ellas son:
• Desafectación de clínicas en regiones donde no hay otras opciones.
• Suspensión de traslados para tratamientos oncológicos.
• Pedido de requisitos para autorizar la compra de medicamentos que alcanzan la violación de la privacidad del paciente.
• Dificultades de orden burocrático para conseguir turnos de atención médica.
• Falta de profesionales y horarios para conseguir turnos de atención médica.
• Privatización del gerenciamiento de los ingresos que perciben los hospitales de la ciudad de Buenos Aires de los pacientes que atiende de PAMI, lo que permite el desvío de esos fondos.
• Gran aumento de la mortalidad en la mayoría de las clínicas.
• Disminución de la entrega de medicamentos gratuitos de más de 2,2 millones, a menos de un millón de jubilados.
• Menor acceso a los servicios gratuitos: de dos haberes mínimos a 1,5, con lo que se quitó el beneficio a todos los titulares de jubilación y pensión.
Al término del Gobierno de Cambiemos la deuda acumulada del PAMI es de 19.000 millones de pesos, en su mayoría con proveedores de la industria farmacéutica y un déficit anual de 8.400 millones de pesos. La nueva gestión verificó contrataciones irregulares por 88.000 millones de pesos, que hubieran significado dar 5.700 prestaciones médicas más. También se encontraron miles de insumos vencidos.
Esta reducción de prestaciones significa un deterioro del sistema de salud y pone en riesgo la salud física y psíquica de jubilados y pensionados, al mismo tiempo que el resto de variables que aparecen en el informe dan cuenta de que también está en riesgo la salud alimentaria.

Acceso al trabajo
En Argentina en el 2010 la cobertura previsional era casi total. Esta situación se fue modificando a partir del año 2015 y se acentuó en el 2017 con la sanción de la Reforma Previsional que impuso el Gobierno de Cambiemos, la excepcional inflación y baja de salarios que castigaron especialmente a las Personas Adultas Mayores (PAM). El trabajo rentado se hizo muy necesario para muchas PAM debido a ese escenario. El trabajo informal ocupa dos tercios de los empleos en las PAM, por lo tanto es mínima la ocupación formal en esa franja etaria.
A su vez el alto porcentaje (47,5%) de PAM comprendidos en la franja de trabajadores marginales que recibe ingresos por ayuda de terceros da cuenta de la situación de precariedad del sector.
Otro aspecto importante es el corte de género, los varones tienen más del doble de trabajos en relación de dependencia que las mujeres y a su vez éstas tienen 1,7 más de trabajo no remunerado que los varones. Lo que pone de manifiesto la precariedad en la situación económica y social del sector es la necesidad que los adultos mayores tienen de la ayuda de terceros, a cargo en un 47,5 % de trabajadores marginales y el 3,5 % de empleados y clase media profesional.
Los datos sobre el mercado laboral del sector son escasos, destacándose el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina y los estudios, investigaciones e informes del Centro de Estudios Políticos Para Personas Mayores (CEPPEMA) y de la Asociación Latinoamericana de Gerontología (ALGEC). No obstante esto, la mayoría de estadísticas acerca de diversos temas como vivienda, alimentación etc. no diferencian la franja etaria de PAM, lo que dificulta el acceso a los datos y pone en evidencia la INVISIBILIZACIÓN del sector y la falta de AUTOPERCEPCIÓN de los Adultos Mayores que ocupan espacios en los poderes ejecutivos, legislativos y otros espacios de decisión.
No existen programas, reglamentaciones u otras legislaciones que aborden y faciliten el acceso al mercado laboral por lo tanto tampoco existe la protección en los ámbitos de trabajo para que éste se desarrolle en condiciones justas y favorables. No hay legislación específica o medidas sectoriales que garanticen el acceso de las personas mayores al mercado laboral ni tampoco mecanismos de ayuda de búsqueda laboral. Tampoco existen mecanismos nacionales que promuevan los salarios justos. En muchas ocasiones la edad avanzada es motivo de la baja del salario. La discriminación por edad está presente en casi todas las búsquedas laborales. Por lo tanto el acceso al mercado laboral tiene numerosas dificultades tanto de origen normativo y cultural como de origen coyuntural. Estas últimas se han agravado en los últimos años.
No existen tampoco mecanismos sectoriales para recepcionar las quejas y demandas por la imposibilidad de acceder al trabajo. A pesar de que estas dificultades son estructurales, durante el gobierno de Cambiemos adquirieron dimensiones dramáticas debido al terrible empobrecimiento de las PAM.
La tarea para corregir estas deficiencias es muy grande, pero solo se puede hacer efectiva cuando las políticas nacionales vayan solucionando las desigualdades, cuando se dé la participación directa al sector PAM en la formulación e implementación de políticas públicas para el sector, cuando un cambio de paradigma termine con la invisibilización, cuando exista la decisión política de los gobiernos de cumplir con los tratados y convenciones que suscribe y cuando las organizaciones internacionales trabajen en el control efectivo del cumplimiento de los DDHH y de los tratados suscriptos por los estados parte.

Acceso a la justicia
Las personas mayores tienen las mismas garantías y derechos de acceso a la justicia que el resto de las personas pero existe legislación específica para los PAM.
Durante el gobierno de Cambiemos la administración de justicia ha sido un ámbito de difícil acceso por parte de las personas adultas mayores, en particular en lo que refiere a las controversias en que está en juego la cobertura médico asistencial del justiciable o los reclamos versan sobre pedidos de beneficios y/o reajustes en el sistema de jubilaciones o pensiones. Desde la propia administración central, cuando estaba en manos de quienes impulsaban políticas neoliberales y por consiguiente al Estado mínimo, se pusieron serios obstáculos de accesibilidad a la jurisdicción, lo que redunda particularmente en perjuicio de ese universo de personas.
Por otra parte no hay hoy disposiciones verificables que garanticen la asistencia legal a esas personas en caso de necesitarlas, por lo que deberían recurrir a la asistencia letrada privada si requiriesen patrocinio o representación legal. El sistema les impone obstáculos, tienen que contar con patrocinio legal particular y esperar plazos que no se ajustan con la expectativa de vida.
No existen procedimientos legales apropiados para la edad, ni tampoco capacitación del personal de justicia para abordar estas y otras cuestiones.
Los principios de independencia e imparcialidad del sistema de justicia escasean en nuestro país en esta materia y en otras, porque la judicatura tiende a acompañar las políticas macro de los gobiernos de turno. Si prima el neoliberalismo o las prácticas pro mercado como durante el gobierno de Cambiemos, se inclinarán a acompañar sin dubitación alguna esas políticas en perjuicio de la población.
Es conveniente agregar que no existen especialidades en el sector de las Personas Adultas Mayores en el área de la abogacía, ni en las universidades en Argentina. Una figura que podría facilitar el acceso serían consultorías con personal especializado que atiendan las demandas presentadas por el sector.

Conclusiones
Como ya dijimos, los graves perjuicios ocasionados por la Ley de Reparación Histórica y la Reforma Previsional se agravaron por la descomunal suba de tarifas de los servicios básicos de agua, gas, luz, los precios de los medicamentos, alimentos y alquileres y por el deterioro de la ANSES y de PAMI, y las dificultades para acceder al mercado de trabajo y a la justicia. Como consecuencia de todos esos factores más del 70% de los jubilados y pensionados están actualmente bajo la línea de pobreza, con un acceso muy restringido a la justicia y al mercado de trabajo. Todo ello presenta un panorama desolador que involucra a millones de Personas Adultas Mayores en Argentina.
Como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos deploramos que durante el Gobierno de Cambiemos se haya producido una permanente violación y regresión de los derechos económicos, sociales y culturales de las Personas Adultas Mayores, lo que es violatorio de los postulados de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, de carácter supraconstitucional, suscripta por Argentina en el año 2017.

FUENTES
• Centro de Estudios Políticos Argentinos (CEPA)
• https://www.cac.com.ar/data/documentos/56_Programa%20de%20reparaci%- C3%B3n%20hist%C3%B3rica%20para%20jubilados%20y%20pensionados.pdf
• http://agencialegislativa.com/exclusivo-agencia-legislativa-analisis-la-reforma-previsional- aprobada-senado-dr-facundo-fernandez-pastor/
• https://www.pagina12.com.ar/240945-pami-arrasado-contrataciones-macristas- de-ultima-hora-deuda-
• Centro de Estudios Políticos Para Personas Mayores (CEPPEMA)
• Asociación Latinoamericana de Gerontología (ALGEC)
• Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina
• Asesores: Drs. Miguel Angel Fernandez Pastor, Eduardo Tavani y Ramiro Geber.

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Referencias
¹ Jubilación privada
² Luis Andrés Caputo (Buenos Aires, 21 de abril de 1965), economista argentino, fue Ministro de Finanzas de la Nación Argentina (enero 2017 - junio 2018) y presidente del Banco Central de la República Argentina (junio - septiembre 2018)
³ El titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, es amigo del presidente Mauricio y un empresario que ha sido muy favorecido económicamente por el Gobierno de Cambiemos en estos años. El grupo es dueño de Edenor, Transener -la mayor transportadora eléctrica- y TGS -la segunda transportadora de gas-. https://ri.pampaenergia.com/compania/perfil-de-la-compania/ Consultado el 24/01/2020. Fue uno de los grupos más beneficiado por los reiterados aumentos de tarifas. Tan es así que Pampa Energía pasó de estar en el 2015, en el puesto 103 en el ranking de las empresas que más facturaban en Argentina, al puesto 10 según la revista Forbes, en octubre de 2019.
⁴ El juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, Luis María Blaquier, por corrupción en la función pública. Además de la acción por negociaciones incompatibles, le aplicó un embargo de doce millones de pesos sobre su patrimonio. La actuación procesal se da por las irregularidades cometidas en 2016 que ponen de manifiesto que Blaquier suscribió obligaciones negociables de las empresas Arcor SA y Cablevisión SA con fondos de la ANSES. El delito se centra en que el entonces funcionario mantenía vínculos formales con las empresas con las que trabajó aún cuando formaba parte de la administración pública.
⁵ Administración Nacional de la Seguridad Social.
⁶ Programa de Atención Médica Integral: obra social de jubilados y pensionados, de personas mayores de 70 años sin jubilación y de excombatientes de Malvinas que opera en Argentina bajo control estatal federal.

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